Piezas de la crisis política actual en Guatemala

COMPARTE

Créditos: Arte: Stef Arreaga

Por Stef Arreaga J.

A través de esta nota buscamos que la ciudadanía pueda tener una aproximación al escenario político que se desarrolla en Guatemala. En medio de una crisis sanitaria, la crisis política toma  fuerza, y según expertos, sectores conservadores y vinculados a actos de corrupción amenazan con un golpe de Estado técnico.

Los elementos que ofrecemos son, parcialmente, datos proporcionados por el analista y abogado constitucionalista Carlos Bezares; pero también por la revisión de las posiciones expresadas por los actores involucrados así como las muestras de apoyo de sectores sociales. 

Cada cuatro años se eligen magistrados para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. El 18 de junio venció el plazo de 20 días ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los diputados en el Congreso de la República revisaran los expedientes de 270 candidatos a estas magistraturas para el periodo 2019-2024. Luego de ocho meses de atraso, parecía que finalmente se concretarían estas elecciones, pero una denuncia cambió el giro de esta elección.

De los actores visibles de esta coyuntura destaca la fiscal General del Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Congreso y por supuesto la ciudadanía guatemalteca. Y aunque no siempre visibles, también es necesario tomar en cuenta la influencia de una parte de la cupula empresarial, políticos acusados y otros condenados por delitos de corrupción y un grupo de militares acusados de corrupción y de la comisión de delitos de lesa humanidad, algunos de ellos guardan prisión.

La FECI da el primer golpe 

El 28 de mayo el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci)  envió un informe al Congreso de la República en el que detallaba que siete  magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de apelaciones, habían sostenido reuniones con Gustavo Alejos Cambra, exsecretario privado de la presidencia del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y financista de varios partidos políticos quien tiene varios procesos penales por estar implicado en cinco casos de corrupción y por negociar la elección de magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones.  

La CSJ y las salas de apelaciones, son imprescindibles para hacer justicia en casos de macro corrupción, cooptación del Estado y casos de delitos de lesa humanidad y genocidio, sentencias de violaciones a derechos humanos y resoluciones contra empresas con proyectos extractivistas.

En su informe, la Feci detalló de varias reuniones entre diputados, políticos y operadores de justicia que presuntamente buscaban influir en esas elecciones y agregó que habían identificado redes de corrupción que operan dentro y fuera del sistema de justicia para la toma de decisiones relacionadas con las magistraturas.

Los detalles de las investigaciones presentadas por la FECI del Caso Comisiones Paralelas 2020 entregado al Congreso, forma parte de lo ordenado por la CC el 6 de mayo, como respuesta al amparo presentado el 24 de febrero de este año por la fiscal general Porras contra la elección de magistrados que realizaría el Congreso.  

Para leer más sobre el tema:

https://prensacomunitaria.org/todos-los-ojos-sobre-el-congreso-por-eleccion-de-magistrados-de-altas-cortes/

La Corte suprema de Justicia ataca a la Corte de Constitucionalidad

El 26 de junio de 2020, el abogado José Roberto Hernández Guzmán, uno de los candidatos a magistrado de Sala de la Corte de Apelaciones, promovió un antejuicio en contra de cuatro magistrados constitucionales: Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amilcar Mejía Orellana y Neftaly Aldana Herrera. Ese mismo día, la CSJ resolvió que era procedente el antejuicio contra los cuatro magistrados, y convocó a una sesión extraordinaria.

La petición de Hernández Guzmán fue conocida por un pleno de magistrados suplentes, quienes no debían haber llevado a cabo esta acción sin que los magistrados titulares rechazaran antes conocer ese antejuicio. Y que además, aparecen como firmantes magistrados que están señalados en la investigación realizada por el MP cuando debieron haberse inhibido de firmar por haber intereses personales de por medio.  Aún así,  enviaron una copia legalizada al Congreso para que procedieran con el antejuicio contra los cuatro magistrados.

Organizaciones e instituciones en defensa de la Corte de Constitucionalidad

En ese contexto, Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos (PDH);  Hellen Mack, directora de la Fundación Mirna Mack; y el Abogado Edie Cux García, director de Acción Ciudadana, plantearon acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad  con dos argumentos: el primero, el pleno se integro por magistrados suplentes y no por títulares; y segundo, porque los candidatos a salas de apelación Wilber Castellanos Venegas y el vocal segundo de la Sala Mixta de Apelaciones de San Marcos, Edgar José López Esaillat, fueron señalados por la Feci de haberse reunido con Gustavo Alejos; y por último, uno de los diputados de la comisión pesquisidora del Congreso también se encuentra señalado.

El 27 de junio, la CC resolvió otorgar el Amparo Provisional con base en el Artículo 167 de la Ley de Amparo, que dice “los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los designó y conforme a los principios de imparcialidad no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”, con el objetivo de darle trámite al retiro de antejuicio en contra de sus cuatro magistrados. Esta resolución queda plasmada en el expediente 2187-2020.

El Congreso se pone los guantes 

El Congreso finalizó el 15 de mayo el primer periodo de sesiones ordinarias, por ello en sesión extraordinaría la Comisión permanente del Congreso designó una comisión pesquisidora para resolver lo ordenado por la CSJ.

La comisión pesquisidora quedó integrada por tres diputados: Luis Rosales, del Partido Valor como presidente de dicha comisión; Douglas Rivero, del Partido Humanista, como secretario; y Carlos Santiago Nájera Sagastume, como vocal el diputado por el departamento de Jutiapa de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien figura en el informe entregado por el fiscal Juan Francisco Sandoval.

En la página 36 del informe de la Feci, Santiago Nájera Sagastume figura porque en un teléfono celular, incautado durante el operativo en el que Gustavo Alejos fue detenido por infringir una medida para permanecer en un hospital de la zona 2, identificaron llamadas que él sostuvo con números cuyos titulares son personas o entidades con intereses directos o indirectos en causas judiciales, así como la elección de cortes.

La comisión no sólo siguió adelante con lo ordenado por la CSJ, sinó que presentó una denuncia ante la fiscalía de Delitos Administrativos del MP contra tres de los cuatro magistrados de la CC por los delitos de prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la carta magna y abuso de autoridad. Además, agregó que en el caso del magistrado Neftaly Aldana “mantendrían su expendiente bajo custodia”. Por último, a través de un comunicado informó que no cumpliría con lo ordenado por la CC de regresar el expediente original porque según ellos en el artículo 165 de la Constitución dice que el Congreso está facultado para conocer el antejuicio en contra de los Magistrados de la CC.

A esta cadena de hecho, se suman las declaraciones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara del Agro (Camagro), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon). Todos ellos, asegurando el abuso de poder por parte de los magistrados de la CC, porque en criterio, no pueden ser juez y parte. Además, la Alianza de Igesias Evangélicas lanzó un comunicado en donde atacan directamente a Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.

Stuardo Ralón no solamente es el presidente del Cedecon, el 28 de junio del año pasado en la asamblea general de la OEA fue elegido como comisionado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).  Según este órgano, es encargado de la promoción y protección de los derechos humanos. Dentro de sus atribuciones destaca la observancia de los derechos humanos en los estados miembros de la OEA, investiga denuncias, hace recomendaciones y puede presentar casos ante la corte y puede comparecer ante la misma.

La CC lanza un golpe directo

La CC al ver el desacato del parte del Congreso de la República,  la noche del 29 de junio emitió un comunicado en el que solicitó al Ministerio Público que iniciara las investigaciones pertinentes y que procedan conforme a la ley. Es en este punto en donde el futuro constitucionalidad pasa al escritorio de la fiscal general Consuelo Porras quien ordenará las investigaciones solicitadas por la máxima corte o tomará decisiones contrarias a lo que manda la constitución. 

Desde ese momento el silencio de la fiscal del Ministerio Público ha trascendido en las noticias sobre la coyuntura de la crisis política en Guatemala.

Autoría y edición

Investigadora, periodista y diseñadora gráfica.

COMPARTE