Santa Eulalia: “La consulta vino a romper con el miedo y nos vino a dar esperanzas”

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Créditos: Nelton Rivera
Tiempo de lectura: 7 minutos

Una entrevista con Rigoberto Juárez Mateo, maya Q’anjob’al, coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional Q´anjob´al, Chuj, Akateko,

Por Simón Antonio Ramón*

El 29 de agosto de 2006, el pueblo Q’anjob’al en el municipio de Jolom K’onob’ -Santa Eulalia, Huehuetenango, realizó la consulta comunitaria de buena fe, esto debido a que la población identificó la existencia de varias licencias de exploración minera en la aldea Yichjoyom, ubicada a dos horas del centro del municipio.

Según Rigoberto Juárez la consulta tuvo un empuje a partir de las movilizaciones del pueblo K’ich’e en 2004, en ese momento las comunidades tomaron la carretera Interamericana a la altura de Sololá para intentar detener el avance de un convoy de maquinaria de la minera Marlin. La empresa canadiense estaba por iniciar sus operaciones en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en San Marcos. Fueron reprimidos durante horas por las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil PNC.

En Santa Eulalia la consulta comunitaria se realizó en oposición a la licencia de la minera “Padre Antonio” de la empresa Guatemala Cooper S.A. otorgada por el Estado en el año 2002. Fue la primera en la región maya Q’anjob’al, de la zona norte, y la sexta en realizarse en el departamento de Huehuetenango.  

Para los q’anjob’ales la participación de la niñez es importante, por eso durante la consulta participaron, con los jóvenes y adultos participaron con cédula de vecindad y las personas que en ese momento no estuvieran empadronadas.

El resultado de la consulta fue contundente, 18 mil 89 personas rechazaron la presencia de proyectos mineros y otros mega proyectos en el territorio, 62 personas se abstuvieron y solo cinco votaron a favor de este tipo de proyectos extractivos.

Para comprender la importancia de la consulta comunitaria para los pueblos originarios conversamos con Rigoberto Juárez quien fue uno de los coordinadores del Movimiento Social por la Defensa de los Bienes Naturales.

¿Cómo analiza la consulta comunitaria en Santa Eulalia después de 15 años?

Creo que habrán algunas personas que tienen intereses personales no sé qué tanto sea de interés político, son los únicos que insisten en esos proyectos. A pesar que no se les multiplicará el dinero, además los que aun insisten no son los dueños de esas empresas sino simples promotores. Qué bueno que la gente asumió su rol ciudadano al ejercer su derecho de hablar.

La ola de criminalización, tanto la persecución penal, secuestros y asesinatos que se ha dado en los últimos 15 años  en el municipio y en la región ¿Hay preocupación a futuro?

Creímos que ahí se quedaría, que ellos –las autoridades- nos tomarían como sujetos de derechos y que no afectarían nuestras tierras y nuestros territorios.

¿Por qué la Consulta de buena fe en Santa Eulalia fue en 2006?

Creímos en esa fecha que nuestro territorio estaba libre de actividades extractivas porque recientemente habían iniciado los trabajos y discusión sobre los acuerdos de paz y el cumplimiento del Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas, entonces teníamos que organizarnos y manifestarnos para que el territorio de pueblo Mam y Sipacapense no fuera afectado por la minería.

Pero este hecho nos empujó a averiguar los planes, los documentos de exploración y explotaciones de los bienes naturales en las instituciones y nos topamos con las licencias en nuestro territorio. Nuestra ventaja en ese momento fue la radio, nuestra radio comunitaria Snuq´ Jolom Konob´ y ahí pudimos informar a la población todo lo que sucedía en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.

Un día Daniel Pedro Mateo, en un programa de la radio decía que era importante estar en alerta y no dejarse sorprender por desconocidos, ni venderles los terrenos porque así había ocurrido en estos pueblos bajo engaños, entonces una llamada de una mujer desconocida informó que en su comunidad estaban llegando personas desconocidas a poner señalizaciones en la comunidad de Yichjoyom.

Al día siguiente comenzaron las averiguaciones y las semanas siguientes en coordinación con la corporación municipal fueron a hacer inspecciones al lugar y confirmaron las señalizaciones. Entonces se socializó la información a la población. Comenzamos los cuestionamientos a la municipalidad por las licencias, aparentemente lo negaban. Parece que había dos o tres miembros de la corporación municipal que sí sabían de la futura exploración.

A partir de ese momento comenzaron a demeritar nuestro trabajo y a desprestigiar a Daniel. En ese contexto comenzaron a amenazarlo de agresión y de muerte. Sugerimos que se denunciara en el Ministerio Público (MP) pero Daniel dijo que quizá eran solo amenazas, todo esto fue en 2004.

En 2005 comenzamos a elaborar memoriales para que en nuestro territorio no haya explotación. Cuando supimos el pueblo de Sipacapa realizó una consulta, entonces asumimos que la consulta debía realizarse en nuestro pueblo, porque así lo indica el Convenio 169 de la OIT –Organización Internacional del Trabajo- en coordinación con la municipalidad. Creímos que la corporación municipal debían ser los primeros interesados porque es la defensa de los bienes naturales en nuestro territorio.

Dado que en el Código Municipal les otorga la autonomía municipal, comenzaron ellos y nosotros la gestión de financiar la consulta, porque tenemos que informar a la población, irnos a las comunidades con la finalidad que en nuestro pueblo no haya conflictividad sino tenía que hacer un solo frente, esa era nuestra iniciativa. La población lo aceptó bien. No sabíamos de otras licencias que ya estaban en el territorio como la minería.

¿Qué representó esta consulta a los otros municipios de la zona norte de Huehuetenango?

Comenzó porque ya había una licencia identificada, en una asamblea en el salón municipal se infiltraron personas vinculadas esas empresas. Nos informaron que ahí habían estado cuando ya se habían ido y evaluábamos las condiciones para la consulta.      

Después de la consulta investigamos exhaustivamente si la empresa que quiere operar en nuestro pueblo tiene la documentación en orden y encontramos en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) más licencias en todo el territorio Q´anjob´al. Aquí, en San Juan Ixcoy, Soloma, Barillas, San Miguel Acatán y los demás pueblos, entonces buscamos apoyamos con quienes conocen los procedimientos. Comenzamos a comunicarnos con los demás pueblos.

Fuimos llamados a compartir nuestras experiencias, nuca se planificaron las consultas. El municipio de San Sebastián Coatán del pueblo Chuj fue el último que hizo su consulta en todo el territorio,  entonces firmamos nuestra declaración contra la minería. Dejamos claro nuestra posición en 2009. Durante cuatro años se organizaron las consultas en el norte del departamento.

¿Qué tipo de actores se involucraron en la organización de la consulta y cuál fue el trabajo de cada uno?

Cada quien asumió su responsabilidad, la municipalidad gestionó todo el gasto de la consulta como transporte, comunicación, compra y alquiler de altoparlantes. Las iglesias se encargan de informar a los feligreses tanto en las iglesias católicas y evangélicas. Los Cocodes y los alcaldes comunitarios se encargaron de concientizar a las comunidades y organizar las condiciones locales. Y nosotros que éramos parte del Movimiento Social, así se llamaba en ese momento de la movilización. Nos encargamos de comunicar las normas jurídicas desde la Constitución, el Convenio 169, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo.

En las escuelas y las y los docentes se encargan de informar a la niñez y adolescencia sobre los efectos negativos de actividades extractivas.

¿Hubo obstáculos locales e institucionales para el desarrollo de la consulta?

No. Quizá hubo pero no era lo que esperábamos. En la comunidad de Yichjoyom las familias con intereses económicos se molestaron con nosotros aduciendo la propiedad privada de su tierra. Ahí no se permitió la presencia de personas para que informen a la comunidad. Las personas que no estaban de acuerdo con estas actitudes se desplazaron a otras comunidades a informarse. Ahí no se pudo realizar la consulta.

¿En términos de participación de las personas y metodología ¿hubo variantes con los municipios que hicieron su consulta antes del 29 de agosto de 2006 tanto en Huehuetenango y San Marcos?

Como fuimos llamados con observadores de las otras consultas, entonces logramos ver cómo se debe dar el nivel de participación de la gente. Nos cuestionamos la participación de la niñez y la adolescencia, porque serían las más golpeadas. Hubo quienes quisieron que la niñez y la adolescencia no participaran, era más opiniones de docentes, nos cuestionamos, al final definimos que sí lo harían y la modalidad de participación.

Decidimos que las y los niños de cuatro a siete, se quedaron con sus padres, madres, abuelos y abuelas para que se les explique. Por otro lado, las y los niños y adolescentes de siete a catorce años se quedarán por un lado ya que estarían estudiando la primaria, para que se les facilitará la información. Para que no se les diga como deben decidir al momento de la consulta.

La consulta fue con ellos primero. Después decidieron los adultos levantando las manos. Asumimos que la niñez y la adolescencia ya son ciudadanos del mundo y también respetar sus derechos.

¿Qué representó la consulta para comunidades que aún viven con las secuelas de la guerra interna?  

Creo que no. Inicialmente hubo dudas pero con la información proporcionada la gente decidió de manera informada. A mi parecer, la consulta vino a romper con el miedo y nos vino a dar esperanzas.

¿En qué momento se enlazó la legislación nacional e internacional que establece la consulta con la forma de organización de los pueblos?

Debemos analizar cómo se crearon esos mandatos en la legislación nacional, como la consulta de vecinos en el Código Municipal no fue un invento de las y los diputados cuando se reformó esta ley, fue gracias a los Acuerdos de Paz, ahí es en donde se abre la discusión del nivel de participación de la población. Lo mismo ocurrió con la Constitución con la Asamblea Nacional Constituyente, en la integración de la Constituyente hubo diputados indígenas que trabajaron para que se incluyera los pocos artículos sobre pueblos indígenas, que aborda tímidamente sobre formas de organización  propia aunque todavía nos ven como culturas originarias.

Esa experiencia también se dio con el Convenio 169 de la OIT, pero se planteó una gran discusión sobre derechos de pueblos indígenas tras loa diálogos entre las organizaciones indígenas y los representantes de los trabajadores. En el caso guatemalteco así se logró el Convenio 169 y esta experiencia se tomó como referencia en otros países.

Esas mismas acciones impulsaron momentos representativos en 1,992 con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú Tum, mujer maya K’iche’. Aunque después hubo otras acciones que impulsó la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas que habla de la autodeterminación y la autonomía.

También la Ley de Consejos de Desarrollo que se aprobó después de los Acuerdos de Paz para que se armonice con la Constitución y el Código Municipal. Puntualizó Rigoberto Juárez.

*Esta entrevista es parte del Proyecto 29 de Agosto.

El Proyecto 29 de Agosto es una serie de artículos periodísticos sobre la consulta comunitaria de buena fe que se realizó en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, el 29 de agosto de 2006. Esta iniciativa busca contextualizar y contrastar opiniones sobre uno de los más importantes acontecimientos en defensa de los bienes naturales.

Este trabajo se realizó bajo la coordinación del periodista maya Q’anjob’al, Simón Antonio Ramón, conjuntamente con Prensa Comunitaria.    

Autoría y edición

Periodista Maya Q'anjob'al

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