Cubilgüitz: la ausencia del Estado y la lucha por el acceso a la tierra

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Créditos: David Toro.
Tiempo de lectura: 7 minutos

Por David Toro

Las seis casas de la comunidad La Urbana II, en la finca de Cubilgüitz , que fueron consumidas por el incendio provocado por hombres armados el 15 de agosto pertenecen a líderes comunitarios que, cansados de la nula respuesta estatal para obtener acceso a la tierra, han intentado negociar su compra de forma directa con la familia Dieseldorff desde hace dos años.

La finca de Cubilgüitz en Cobán, Alta Verapaz, es un latifundio de tierra con un total de 1 468 hectáreas, ha sido propiedad de varias familias de origen alemán  asentadas en el territorio de las verapaces desde finales del siglo XIX. Durante este periodo, el gobierno del presidente Justo Rufino Barrios ofreció estas tierras por precios insignificantes. Desde 1974, las hermanas Dorotea y Estefanía Dieseldorff son las propietarias de la tierra, ubicada al norte de la ciudad capital, a unos 200 kilómetros de distancia.

La comunidad de la “Urbana II”, en la que viven 300 pobladores formando 60 familias Q’eqchi’s,  está dentro de la finca, ubicada a un kilómetro de la carretera que conduce al municipio de Chisec.

El 15 de agosto, la comunidad fue noticia nacional por un incendio que consumió seis casas. El hecho fue una nueva acción de violencia contra comunidades en el norte del país que en los últimos seis meses, les ha tocado que enfrentar desalojos extrajudiciales, desapariciones forzadas y asesinatos.

El ataque fue contra líderes que buscan recuperar la tierra

El sábado 15 de agosto, alrededor de las 10:00 de la noche, un grupo de hombres llegó a la comunidad gritando y amenazando de muerte a los pobladores. Victor Paau Coc, quien estaba en su casa, escuchó su llegada y se percató que llevaban cubierto el rostro con gorros pasamontañas e iban armados con machetes y escopetas, y que además llevaban recipientes con gasolina. “Apenas pude sacar a mis hijos y mi esposa y decidimos huir. Nos refugiamos cerca de un río, regresamos a las 4:00 de la mañana del 16 de agosto, cuando ya se habían ido y nos dimos cuenta de que lo habían quemado todo, lloramos juntos en familia, una casa no se construye en cinco minutos”, relató Paau  y luego guarda silencio mientras observa los restos de su vivienda.

Los atacantes provocaron la destrucción total de seis casas, y causaron daños estructurales en otras once. “Las personas que nos hicieron esto buscaron las casas de los líderes de la comunidad, yo soy presidente de la comisión de salud (…) ellos saben que nosotros participamos activamente en el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode)”, precisó Otto René Coy, un campesino de 50 años que lo perdió todo, incluso las 200 libras de maíz que tenía listas para comerciar.

Otra de las afectadas fue Floricelda Cucul, quien perdió todo. Cucul estima que las pérdidas de sus pertenencias, que incluye el robo de un mototaxi, la quema de la siembra de cardamomo, que estaba prevista para cosechar la primera semana de septiembre, ascienden a unos Q150 mil.

El 18 de agosto a las 12:00 del mediodía, tres días después del ataque, tres patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) custodian la entrada de la comunidad, justo donde están los restos quemados de la casa de Edgar Choc, presidente del Cocode, quien asegura que los atacantes son un grupo armado que ha invadido el sector. Según los comunitarios, los agresores ocupan las tierras conocidas como Nuevo San Leonel, Balbatzul 1 y 2, las Pacayas y las Promesas, todas ubicadas en espacios baldíos de la finca Cubilgüitz “Ellos vinieron aquí hace algunos años, nos han querido convencer de que nos unamos a ellos, pero no hemos querido, por eso nos atacan sin mediar palabra”, señaló Choc.

Cubilgüitz: violencia para aquellos que buscan recuperar sus tierras

#Cobán Las seis casas de la comunidad La Urbana II en la finca de Cubilguitz que fueron consumidas por el incendio provocado por hombres armados el 15 de agosto, pertenecen a seis líderes comunitarios que cansados de la nula respuesta estatal para obtener la certeza jurídica de la tierra, han intentando negociar su compra de forma directa con la familia Dieseldorff desde hace dos años.

Posted by Prensa Comunitaria on Saturday, August 22, 2020

Carlos Guillero Artola, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en Alta Verapaz, indicó que actualmente sólo poseen información preliminar sobre el posible motivo del ataque contra los pobladores. “Al medio día del 15 de agosto hubo una persona herida por dos balas, una en la mano y otra en el glúteo, esta persona es del grupo que habita en la hulera y se cree que el incendio fue una venganza, la persona herida se encuentra en el Hospital Regional de Cobán desde el sábado. Para ser honesto, creo que al momento ni el Ministerio Público (MP) ha logrado determinar qué fue lo que realmente pasó”, indicó Artola.

La relación de la comunidad con los Dieseldorff

En 2001, las familias de la Urbana II dejaron de trabajar en la finca cafetalera y hulera de las Dieseledorff, luego de que tres generaciones labraron la tierra en condición de mozos colonos. Entre 1911 y 1954 su único pago era tener derecho a un lote de tierra para sembrar maíz y otro para levantar una casa, según Gustavo Bol, uno de los integrantes del Cocode, que también perdió su casa durante el incendio y que laboró como mozo colono más de 25 años. “Nos pagaban poco, eran 15 centavos al día y luego nos aumentaron a 70 centavos cuando trabajamos en la producción de hule”, recordó Bol.

“En 2001 nos dijeron que ya no tenían dinero para la maquinaria, ni para pagarnos, no nos quitaron la tierra en ese momento, nosotros queremos obtener estas tierras que nos pertenecen, pero pacíficamente”, agregó Bol.

El comisionado de salud de la comunidad, Otto René Coy, explicó que la comunidad perteneció al Comité de Unidad Campesina (CUC), desde el 2001 hasta mediados del 2018, “dejamos el CUC porque no logramos resolver el problema de la tierra en más de 15 años, además, la señora (Dorotea Diesseldorff), nos dijo que si dejábamos el CUC ella podía negociar directamente con nosotros y eso estamos haciendo desde hace dos años, los atacantes saben que nosotros vamos a comprar la tierra y por eso también nos atacan”, señaló Coy.

Aunque los comunitarios aseguran estar en negociaciones con las Dieseldorff para comprar las tierras, no cuentan con documentos que respalden los acuerdos que han logrado durante los dos años de negociación.

Un estudio registral y catastral sobre las fincas de todo el municipio de  Cobán, publicado en junio de 2015 por la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), señala que Rodrigo Coleman, administrador de la finca Cubilgüitz informó que tenían problemas con un grupo de personas que se estableció en una parte de la finca conocida como “la Ceiba”, que está conformado por terrenos baldíos. También expresó que ese problema había sido la causa de detener las negociaciones con los extrabajadores de la finca con quienes se sostienen pláticas para la venta directa del sector donde han habitado.

“Buscan debilitar la lucha por la recuperación de las tierras”

El CUC fue de las primeras organizaciones en pronunciarse por lo ocurrido en Cubilgüitz, en su comunicado del 16 de agosto atribuyen la responsabilidad del ataque e intento de desalojo contra la comunidad a la Fundación Turcios Lima, dirigida por el excomandante guerrillero César Montes, en conjunto con la familia Dieseldorff.

La familia Dieseldorff  respondió con un comunicado y señaló que las acusaciones del CUC eran falsas,  agregaron que cuatro fincas dentro de Cubilgüitz están invadidas y solicitó una nueva fecha de desalojo contra estas personas. Pero no explican, ni diferencian la relación con los pobladores de la comunidad afectada por el incendio provocado el 15 de agosto, que aseguran tener una mesa de diálogo directa con las dueñas para comprar la tierra. 

Por su parte, la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro), creada en junio de 2020 y formada por empresarios y dueños de fincas, cuyo objetivo es “defender la propiedad privada de ataques”, acusó directamente al Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) y al CUC, como responsables del ataque.

Edgar Choc, presidente del Cocode de la comunidad afectada, declaró que los atacantes en el momento de su ingreso violento a la comunidad, la noche del 15 de agosto gritaban: “venimos del CCDA” y otro grupo de pobladores aseguran que los atacantes decían ser integrantes del CUC.

“Es una estrategia vieja y muy usada por grupos paramilitares al servicio de los finqueros usar nuestro nombre en sus ataques para criminalizarnos”, señaló Lesbia Artola, dirigente del CCDA en Alta Verapaz. “A los terratenientes no les gusta que una mujer sea quien encabece procesos para la recuperación de las tierras”, resaltó.

“En 2018 asesinaron a cinco líderes campesinos del CCDA, en Alta Verapaz. Todos de las comunidades de San Juan Tres Ríos, Santa Elena y San Pedrito que tienen procesos legales para la recuperación de la tierra, es interesante que las investigaciones de estos asesinatos siempre concluyen en que fueron por crímenes pasionales o por problemas entre comunidades pero niegan que hay una disputa por la tierra”, respondió Leocadio Juracán dirigente del CCDA y exdiputado entre 2016 y 2020.

A menos de 24 horas del incendio, el presidente Alejandro Giammattei concluyó en un tuit que el ataque fue un “problema entre hermanos”, haciendo referencia a comunidades vecinas e indicó que ya tenían ubicados nombres de los responsables, pese a ello, según los reportes de PDH, no existe una versión oficial sobre el motivo del ataque.

El gobierno de Alejandro Giammattei debilitó los mecanismos existentes para que los pueblos indígenas demanden la certeza jurídica de sus tierras al eliminar  el único árbitro de problemas agrarios, la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), que fue disuelta por el en julio de 2020 junto con toda la institucionalidad de la paz y los derechos humanos, sus funciones serán concentradas por el ejecutivo en la nueva Comisión Presidencial de la Paz y Derechos Humanos (Copadeh). 

Ante este escenario de desatención estatal, las comunidades indígenas como La Urbana II en Cobán, ven como la salida más pronta recurrir a negociar directamente con los finqueros para comprar y recuperar sus tierras, porque los mecanismos del Estado para solucionar los problemas agrarios los han dejado décadas sin respuesta y vulnerables de posibles desalojos y ataques de sectores económicos que también reclaman estas tierras como suyas.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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