Por David Toro
“Me da una pequeña ayuda para pagar mi alquiler, que Dios los bendiga y proteja de todo mal”, dice la cartulina azul que Doña Rosa García porta desde muy temprano en los semáforos de la Avenida Reforma, en la zona 10, de la ciudad de Guatemala.
Rosa es una madre que diariamente debe llevar alimento a sus dos hijos, quienes dependen únicamente de ella desde que enviudó, y además durante la pandemia fue despedida de su empleo de trabajadora doméstica.
Ante el desempleo recurrió a pedir víveres y ayuda económica a los automovilistas que transitan por la larga avenida que inicia en un punto de la zona cuatro y termina en el Obelisco, de la zona 10. Pero solo puede permanecer algunas pocas horas en este punto porque recientemente fue amenazada por otras personas que reclaman el espacio alrededor de los semáforos de este sector para pedir dinero como propio. Diariamente debe movilizarse a la zona 1 y otros sectores de la ciudad para buscar apoyo y poder volver a su hogar, ubicado en la zona 6, con comida para sus hijos.
La desigualdad y pobreza son una pandemia vieja en Guatemala y a diferencia del coronavirus, es visible a todas luces, se puede encontrar en los semáforos, cruceros, puentes y en casi cualquier esquina hay historias como las de Rosa.
Más allá de los efectos sanitarios y directos de la pandemia de la COVID-19, esta crisis dejará severos golpes colaterales en América Latina. Según un informe de Naciones Unidas (ONU) del 10 de julio, la tasa de desempleo aumentará del 8.1% registrado en 2019 al 13%, lo que se traduciría a unas 44 millones de persona sin oportunidades de trabajo en toda la región.
Guatemala está sumergida en una crisis sanitaria desde el 13 de marzo cuando se detectó el primer caso de COVID-19. Desde las primeras semanas fueron visibles las banderas blancas, el símbolo que las familias alzaron para evidenciar la necesidad de ayuda. Pero estos sectores de población llevan varias generaciones viviendo en la periferia de la ciudad, en barrancos o en áreas donde están privados de recursos básicos.
Hasta el 1 de agosto el gobierno del presidente Alejandro Giammattei reportó cero ejecuciones de tres programas sociales establecidos durante la crisis. El informe de la diputada Andrea Villagrán de la bancada de Bienestar Nacional (BIEN), muestra que son Q1 150 millones los que no han sido ejecutados y corresponden a un programa de entrega de bolsas de alimentos, otro de apoyo económico a los pequeños agricultores del país y por último, un programa para otorgar préstamos a la pequeña y mediana empresa.
El 10 de agosto el presidente Alejandro Giammattei fue denunciado penalmente por incumplimiento de deberes, porque en una reunión con alcaldes dijo “el COVID-19 ahora es problema de la población”, en respuesta la asociación Acción Ciudadana señaló que las declaraciones del presidente son una desobediencia a su mandato constitucional de velar porque la población tenga acceso a los derechos la salud y bienestar social de la población garantizados en la Constitución.
