Por Stef Arreaga
En el marco de un foro virtual el 30 de julio, convocado por la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Bufete de Derechos Humanos, se demandó al Estado de Guatemala que cumpla con las medidas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó sobre la atención inmediata que deben recibir 111 familias que fueron desalojadas de la comunidad Laguna Larga, San Andrés, Petén.
Esa comunidad de 111 familias fue desalojada de manera violenta el 12 de junio de 2017, por elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil, que quemaron casas, cultivos y una escuela que los vecinos construyeron, en su lugar fue instalado un destacamento militar.
Desde que fueron desalojadas, las familias se instalaron en un campamento entre la frontera que divide Guatemala y México donde construyeron viviendas temporales con paja, láminas y plásticos sobre un terreno lodoso, incultivable, sin acceso a agua potable, a una escuela o a un centro de salud. En ese lugar siguen a la espera de una resolución legal que les permita regresar a su comunidad.
“Fuimos desalojados en el 2017, vivimos sin alimento, sin salud, sin educación. El agua no es adecuada para el consumo humano.”
-Constantino Vásquez, de 75 años de edad y líder de la comunidad-
De un modelo comunitario a una pesadilla
Según los relatos de las familias que fueron desalojadas, desde que se asentaron en Laguna Larga, en la década de los años 80, forjaron un modo de vida sostenible y con el paso de los años, los niños y niñas podían recibir clases en una escuela que se construyó con el esfuerzo colectivo.
Ese modelo de desarrollo comunitario les permitía comercializar pepitoria a buen precio con comerciantes de comunidades transfronterizas de México. Cada familia contaba con su propio terreno, animales de crianza y siembras para su consumo, además de pozos de agua limpia. Con los ingresos que los pobladores generaban también podían atender su salud viajando a Santa Elena, Petén o Candelaria en Campeche, México.
No obstante, con el desalojo que se justificó porque la comunidad se asentó en un área declarada como protegida, desde esa misma noche las 111 familias comenzaron a vivir uno de los peores capítulos de su historia.
“Debido a las tensiones provocadas por el despliegue de 1 mil 400 policías, 400 soldados y personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), esa misma noche murieron dos ancianos”, comentó Edgar Pérez Archila, abogado del Bufete de Derechos Humanos y representante de las familias afectadas.
Pérez añadió que también se supo que tres mujeres abortaron, “por un acto indolente, inconsciente, lejos de proteger a los ciudadanos. En una noche, los funcionarios borraron el esfuerzo de décadas de trabajo de los habitantes de Laguna Larga” enfatizó Pérez.
En total, se registró la muerte de once personas de esa comunidad, “la última se trata de un niño que nació y murió sin poder ser inscrito como ciudadano guatemalteco”, concluyó el abogado.
Diálogo fraudulento
Cuando se conoció de las amenazas de desalojo para la comunidad en el 2016, se conformó una mesa de diálogo, que a criterio de quienes acompañan el caso, “concluyó en una decisión fraudulenta, viciosa y de mala fe de parte de los funcionarios del Estado de ese entonces, quienes ordenaron un desalojo cuando se podía resolver de otra manera un problema estructural de Laguna Larga y otras comunidades en Guatemala”, comentó el abogado Pérez.
Pérez indicó que jamás se le dio la oportunidad a los habitantes de demostrar cuánto tiempo llevaban habitando el lugar, tampoco se les orientó sobre los mecanismos institucionales para asentarse en ese lugar y solo se ordenó su desalojo, que a su criterio, no debería suceder en esas dimensiones catastróficas.
Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, indicó que en ese caso se han cometido graves violaciones al “derecho a la vivienda, porque ahora se encuentran en pequeños ranchos que se les inundan en invierno; el derecho al agua y a la energía eléctrica; el acceso a la salud y en general a una vida digna”
Jordán Rodas añadió que las familias “llevan tres años de angustias, pese a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el 2017 y durante esta pandemia, por razones humanitarias podrían regresar a su territorio”, agregó.
Pandemia y abandono covid-19
Durante la emergencia nacional y mundial que se vive por la pandemia de coronavirus, las familias de Laguna Larga que esperan una resolución a su caso, deben realizar sus compras en la comunidad El desengaño, México, a unos 7 kilómetros de donde se encuentra el campamento.
“En el Desangaño aparecieron cinco familias con covid-19, de las cuales dos ya están fuera de peligro, pero un anciano está muy grave. Eso nos preocupa porque ahí vamos a hacer nuestras compras”, comentó un joven de Laguna Larga que no brindó su nombre.
El entrevistado añadió que la angustia de las familias asentadas en ese campamento improvisado se incrementó recientemente porque murieron cientos de peces de una laguna cercana que usaban para beber, cocinar, bañarse y lavar ropa. “Tenemos temor que el agua haya sido envenenada o esté contaminada y que esto repercuta en la salud de las 111 familias del campamento”, añadió.
Hasta el momento, las familias de Laguna Larga han logrado cultivar algunos alimentos para consumo propio, y cuando logran cultivar granos básicos venden un poco a algunos mexicanos que conviven en la frontera, pero la falta de seguridad alimentaria ha provocado más enfermedades y casos de desnutrición en niños y adultos mayores.
