Morola: una comunidad indígena ch’orti’ que recupera su derecho ancestral a la tierra

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Créditos: Foto: Cortesía COMUNDICH

Por Stef Arreaga

En 2016, el Registro de la Propiedad inscribió 21 fincas individuales de forma anómala de una propiedad comunal en la comunidad indígena ch’orti’ llamada Morola, en el municipio de Camotán, Chiquimula. Luego de una larga lucha, sus habitantes lograron que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejara en firme la sentencia que deja sin efecto este registro y además en esta sentencia reconoció el derecho a los territorios de los pueblos indígenas y el derecho ancestral a la tierra.

La comunidad de Morola está ubicada a unos 10 kilómetros de la frontera con Honduras, llamada el Florido, a unos 45 kilómetros de la cabecera de Camotán y a 226 de la ciudad de Guatemala. Es un pueblo de origen maya ch’orti, cuyos ancestros llegaron del sur de México y se acentaron en la parte del oriente de Guatemala, Honduras y el Salvador. Su extensión territorial es de 60 manzanas, en donde viven unas mil 300 personas, hay cerca de 245 viviendas, dos escuelas oficiales, dos iglesias católicas, una iglesia evangélica,un campo de futbol y dos centros de convergencia.

Para conocer la historia de Morola hablamos con el Alcalde Isabel Jerónimo, quien nos cuenta el proceso de formación de la comunidad y la situación actual. 

Jerónimo relató que desde 1894, el territorio de la comunidad fue habitado por una familia ch’orti’. En 1895, su tatarabuelo, Francisco Vásquez y su tatarabuela Macedonia García, luego de muchos esfuerzos, registraron la finca a nombre de don Francisco, en el Registro General de la Propiedad, instituido por Justo Rufino Barrios en 1877. Al morir, por medio de un testamento, heredó el territorio a sus hijos para que lo administraran de forma comunal, manteniendo el respeto para vivir, trabajar y producir. 

Francisco Vásquez se lo entregó a Gregorio Vásquez, su hijo mayor, y este a su hijo mayor Tomás Jerónimo Vásquez, y él entregó la documentación a su hijo mayor Andrés Jerónimo García. En 2007, para mantener la tradición de la herencia de la tierra, entregaron esta documentación al tataranieto de Francisco Vásquez: Isabel Jerónimo León.  Un proceso, que según Jerónimo, se hizo en organización comunitaria, con respeto, cuidándose entre las familias y brindando el bienestar necesario para la comunidad.

Este documento se fue manteniendo de generación en generación y no cambió de nombre, sino que continuaba a nombre de Francisco Vásquez, quien seguía figurando como dueño del territorio después de 125 años.

Según el señor Isabel Jerónimo, nunca hubo problemas familiares sobre la propiedad de la finca, siempre respetaron y compartieron el sueño de su tatarabuelo Francisco quien decía “la tierra es de quien la trabaja”, una frase atribuida a uno de los líderes de la Revolución Mexicana, por lo que nunca se discutió que la finca pertenecía a la comunidad.

La comunidad recibió asesoría de la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral del Pueblo Ch’orti’ (Comundich), para encontrar el camino y que quedara a nombre de la comunidad.  Iniciaron, entonces, un proceso para la adjudicación de la finca a nombre de la comunidad de Morola a través del Fondo de Tierras.

En medio de este proceso la comunidad reorganizó la junta directiva y escogieron a Isabel Jerónimo como representante legal de la comunidad.  Posteriormente, acudieron al gobierno municipal y por medio de un acuerdo municipal se declararon como la Comunidad Indígena de Morola. Fue entonces cuando el 10 de agosto de 2009, el Fondo de Tierras (Fontierras) y la Escribanía de Cámara de Gobierno, una entidad que depende del Ministerio de Gobernación que registró compra y venta de tierras en el país, emitió la nueva escritura a nombre de la comunidad indígena de Morola. Y el 30 de septiembre de 2009, hizo la segunda reinscripción de la finca, que era de Francisco Vásquez en el Acta 1949, folio 28, libro 25 de Chiquimula. 

Miembros del Concejo Indígena de Morola. Foto: Cortesía COMUNDICH

En 2014, por intereses particulares, un grupo de personas ajenas a la comunidad y de quienes hasta el momento no se tiene certeza de quiénes realmente idearon este intento de disolución de la comunidad, comenzaron a confundir a las personas de la comunidad con el objetivo de desaparecerla y registrar fincas en su lugar, con el pretexto de que constituirse en una comunidad indígena no recibirían apoyo para proyectos de desarrollo. El 27 de junio de 2014, este grupo de personas involucró a la municipalidad de Camotán, cuyo alcalde en ese momento era Byron Gonzáles y más adelante se les uniría la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Registro Catastral y el mismo Registro de la Propiedad.       

El concejo comunitario y las familias de Morola, que estaban organizadas y defendían su territorio, comenzaron a ser perseguidos, amenazados, el extremo llegó cuando fue asesinado Angelino Ramos García, acompañante de esta lucha e incluso quisieron usurpar la función del concejo, haciendo una nueva junta directiva con el mismo nombre, que además estaba autorizada por la municipalidad de Camotán, que les dio todo el apoyo para obtener la personería jurídica y le quitó la representación legal a Isabel Jerónimo. 

La nueva junta directiva inscribió ilegalmente la finca en el Registro de la Propiedad y median los terrenos e intimidaban a las familias. Mientras tanto, la gente de la comunidad seguía buscando la manera para recuperar lo que iban perdiendo. Pero al mismo tiempo iban ganando terreno los usurpadores: les otorgaron planos y les dieron un aval para comenzar a desmembrar la finca en 21 partes.

El 12 de octubre de 2016, los alcaldes indígenas comunitarios y el concejo indígena se pusieron de acuerdo para elaborar un amparo y recuperar la propiedad. La respuesta llegó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les informó que el amparo había sido denegado. 

El 16 de agosto de ese mismo año, Isabel Jerónimo, como alcalde de la comunidad indígena acudió a la Corte de Constitucionalidad para apelar la decisión de la CSJ.  Después de más de tres años de espera, el pasado 12 de junio de 2020,  esta misma Corte dejó en firme la sentencia, ordenando la cancelación de las 21 fincas registradas de forma anómala. Y agregó a la resolución, que esas fincas que fueron registradas, deben ser devueltas al legítimo dueño: la comunidad de Morola.

Entrevistamos a Rodimiro Lantan, miembro de Comundich, quien nos indicó que la sentencia de la CC tiene tres momentos importantes:  

1.  La resolución del derecho de la comunidad sobre su integralidad territorial: manda a cancelar las fincas que se adquirieron de forma fraudulenta en la comunidad y  legitima el ejercicio de la gobernanza territorial a las autoridades. Vuelve a tomar el cargo el alcalde Isabel jerónimo y su concejo.

2. Reconocimiento histórico sobre el derecho a los territorios de los pueblos indígenas: según Lantán, en ninguna sentencia anterior, se había reconocido que los pueblos tienen derecho a sus territorios. 

3. La sentencia también reconoce el derecho ancestral de los pueblos indígenas sobre sus territorios. O los derechos que tienen los pueblos indígenas por el hecho de existir en sus territorios aunque no tengan documentos que les ampare como tal.  Eso hace que lo resuelto tome la connotación de avance para los pueblos indígenas de Guatemala. 

Comundich asegura que el derecho de la comunidad de Morola fue violentado por el propio Estado de Guatemala, el Registro Catastral, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Registro General de la Propiedad y la municipalidad de Camotán. Por lo que plantean demandar al Registro de la Propiedad por las irregularidades e ilegalidades en el registro de las tierras. En cuanto a otros actores dentro de este registro ilegal de tierras, hasta el momento la comunidad deberá decidir si accionarán en contra de los abogados que fraccionaron las escrituras y quienes participaron. 

Comundich, organización que les acompañó en su lucha desde el 2005 concluye diciendo:

“¡Qué en tiempos de pandemia, este logro sea un aliciente para los pueblos indígenas del país y del mundo, que pese a los grandes desafíos que nos presenta la marginación, represión y hambre, seguimos luchando por tener una vida digna y un mundo mejor para todos y todas!”

Autoría y edición

Investigadora, periodista y diseñadora gráfica.

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