Por: Lourdes Álvarez Nájera
Como una estrategia, cuyo objetivo es atacar a las instituciones y funcionarios independientes, para debilitar el Estado de Derecho y la democracia, calificó hoy el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, la solicitud que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo al Ministerio Público (MP) para iniciar una investigación en su contra, por un proceso promovido en 2017 por la Asociación la Familia Importa (AFI).
Según la nueva resolución, que declara con lugar la denuncia presentada por la AFI y con los votos en contra de las magistradas Delia Dávila y Silvia García, Rodas Andrade debe ser investigado por el MP y pagar una multa de Q4 mil porque según los magistrados de la CSJ no cumplió con lo que se ordenó en una resolución previa del 8 de diciembre de 2017, donde se solicitó que se dejara de distribuir un manual de “Derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y atención de embarazos en niñas adolescentes”.
En el 2017, la CSJ resolvió un recurso a favor de una acción promovida por la AFI contra el PDH, que argumentó que con la emisión y distribución de ese manual “se amenazaba la vulneración del derecho a la vida y protección de las personas en el país”.
En ese entonces, el argumento de la AFI se centró en afirmar que con ese material la PDH estaba promoviendo la “legalidad del aborto” y “dejar en las embarazadas la libertad de decidir la interrupción del embarazo” y además contraviniendo el “deber del Estado de garantizar la vida humana desde su concepción y las leyes que prohíben y penalizan el aborto”.
En su sentencia del 8 de diciembre de 2017, la CSJ dejó en suspenso la presentación y distribución del manual y se ordenó a la PDH “que se abstuviera de emitir cualquier manual o realizar actividades que impliquen el apoyo y el fomento del aborto o prácticas abortivas, su presentación como derecho, la promoción de su legalización o de la transgresión del derecho a la vida humana desde su concepción, y los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución y leyes del país vinculadas a dicho derecho”.
Además, se solicitó a la PDH “contrarrestar los efectos que la distribución del material hubiese podido tener, mediante la distribución de material que se congruente con los derechos garantizados por la Constitución; así como la adopción de cualquier otra medida a fin de llevar a cabo tales efectos. También se indicó “que las obligaciones previamente señaladas: “abstención y cesamiento” debían acatarse dentro de un plazo de 24 horas de haber recibido la ejecutoría correspondiente”.
De todo este proceso del manual, según Jordán Rodas Andrade, su aprobación se realizó durante la gestión del exprocurador Jorge De León Duque, en 2015. Pero señaló que se acataron las disposiciones y que se informó a la CSJ en su momento, como se ordenó.
No obstante, nuevamente la AFI presentó otro recurso indicando que el PDH había incumplido lo ordenado por la CSJ porque sus acciones “debieron haber sido campañas por la defensa de la vida desde su concepción”.
Y además, solicitó que MP se encargara de una investigación y que la Junta Directiva y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso iniciara el proceso de “cesación en sus funciones” por el incumplimiento de la sentencia contra Rodas Andrade.
Rodas Andrade indicó que con fechas 11 de septiembre de 2018, 7 de diciembre 2018 y 12 de noviembre de 2019 se documentó los informes presentados a la CSJ con el cumplimiento de lo ordenado y calificó como “hechos con mala fe y con la intención de confundir a la honorable Corte”, y adjuntó fragmentos del informe.
Entre los argumentos de defensa presentados por el PDH ante la CSJ se encuentran que AFI busca “aprovechar un tema en el que se pretende confundir respecto a qué titular (de la PDH) promovió el tema aborto y se trata de una cuestión de interpretación sobre qué debió hacer para cumplir el amparo, AFI dice que es una campaña del derecho a la vida, cuando eso nunca se estableció con claridad”.
En una nueva estrategia de defensa, por considerar que la acción de los magistrados “es arbitraria, subjetiva y no tiene fundamento legal”, el PDH presentó esta tarde una impugnación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) ante “un inminente ataque contra la institución que dirige”.
