Por Iskra Soto Orantes.
La alegría popular compartida en la Plaza de la Constitución el 29 de diciembre de 1996 con la Firma de La Paz Firme y Duradera no tardó en desvanecerse. Los caminos para avanzar a la paz siempre estuvieron atravesados por distintos obstáculos y múltiples complejidades. Fueron muchas las expresiones de falta de voluntad política por parte de los gobiernos los que nublaron el hito histórico más importante, desde que los aviones norteamericanos bombardearon el territorio nacional en 1954.
Hoy vemos con gran preocupación las barbaridades que se comenten y que atentan en contra de nuestra escuálida democracia. La intención del actual gobierno de pasar página y reducir la institucionalidad de la paz a través de los decretos 97-98-99-100-2020 para el cierre de la Comisión Presidencial Coordinadora la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), La Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA); la Secretaria de la Paz (Sepaz) y la creación de la Comisión Presidencial por la Paz y los DDHH (Copadeh), activan las alertas ante un inminente retroceso que tendrá efectos muy negativos para la sociedad guatemalteca y el futuro del país en manos de un gobierno con características similares a los gobiernos que precedieron la Firma de la Paz.
Los Acuerdos de Paz en Guatemala incorporaron un enfoque integral que daba por finalizado el conflicto y pretendía atajar de raíz los problemas estructurales que dieron origen al mismo. Con esta finalidad se centraban en el imaginario de diseñar un país diferente en el que se lograra una elevada calidad de vida para la población guatemalteca. En esta lógica, más allá de los Acuerdos operativos, se plantearon una serie de reformas económicas y fiscales que deberían tener como resultado el crecimiento económico y el desarrollo social.
El grupo de Acuerdos que recogían la agenda legislativa de la Paz, la agenda social y cultural se cumplieron parcialmente y en un grado muy reducido. Los Acuerdos sustantivos que contemplan las reformas estructurales del sistema como el tema agrario, la reforma fiscal, el incremento económico orientado a aumentar la inversión pública para impulsar la agenda social nunca se cumplieron, ni se pusieron en marcha tal y como estaban planteados dentro de los compromisos adquiridos.
Entonces, si los Acuerdos de Paz no se han cumplido, el tema de la Paz no forma parte de las prioridades cotidianas de la ciudadanía, la consecución de gobiernos de la post-paz han dejado en evidencia que la Paz no es más que un elemento demagógico formal de sus discursos políticos y no lo han honrado con voluntad política para su cumplimiento ¿Por qué poner fin a la era de los Acuerdos de Paz en estos momentos, cuando además el país es azotado por la pandemia del Covid-19? ¿De dónde salen estas medidas si no estaban recogidas dentro del plan de gobierno (PLANID) que presentó Giammattei?.
En mi opinión esto tiene una explicación que obedece a la necesidad inminente de los poderes fácticos para cumplir tres objetivos fundamentales: Primero, garantizar que las elites, ya sean institucionales o fácticas, se afiancen con el control total y absoluto del poder político y de la acumulación de las riquezas nacionales, segundo, sacar a los militares y empresarios de la cárcel y librarlos de los procesos judiciales en los que están inmersos y, tercero, redefinir el conjunto de las relaciones políticas y sociales en el país. Este último, fundamentalmente orientado a neutralizar todas aquellas expresiones que se oponen a las mega inversiones como los monocultivos, la minería, las hidroeléctricas y de telecomunicaciones.
La Firma de la Paz Firme Duradera contribuyó al empoderamiento de una sociedad civil que, aunque débil y fragmentada, se organizó en numerosas instancias de apoyo y verificación del cumplimiento de los Acuerdos e impulsó acciones importantes que pusieron en riesgo el status quo, como los procesos judiciales en contra de militares, las luchas de resistencia pacifica por la defensa de los territorios y los bienes naturales, la defensa de los derechos humanos y la dignificación de las víctimas del conflicto armado, entre otras. De alguna forma, se dio paso a un escenario de confrontación política y social en un terreno de juego incipientemente democrático que las élites no contemplaban.
Y es que a las elites y a los capos que controlan el poder político no están acostumbrados y no toleran la convivencia en una sociedad crítica, activa y movilizada, que plante cara a sus privilegios, al expolio de nuestro país y su impunidad. De ahí que traten de criminalizar o silenciar a quienes les plantan cara, a quiénes luchan a diario por defender la dignidad de nuestros pueblos. Por este motivo, el Gobierno de Giammattei, teledirigido por las élites, pretende ahora rediseñar la institucionalizad de la Paz. No cabe duda de que detrás de los “Decretazos” se oculta la voluntad de poner una mordaza a todas aquellas personas y colectivos que denuncian públicamente sus abusos. En definitiva, pretenden eliminar el más mínimo resquicio de justicia que pueda quedar en este Estado cooptado por las élites y violador de los Derechos Humanos.
Estos “decretazos” amenazan con dar por terminado lo poco que queda en pie del proceso de paz y suponen un grave riesgo de deshacer lo andado poniendo en peligro las pequeñas victorias políticas y sociales alcanzadas. Tenemos la convicción de que el futuro de Guatemala no es posible sin la Paz. La aspiración de la Paz y el progreso de Guatemala pertenece a la sociedad guatemalteca y nos interpela a toda la ciudadanía a continuar luchando por un futuro mejor, corresponde a las organizaciones sociales y políticas unirse para defender los valores democráticos y la Paz.
