Ramón Cadena: “El presidente Giammattei crea crisis ficticias para restringir derechos humanos”

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Créditos: David Toro

Por David Toro

Ramón Cadena presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), opina que el estado de sitio declarado por el presidente Alejandro Giammattei en cinco municipios de Izabal y Alta Verapaz está justificado en un argumento falso y violenta los principios legales internacionales establecidos sobre la restricción de derechos humanos.

El presidente de la CIJ, junto al diputado Aldo Dávila de la bancada Winaq, accionaron este martes un recursos de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), contra el acuerdo gubernamental 13-2020 publicado por el presidente Giammattei en el diario oficial el 19 de julio y con el que le dio vida a un estado de sitio en los municipios de Morales, Livingston, El Estor de Izabal; Panzós y Santa Catarina La Tinta, Alta Verapaz.

“Un estado de sitio sirve para restringir derechos, pero para que este sea legal, debe existir una estricta necesidad, debe ser proporcional y legítimo según el artículo cuarto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (…) el presidente ha gobernado estos seis meses con base en restringir derechos, pero esto no puede depender de su voluntad”, explicó Cadena. Además, precisó que esto fue lo que motivó accionar el amparo contra el estado de sitio y que actualmente evalúa accionar penalmente contra el presidente por violentar garantías internacionales.

Cadena agregó que luego de hacer un análisis comparativo parece saber si el presidente hizo un “copia y pega” del decreto 10-2020 con el que dio vida al estado de sitio en Sololá, en junio de este año, para crear el decreto 13-2020 con el que se estableció la restricción de garantías constitucionales en Alta Verapaz e Izabal. “Eso es una prueba de que lo que hace el gobierno es crear una crisis ficticia, es una mentira, un invento para limitar derechos”, resaltó Cadena.

El Gobierno justificó a través de un comunicado que el estado de sitio fue establecido para combatir al narcotráfico, la migración ilegal, contrabando y otros hechos, pero no precisó un acto en concreto. Desde la perspectiva del abogado Cadena este tipo de crimen organizado se puede combatir sin necesidad de restringir derechos a comunidades completas.

Además del abogado Cadena, el asesor de la bancada Winaq, José Chic, opinó que este nuevo estado de sitio está creado para justificar un respaldo a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), la cual fue suspendida de forma definitiva por la Corte de Constitucionalidad el 11 de junio pasado, “este estado de sitio podría afectar el procedimiento de la consulta comunitaria que fue ordenada por la CC y que la CGN y el Ministerio de Energía y Minas deben cumplir”, añadió Chic.

El amparo presentado ante la Corte esta mañana, presentado por el diputado Dávila y el abogado Cadena, cuenta con el respaldo de ocho defensores de derechos humanos originarios de El Estor que se oponen a la extracción minera a las orillas del lago de Izabal.

Además de la acción concreta del amparo ante la CC, otros actores como la diputada Andrea Villagrán, de la bancada Bien, se pronunciaron en contra del estado de sitio. A consideración de la legisladora, esta medida es peligrosa en medio de una pandemia pues el masivo desplazamiento de elementos policiales y militares podría ser un foco de contagio en comunidades donde el COVID-19 aún no ha llegado.

Los interponentes del amparo esperan que la Corte de Constitucionalidad pueda resolver a favor en un plazo corto de tiempo, pues a su consideración si los magistrados conocen el expediente tarde no tendrá sentido porque el plazo de vigencia del estado de sitio ya habrá vencido como sucedió durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, cuando impuso un estado de sitio en 22 municipios de cinco departamentos en 2019 y la CC resolvió las acciones cuando el estado de sitio había finalizado.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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