Por Redacción
La Corte de Constitucionalidad (CC) desarrolló una vista pública virtual el jueves 23 de julio para conocer los argumentos de diversas organizaciones de la sociedad civil que presentaron acciones de amparo contra el Decreto 4-2020 del Congreso de la República, que plantea una serie de reformas a la Ley de Oenegés.
Al inicio de la sesión, Gloria Porras, magistrada presidenta, leyó las acciones constitucionales presentadas por los distintos actores, ente ellos, la bancada legislativa de Winaq, la Fundación Myrna Mack, la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (Adivima), y el diputado Orlando Blanco Lapola, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Una de las primeras organizaciones en tomar la palabra fue la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), a través de su representante legal Esteban Celada. “Desde el inicio de la formación de la iniciativa de ley 52-57, que reforma a la ley de organizaciones no gubernamentales, se ha visto una intención, que no es la fiscalización (…) sino por el contrario, es la censura y el coartar derechos fundamentales colectivos de los guatemaltecos y las guatemaltecas por medio del control de la censura de la represión y de la criminalización”, dijo Celada.
Durante el transcurso de la sesión, el diputado Édgar Batres de la bancada legislativa Winaq, indicó que al revisar los eventos de votación del pleno de la sesión del 11 de frebrero de este año, se estableció que en ningún momento del proceso se cumplió con mayoría calificada, violentando de esa manera el requsíto para ese proceso. “Los votos a favor obtenidos no produjeron mayoría calificada”, argumentó Batres.
La abogada Flor de María Salazar, de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (LEGIS), comentó que a la fecha existen en Guatemala organizaciones fuertes de sociedad civil que brindan apoyo altruista y fiscalización ciudadana, que de entrar en vigencia esas reformas a la ley, se verán limitadas en los derechos fundamentales y el principio democrático de control del poder, que repercutirá en las expresiones ciudadanas organizadas.
Por su parte, Alejandro Valverth, también de la LEGIS, añadió que el Estado de Derecho se encuentra amenazado con las reformas a esta ley, porque pone el control del Estado sobre las expresiones organizadas del país y no al revés, dañando gravemente los pesos y contrapesos necesarios en una democracia.
El abogado Rootman Pérez, en representación de la Fundación Myrna Mack, citó el proceso que no se cumplió al aprobar las reformas a ley en el Congreso, porque no hubo mayoría calificada en la sesión. Además, agregó que se producen reformas a las leyes orgánicas de otras instituciones del Estado, como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que tampoco fueron sometidas a discusión.
Roberto Solórzano, representante legal de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), indicó que el derecho a la libre asociación abarca tanto el derecho de la persona como de los grupos, para procurar los fines en común que garanticen una convicencia democrática. “El Estado debe proveer las condiciones adecuadas para que esa libre asociación se pueda propiciar, como medidas positivas. No nos oponemos a la fiscalizción pero sí bajo estánderes adecuados”, comentó.
En la sesión virtual de la vista pública, también tomó la palabra Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos, quien precisó que la libertad de asociación es un derecho humano fundamental y restringirlo significaría un grave retroceso que debilitaría la democracia. Al mismo tiempo, reconoció el aporte que las oenegés han brindado a la sociedad ante la ausencia del Estado y concluyó mostrando su preocupación por las atribuciones que el Ministerio de Gobernación tendría con la ley, porque podría actuar de oficio y de manera discrecional y solicitando que se declare con lugar las peticiones de las partes.
El Decreto 4-2020, que contiene las reformas a la Ley de Oenegés del Congreso de Guatemala, fue aprobado el 11 de febrero de 2020. 108 diputados y una junta directiva parlamentaria afín al presidente Alejandro Giammattei modificaron la agenda de la sesión de ese día para conocer y aprobar en tercera lectura la propuesta de ley con 83 votos a favor.
La misma fuerza legislativa de 14 bancadas que llevó a Allan Rodríguez, del partido Vamos, a la presidencia el 14 de enero, demostró su capacidad operativa y logró aprobar una de las leyes que quedaron estancads en la legislatura anterior 2016-2020.
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