Por: Aj Ral Ch’och’
Un grupo de personas desconocidas ingresó la noche del 23 de agosto a la vivienda de Raúl Icó Pacham, en Ch’abilch’och, Livingston, Izabal, de donde se llevaron varios documentos importantes para la comunidad que él tenía bajo su resguardo.
Icó Pacham denunció que no se encontraba en su vivienda cuando los desconocidos ingresaron y se percató del robo cuando regresó a su casa, porque la puerta estaba abierta. “Vi varios documentos tirados y manipulados y me di cuenta que los documentos que estaban en un paquete con una memoria portátil que contenían mucha información de la comunidad habían sido robados”, expresó Icó Pacham.
En esa comunidad viven 58 familias que, antes de la crisis provocada por la pandemia de covid-19, habían denunciado amenazas de desalojo y que algunos helicópteros y drones sobrevolaron el poblado a diversas horas del día y la noche.
Las familias mayas Q’eqchi’ de la comunidad de Ch’abilch’ch cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero de 2018, después de ser desalojados en noviembre de 2017.
El robo de los documentos, de gran importancia para la comunidad, se produjo durante el segundo estado de prevención decretado el 13 de agosto por el presidente Alejandro Giammattei, donde prometió “acciones para la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes” para los municipios de El Estor, Morales y Lívingston, en el departamento de Izabal; así como en Santa Catarina La Tinta y Panzós, en Alta Verapaz.
El Gobierno de Giammattei aprobó un segundo estado de prevención para esos municipios, con una vigencia de quince días que está por terminar. El 19 de julio, el presidente Giammattei decretó estado de sitio en los referidos municipios, pero en esa ocasión el Congreso no lo aprobó por falta de votos.
