Ante la declaratoria de Estado de Sitio en municipios de Izabal y Alta Verapaz, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade
Manifiesta:
La conflictividad social y agraria no se resuelve con represión:
La declaratoria de Estado de sitio para municipios de El Estor, Morales y Livingston, de Izabal, y en Santa Catalina la Tinta y Panzós, de Alta Verapaz, no corresponde a las normas de gobernanza prescritas en la Constitución Política de la República. Por el contrario el uso de la fuerza y la militarización, solamente agudizan el clima de tensión social y profundizan la angustia de la población.
Deben prevalecer mecanismos de diálogo y consenso, acompañados por una institucionalidad pública fortalecida que brinde respuestas a las necesidades y requerimientos de la población.
La situación en los municipios referidos en el Decreto Gubernativo 13-2020, es producto del abandono histórico del Estado, y no se soluciona con la restricción de garantías constitucionales. Las medidas de fuerza afectan principalmente a los pobladores de la subregión, mayoritariamente Q´eqchi.
El Estado de Sitio no debe ser la forma privilegiada de Gobierno:
Se pronuncia en favor de crear un clima democrático de Gobierno, en el que la acción punitiva del Estado sea la última medida. No es sano para el desarrollo democrático, gobernar bajo estados de excepción.
La historia de Guatemala, está plagada de este tipo de decisiones cuyas consecuencias nunca han sido la resolución ni transformación de los conflictos; más bien han debilitado la legitimidad del Estado.
La restricción de garantías no debe usarse como mecanismo para esconder la grave crisis de salud, economía y gobernabilidad que vive el país:
Llama poderosamente la atención que en medio del errático manejo de la pandemia, la inestabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la inoperancia de los programas de asistencia a la población vulnerable y la reciente exposición pública presidencial en una lamentable expresión de intolerancia y racismo ante autoridades ancestrales del pueblo kaqchikel, surja un Decreto de Restricción de Garantías, cuando la demanda social en aquellos municipios es por la resolución pacífica de los conflictos.
En El Estor, PDH junto al Ministerio de Gobernación, ha coordinado la instalación de una mesa de diálogo para la atención y transformación de los conflictos, en aras de la convivencia pacífica.
Recomienda:
Al Presidente del República,
- Revocar la decisión de cierre de la Secretaría de Asuntos Agrarios, que dejó sin institucionalidad a cargo, la conflictividad agraria tan presente en el país y en los municipios, de El Estor, Morales, Livingston, Santa Catalina la Tinta y Panzós, ahora afectados por el Decreto Gubernativo de restricción de garantías constitucionales.
- Fortalecer la institucionalidad civil y redoblar su presencia en Alta Verapaz e Izabal, en respuesta a las demandas y necesidades de la población y a la urgente atención a los conflictos sociales y agrarios en aquellos municipios.
Al Congreso de la República,
- Improbar el Decreto 13-2020 que restringe las garantías en los municipios referidos, porque se ha demostrado en distintos casos que implementar un Estado de Sitio no soluciona los problemas de fondo, igual como se señaló en su momento para los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá en Sololá.
- Conocer y aprobar la iniciativa de Ley 4985 que contiene las reformas a la Ley de Orden Público, la cual ya cuenta con opinión favorable de la honorable Corte de Constitucionalidad, cuya pretensión es armonizar los contenidos de aquella ley con los principios y garantías constitucionales en materia de derechos humanos.
Guatemala 19 de julio 2020
