“Sin código agrario, sin tribunales agrarios o fiscalía agraria ¿Cuál nueva normalidad?”
Por: Miguel Ángel Sandoval
Para ir directo al grano: no creo que sea honorable hablar de una “nueva normalidad” en medio de la pandemia y los ridículos semáforos, cuando se trata de regresar al estado de cosas que tenemos desde hace muchos años. Eso de nueva normalidad no puede ser el uso de la mascarilla y de gel para las manos, con el mismo obsoleto sistema de salud, con salarios de hambre, con miseria por todo el país, con más de 80 por ciento de pobreza y pobreza extrema. Ello mientras nos ven en el mundo, como uno de los países más corruptos y como novedad, el país más corrupto del continente. Esa nueva normalidad no la quiere la sociedad guatemalteca.
De la misma manera no se puede regresar a esa normalidad de malos salarios y pocos impuestos de parte de las empresas, o de pésimo servicio de transporte y encima caro; menos aún con la ley de la selva en el campo guatemalteco. La crisis alrededor de Cubilgüitz es quizás el mejor ejemplo de cómo la vieja normalidad no era para nada apetecible y como la mal llamada nueva normalidad no puede ignorar este terrible aspecto, si en verdad quiere o piensa que nos debemos dirigir hacia algo en verdad nuevo. Queremos la nueva normalidad respetando el bien común como norte del país.
En Alta Verapaz o en Izabal como los lugares emblemáticos de esa nueva conflictividad agraria, o renovada vieja conflictividad, sabemos de muchas cosas, desde el despojo a la sombra del gobierno liberal de 1871, mas todos los siguientes menos Arévalo y Arbenz, luego toda esa secuela de despojo y de leyes hechas para justificar ese despojo y hacer nuevos propietarios (como Sinibaldi) en tierras campesinas, con habitantes originarios. Es la ley de jornaleros de la reforma liberal, es la ley contra la vagancia de Ubico. En el primer caso para beneficiar a unos cuantos alemanes y en el segundo a todos los terratenientes que medraban a la sombra del gobierno dictatorial. Y los clones de hoy.
En el país entero hay conflictos por la tierra. Lo he mencionado en múltiples ocasiones, son alrededor de 1,500 señalados por Contierra, Fontierra o la PDH, sin contar con todos los nuevos o los viejos heredados del INTA. Mientras tanto, la propuesta que emanó de los Acuerdos de Paz de 1996 no sirvió de mucho pues fue desnaturalizada. Y a la fecha, no contamos con el registro y catastro de tierras creíble. Pero lo más grave es que no tenemos un código agrario, menos tribunales del ramo, aparte de no contar con una fiscalía especializada en conflictos del agro. Agreguemos el enorme conflicto generado por la minería.
Todos los temas agrarios se ventilan acudiendo a jueces venales que aplican sin ton ni son los artículos del código penal sobre la usurpación. Con esto en mano, orden de juez, la policía actúa y dependiendo, con más o menos represión, con más o menos violencia. Pero nunca respetando los derechos históricos y legales de las comunidades agrarias. Luego el expediente es simple: los campesinos son invasores y terroristas o que no respetan la propiedad privada (su propia propiedad comunal despojada). Tal es la miopía nacional que cierra los ojos ante el despojo de campesinos.
En otras palabras, no creo que con un cuadro como este, a los ciudadanos especialmente campesinos de nuestro país, les importe mucho hablar de nueva normalidad, pues para todos, mientras lo señalado no se resuelva no habrá nada nuevo bajo el sol, sino más de lo mismo.
