El pueblo Cho’rti’ de Jocotán recupera su tierra y el río Jupilingo

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Créditos: Norma Sansir

Por Amilcar Morales y David Toro

Siete Comunidades Ch’orti’ de Jocotán fueron reconocidas por las Corte de Constitucionalidad (CC) como propietarios de 255 kilómetros de territorio, esta acción también salvaguarda al río Jupilingo, el único que atraviesa las comunidades del corredor seco.

El río Jupilingo es una de las pocas fuentes de agua para decenas de comunidades rurales, ubicadas en el área conocida, por sus características naturales y sociales, como el Corredor Seco, en el oriente guatemalteco. Para quienes habitan en esta región, la desnutrición crónica infantil es uno de los fenómenos que con más exactitud reflejan la realidad de abandono estatal que viven. Según un informe de Oxfam, una oenegé internacional con sede en el país, publicado en abril de 2020, los casos de desnutrición se dispararon en un 56%  comparado con los registros de 2019.

En 2011, este río que nace en Copán, Honduras, era el objetivo de la empresa Desarrollo de Generación Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales las “Tres Niñas” S.A., que estaba por instalar el proyecto hidroeléctrico el “Orégano”. La empresa, que es parte America Trans Group (ATG), un consorcio que se dedica las telecomunicaciones y a la producción de electricidad con hidroeléctricas y plantas eólicas, obtuvo la tierra en usufructo con el consentimiento del alcalde de Jocotán Ramón Díaz, quien les otorgó 2 millones de metros cuadrados por un periodo de 50 años, a un costo de Q250 mil, según los datos de la tesorería municipal.

El río Jupilingo, antes de 1980, era un recurso vital para la alimentación de las poblaciones rurales del oriente. Por ejemplo, en su cauce era posible pescar, pero en los últimos 30 años el bosques que había alrededor ha sido talado ilegalmente, afectando directamente el caudal del río y las especies que en viven en sus aguas. En la actualidad sigue siendo un recurso de vida que alivia a las poblaciones que no cuentan con agua potable.

Bajo esas condiciones, la llegada del proyecto hidroeléctrico, en 2011, causó preocupación en las comunidades Ch’ortí de las comunidades de las Flores, Guareruche, Pelillo Negro, Suchiquer Ingenio Guaraquiche, el Matazano, Caserío Escobillal de la Aldea Oquen del municipio de Jocotán, que no fueron tomadas en cuenta, ni consultadas para la aprobación que las autoridades municipales y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) le concedieron al proyecto hidroeléctrico.

A partir de ese momento, Los líderes de estas seis comunidades emprendieron una lucha legal de nueve años para recuperar el derecho ancestral sobre estas tierras, ya que según Virgilio Ramírez, representante legal de Guareruche, sus antepasados compraron este territorio a mediados del siglo XIX a nombre del “Común de Indios”, un figura utilizada por los pueblos originarios y reconocida por la corona española para comprar y recuperar la certeza de sus tierras.

Según Jeremías Hernández de la Coordinadora Central Campesina Ch’orti Nuevo Día, la municipalidad obtuvo el poder casi absoluto sobre la decisión del territorio de Jocotán durante el gobierno del presidente Justo Rufino Barrios a finales del siglo XIX, “se establecen las municipalidades, surge el código municipal, entonces hacen un primer cambió, eliminan el “común de naturales” y señalan que el dueño de la tierra es la municipalidad y los vecinos (…); un segundo cambio fue cuando el Registro de la Propiedad, a mediados del siglo XX, digitaliza los libros y deja fuera a los vecinos y le da total potestad a la municipalidad”.

La resolución de la CC no es solo simbólica”

La respuesta al largo proceso legal emprendido por las comunidades Ch’ortí de Jocotán para recuperar una parte de su territorio llegó el 23 de julio con una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que resolvió en definitiva que son propietario de los 255 kilómetros de tierra en disputa y ordenó a la municipalidad reconocer como copropietarios del territorio a las comunidades indígenas.

Además, la orden de la CC dejó congelado el usufructo de tierra que la municipalidad había concedido al proyecto hidroeléctrico las Tres Niñas S.A., en 2011 para hacer uso del territorio que es atravesado por el río Jupilingo.

“La municipalidad debe reconocer que la administración de las tierras debe ser compartido con el Consejo Maya Ch’ortí, esto no es algo simbólico en el registro, debemos entrar a la práctica y tener voz y voto en las decisiones sobre usufructos de tierra a cualquier tipo de proyecto, además la resolución de la CC nos obliga e impulsa a institucionalizar y visibilizar al pueblo Ch’ortí”, concuyó Jeremías Hernández.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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