Por Stef Arreaga
La reforma de la Ley de Reconciliación Nacional pretende que se otorgue el perdón y la libertad de los perpetradores de masacres cometidas durante los 36 años de guerra en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad ordenó, de forma provisional, la suspensión de esta iniciativa y este jueves se llevó a cabo una vista pública para que los magistrados escucharan argumentos que les permitirá emitir una resolución final.
Este 30 de julio se celebró una vista pública en la Corte de Constitucionalidad para escuchar los argumentos de las organizaciones que presentaron amparos contra la iniciativa presentada por el exdiputado Fernando Linares Beltranena en 2019. Según la ley de amparo los magistrados tendrían un plazo de 5 días para dar una resolución final, aunque este tiempo puede extenderse hasta un mes por la carga de trabajo de esta máxima corte.
De acuerdo con esta iniciativa, la aprobación de esta reforma de ley paralizaría las investigaciones en curso y adquiriría carácter retroactivo. Permitiría que en 24 horas las personas, civiles y militares, condenadas y encarceladas por graves violaciones a los derechos humanos tendrían que ser puestas en libertad.
Esteban Celada, asegura que lo que intenta hacer la iniciativa 53-77, es vender la idea de que “militares y guerrilleros serán beneficiados”. Los interesados en esta reforma aseguran que no puede ser posible que haya una caza en contra de “héroes de guerra”, cuando lo que ocurre es que atenta contra derechos colectivos y derechos individuales. “La ley no es retroactiva por lo que las acciones deberían de ser a futuro. Pero en esta iniciativa, quienes la impulsan están contemplando acciones del pasado para beneficiar a los perpetradores”, agregó el abogado.
En esta vista pública estuvieron presentes organizaciones de sobrevivientes de la guerra y organizaciones sociales, que presentaron argumentos en contra de la intención del Congreso de la República y sectores conservadores de reformar esta ley de Reconciliación Nacional.
Dos de los amparistas expresaron:
“Soy hijo de Gaspar Vi, que murió quemado en la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Respecto a la ley de Reconciliación Nacional que quieren aprobar los diputados del Congreso de la República, causa impunidad en Guatemala, dejar libre a personas que cometieron masacres, secuestros y torturas en el país es como borrar la memoria de las víctimas y borrar la historia del país. Como guatemaltecos tenemos derecho a la justicia y que el Estado tiene una deuda con nosotros porque no han cumplido lo que han prometido con los acuerdos de paz.”
—Sergio Fernando Vi—
Mientras tanto, el Edgar Pérez Archila, del Bufete de Derechos Humanos, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos y desaparecidos de Guatemala (Famdegua) inició su intervención citando a Eduardo Galeano con la frase: “la impunidad permite y premia el delito, induce a su repetición y la hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo”, también agregó que se trata de una circunstancia de gravedad porque se está pretendiendo violentar los derechos humanos.
Por su parte, la abogada Jovita Tzul, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) argumentó ante los magistrados que no se pueden avalar amnistías ilegales y que de materializarse esta iniciativa estaría colocando a víctimas, abogados, organizaciones de derechos humanos y testigos en un peligro de seguridad inminente al dejar libres a los responsables de esas masacres. Esto vulnera sobre todo a mujeres víctimas y sobrevivientes que han pasado más de 30 años buscando justicia en casos emblemáticos que han tenido condenas.
Asimismo, el abogado Alejandro Aspuac, representante del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) dijo: “la iniciativa 5377 pretende en 24 horas tratar de borrar toda la lucha dejando en libertad a los condenados. Esto iría en contra de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia. El caso del Jute, el caso Edgar Fernando García, el caso de Edgar Sáenz Calito, el caso de la Masacre de las Dos Erres, la quema de la embajada de España, el caso del Genocidio Ixil, el caso de Marco Antonio Molina Theissen, el caso Creompaz, todos estos casos tienen un denominador común: la grave violación a los derechos humanos”.
Lucía Xiloj, abogada del amparista Sergio Fernando Vi indicó: “El amparo es la única vía para poder evidenciar estas amenazas y está en ley pues según la Constitución se instaura el amparo contra las amenazas a los derechos de las personas e indica que no hay algo que no sea sujeto de amparo y que tiene dos efectos: el preventivo y el reparador.”
“En el caso de estas sentencias históricas en donde se llevó un proceso penal como lo dicta la ley, al no poder hacer más en tribuales, los interesados pretenden que lo haga el Congreso. Hay un abuso de poder, una intromisión, y abuso de autoridad porque contraviene la propia constitución. No se puede tener dignidad si no tiene memoria, no se puede tener justicia sin la verdad. Y eso es lo que construye el Estado democrático de derecho”, agregó Celada.
La Ley de Reconciliación nacional 146-96 fue uno de los resultados de los acuerdos de la firma de paz en 1996. El espíritu de la norma era que sirviera como un instrumento básico para las partes involucradas en el conflicto armado: promueve la concordia, el respeto mutuo, tratando de conservar el tejido social y los derechos humanos. En el contenido de esta ley se estableció que los delitos de lesa humanidad, individuales y colectivos no deben quedar en la impunidad, que deben ser juzgados y que además no son sujetos a amnistía.
Sin embargo, a criterio del abogado Esteban Celada, representante legal de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM), que han sido querellantes en otros juicios, hay una serie de intentos que se han venido gestando para que esto quede en la impunidad, obviando lo que establece la Corte de Constitucionalidad (CC), cuando indica que no es posible la modificación de esta ley que es de estricto cumplimiento.
Antecedentes de la reforma
En 2019, el exdiputado Fernando Linares Beltranena, buscó reformar esta Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala pretendiendo una amnistía para los casos graves de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante los 36 años de guerra interna en el país. El objetivo: la suspensión de procesos judiciales de lesa humanidad.
La propuesta de Beltranena avanzó en su aprobación en segunda lectura en el Congreso de la República, pero luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la CC le ordenaron al Legislativo archivarla y suspender su aprobación a través de un amparo que quedó establecido de forma provisional.
Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en Guatemala, la guerra interna que duró más de 36 años, dejó una de las historias más sangrientas en el continente. En el mismo sentido, el informe “Guatemala, memoria del silencio”, registra más de 42 mil víctimas de violaciones de las cuales 29 mil luego fueron ejecutadas o desaparecidas. A esto se le suma la desaparición y muerte de más de 200 mil personas. El 93% de las violaciones documentadas se le atribuye a las fuerzas del Estado y grupos paramilitares, el 4% no se tiene información y el 3% a la guerrilla.
Durante los 36 años de guerra, el periodo que registró más violencia se dio entre 1978 y 1985, cuando se produjo el mayor número de víctimas, principalmente la población maya de los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, además de pobladores de la costa sur y la ciudad capital.
