Por: Aj Ral Ch’och’
La población maya Q’eqchi’ del municipio de El Estor, Izabal y tres municipios de Alta Verapaz, denunciaron que se ven afectados por la explotación minera en las zonas verdes y montañosas y que también amenaza la calidad del agua del lago de Izabal, que en marzo y abril de 2017 se tiñó de rojo.
Actualmente, las empresas mineras que operan en el lugar son Mayaníquel y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico) subsidiaria de Solway Investment Group, que adquirió la licencia del proyecto Fénix a través de la absorción de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). El proyecto Fénix se encuentra suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC) desde el 17 de julio de este año.
La destrucción de las montañas y el deterioro del medio ambiente preocupa a las comunidades maya Q’eqchi’ de los municipios afectados. A la fecha, la CGN no ha realizado la consulta comunitaria ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC).
En la sentencia del 17 de julio de este año, La CC ordenó que la licencia del proyecto minero Fénix reduzca el espacio territorial donde opera y estableció únicamente 6.29 kilómetros cuadrados de autorización, ya que actualmente tiene en su concesión de explotación territorial 247 kilómetros con 9 mil 978 metros para la explotación minera.
En la resolución de la CC, se solicitó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar, en un plazo de 18 meses, el proceso de preconsulta y consulta que está previsto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Ttrabajo (OIT).
La operaciones de la empresa minera CGN-Pronico siguen explotando los recursos naturales de la región, pese al amparo provisional otorgado en julio del 2019 por la misma CC y la situación de pandemia nacional provocada por la covid-19.
