El 14 de julio, mientras la Amazonía ecuatoriana enfrentaba el caos, el pánico y el miedo provocado por la crisis sanitaria del COVID-19, la empresa minera canadiense Solaris Resources celebraba su cotización en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX-V). Luego lanzó una campaña en Twitter para alardear de sus “exitosas alianzas comunitarias” en torno a su proyecto Warintza para extraer oro y cobre; así como sus éxitos con el «nuevo proceso de consulta» realizado con los indígenas Shuar de las comunidades de Warints y Yawi.
La pandemia está azotando el territorio indígena Shuar en Ecuador, donde las empresas mineras canadienses continúan operando, volando en helicópteros sobre las comunidades que luchan por lidiar con los casos de COVID y sus fallecidos. Hasta el 27 de julio de 2020, 443 Shuar dieron positivo para el virus, hay 89 casos sospechosos y se han confirmado 9 muertes. A principios de este año el gobierno del Shuar Arutam (PSHA) y más de cien organizaciones internacionales denunciaron a la empresa Solaris Resources por su irresponsable papel en llevar el virus a su territorio, una acusación que la compañía niega.
El gobierno de Shuar Arutam (PSHA), totalmente abandonado por el gobierno ecuatoriano pro-minero, se ha visto obligado a defenderse por todos los costados: primero, para proteger a sus miembros mediante la movilización de brigadas médicas para evaluar y prestar atención a la creciente cantidad de miembros de la comunidad indígena que viven lejos de los servicios médicos; segundo, ayudar a las familias con arreglos de entierro; tercero, para proporcionar sustento a las familias y apoyo a la crisis económica que se avecina en la región; finalmente, para defenderse de una compañía minera que continúa, a pesar del firme rechazo de la comunidad indígena, avanzando en sus trabajos sobre el territorio Shuar, poniendo las comunidades en riesgo de infección, fomentando tensiones internas y construyendo su imagen empresarial para potenciales inversores extranjeros.
Sin embargo, como señaló la PSHA en declaración pública reciente, esa imagen se basa en la fabricación deliberada de un proceso de consulta falso, sin legitimidad para la organización interna de los pueblos Shuar Arutam. Está claro, según la información colocada en las redes sociales, que la empresa busca generar inversiones con base en este proceso de consulta. Solaris Resources quiere demostrar que encontró la clave para desbloquear la Amazonía ecuatoriana para los inversores mineros, una región que siempre ha expresado su firme oposición a la minería, por el daño que esta actividad ocasionará al ecosistema, las comunidades y economías indígenas. Sin embargo, Solaris no dice que el proceso de consulta ignoró deliberadamente la organización política de las comunidades en la región, y que la presencia de la compañía está produciendo fuertes tensiones y riesgos de seguridad para los líderes de la organización.
El gobierno Shuar Arutam es la organización política de los pueblos Shuar Arutam, habitantes de la provincia de Morona-Santiago en la Amazonía ecuatoriana. Abarca 47 comunidades y 6 asociaciones que viven dentro y alrededor del proyecto propuesto de Warintza, pero también mucho más allá de ello. La PSHA realiza asambleas generales donde reúne a todos sus miembros para tomar decisiones; en la asamblea del pasado agosto de 2019 confirmaron que la minería es contraria al «Plan de Vida» de la PSHA, un plan concebido para proteger la biodiversidad de la región de la cual las comunidades dependen. De acuerdo con su última declaración, ante las amenazas continuas de Solaris, la PSHA manifiesta:
“Nos declaramos un Territorio Integral en el cual luchamos por la defensa de nuestra tierra, nuestros bosques y la revalorización de nuestra cultura. La humanidad debe tomar en cuenta que nuestros territorios, nuestros bosques y nuestro conocimiento son de vital importancia para hacer frente a la crisis climática que está ocurriendo en el Planeta, por lo tanto, nos declaramos en defensa de la vida”
La PSHA también ha declarado, en múltiples ocasiones, que las compañías mineras deben abandonar sus territorios, y que cualquier acuerdo firmado entre exlíderes de la PSHA y las empresas terminó cuando los mandatos de esos líderes terminaron.
El 24 de julio, Solaris señaló en su cuenta de Twitter que inversores como Ross Beaty, Daniel Earle y Equinox Gold (todos canadienses) son sus «aliados estratégicos». Ross Beaty posee el 5% de las acciones de Solaris y es el fundador, CEO y accionista importante de Equinox Gold. No es sorprendente, entonces, que la primera empresa de Ross Beaty, Pan American Silver, esté participando en un proceso de consulta discriminatorio e ilegal que involucra a los pueblos Indígenas Xinka (Guatemala) habitantes cercanos de su mina Escobal. La estrategia parece ser continuar socavando la autodeterminación y la oposición indígena mediante consultas engañosas y al mismo tiempo presentar estas actividades a los inversores como “relaciones comunitarias responsables e inclusivas”.
En ambos casos citados, la actividad minera genera amenazas, intimidaciones y rupturas del tejido social básico para sostener la solidaridad y la prosperidad en las comunidades indígenas, esta situación hace más críticos el bienestar y la salud en tiempos de crisis como la pandemia actual.
Para obtener más información sobre la resistencia Xinka a la mina Escobal, incluidos videos que el Parlamento Indígena Xinka está publicando en respuesta a las acciones de Pan American Silver con respecto al proceso de consulta, visite este nuevo sitio web: resistescobal.com
Fuente: Mining Watch Canada
