Alta Verapaz e Izabal viven una doble restricción de sus derechos constitucionales durante la pandemia

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Créditos: photo5062266906148448501

Por Aj Ral Ch’och’

Cinco municipios de Alta Verapaz e Izabal se encuentran bajo un estado de prevención desde el 13 de agosto, decretado por el Gobierno de Alejandro Giammattei, con el objetivo de “garantizar la paz y la seguridad” de esos territorios. Las comunidades sobreviven a la pandemia de coronavirus en una especie de “doble restricción” de sus garantías constitucionales, porque a nivel nacional ya existe un estado de calamidad pública.

En los municipios de Santa Catalina la Tinta y Panzós, en Alta Verapaz; El Estor, Morales y Livingston, en Izabal; es visible la militarización de las entradas y salidas de acceso a las comunidades.

La población maya Q’eqchi’ luchan por sobrevivir durante la crisis económica provocada por la pandemia de la covid-19, trabajando la tierra y comercializando el fruto de sus cultivos. Sin embargo, las amenazas de desalojos persisten en varias comunidades.

Un hombre Q’eqchi’ camina para poder llegar a trabajar a su parcela, en el municipio de Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz.

En el Mercado de Panzós se puede observar a mujeres y hombres mayas Q’eqchi’ vendiendo artesanías, verduras, comida y otros productos.

Una mujer y sus hijas acatan el uso de las mascarillas para evitar la propagación de la covid-19.

En el puente Cahaboncito, en Panzós, Alta Verapaz, miembros del Ejército mantienen un puesto de control militar, mientras un oficial se toma fotos con la bandera de Guatemala.

En la entrada al municipio de El Estor, en la ruta al Polochic y Cobán, Alta Verapaz, se puede observar un puesto de control militar.

Camiones de la compañía de níquel de CGN-Pronico de Solway Group continúan trabajado y circulan por la región sin ninguna restricción.

En la salida del municipio de El Estor, en la ruta a la aldea Río Dulce, los camiones de la empresa minera CGN-Pronico circulan con normalidad, pese a que sus operaciones fueron suspendidas por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) el 19 de junio de 2020, donde también se ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizará una consulta previa, libre e informada a la población Q’eqchi’ afectada por la explotación minera.   

Fotografías: Aj Ral Ch’och’

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