Créditos: David Toro
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Por David Toro

Las medidas para contener el avance de la COVID-19 comienzan a suavizarse con las disposiciones anunciadas por el presidente Alejandro Giammattei en la cadena nacional del 26 de julio. El anuncio se hizo en medio de una Guatemala donde las autoridades de Salud no pudieron evitar el colapso de los hospitales que atienden la emergencia; y cuando el pico más alto de contagios llegará hasta septiembre, según la información oficial.

El nuevo sistema de semáforo, que regirá qué medidas deben ser adoptadas a nivel municipal, será un control del estado de la pandemia que se realizará cada 14 días por medio del porcentaje de nuevos casos activos y la cantidad de pruebas de diagnóstico realizadas.

El rojo, que señala la alerta máxima, está presente en 158 municipios del país según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), pero el color no significa detenerse, por el contrario, el gobierno colocó medidas flexibles, como permitir de nuevo el funcionamiento del transporte público a 50 % de su capacidad, abrir centros comerciales con medidas de distanciamiento y reducción del toque de queda, que ahora será de las 21:00 p.m. a las 4:00 a.m. del día siguiente.

Durante la cadena nacional, tanto el presidente Giammattei como Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), señalaron que este proceso de reapertura económica podría provocar un aumento de los casos, pero que todo depende de la población y que sigan las medidas como usar mascarilla, lavarse las manos y mantener distancia física.

Avanzar con el semáforo rojo y a ciegas

En la antesala a la reapertura económica, el 18 de julio el gobierno decidió presentar un tablero virtual para actualizar los casos de COVID-19 y dejaron de entregar el reporte diario que se publicaba en redes sociales, además, ese día ajustaron los datos y los casos de pacientes recuperados pasaron de ser 4 mil a 23 mil registrados, la ministra Amelia Flores aseguró en su momento que esto era por una “limpieza de datos” que se había realizado.

Karin Slowing, analista del Laboratorio de Datos, opinó que detrás del nuevo sistema de semáforo no hay criterios técnicos, “no tienen fundamentos, no se basan en la cantidad de pruebas, es lamentable que para los municipios en naranja y amarillo las medidas sean casi las mismas, creo que en 10 o 15 días veremos una escalada significativa de casos a causa  de esta decisión apresurada”, resaltó.

Hasta este 27 de julio, Guatemala registra 45 309 casos de COVID-19 y 1 761 fallecimientos. El comisionado Asturias dijo el 13 de julio en una citación con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que si se retiran las medidas que estaban vigentes en ese entonces, antes de entrar en vigencia el semáforo, podrían haber más de 200 mil casos en octubre, además este lunes, Edwin Montufar, viceministro de salud, aseguró ante diputados de la bancada UNE que para marzo de 2021 se espera tener 1.2 millones de casos positivos en el país.

Los criterios para decidir qué color asignar a cada municipio, según los criterios del MSPAS, están determinados por la cantidad de casos por cada 100 mil habitantes, el porcentaje de pruebas positivas y el número de pruebas realizadas diariamente por cada 1 mil habitantes.

Por su parte, el Ejecutivo suprimió el criterio de disponibilidad de camas para pacientes críticos en la red nacional, que formaba parte del sistema de desescalada de cuatro fases que el comisionado Asturias había anunciado el 5 de junio y que había sido aprobado en el decreto ministerial 146-2020, pero no llegó a funcionar; y tampoco se alcanzaron las 5 mil pruebas diarias que el propio Asturias había recomendado como medida clave previo a retirar medidas.

“No estamos listos para un sistema de semáforo”, asegura la diputada Lucrecia Hernández Mack, de la bancada Semilla. Desde su perspectiva, el nuevo sistema de alerta del Ejecutivo no es viable porque Guatemala no ha logrado descentralizar el proceso para realizar pruebas de COVID-19 y tampoco existen datos confiables. “La confianza en los datos se ha deteriorado en las últimas dos semanas (…) las medidas para la alerta máxima son demasiado flexibles, son medidas para un color amarillo, el rojo significa parar, pero aquí es siga con precaución”.

“Se ha dejado de tomar en cuenta criterios técnicos para la reapertura, hubo un intento para usar criterios sanitarios pero el semáforo es un reflejo de una correlación de fuerzas, donde lo sanitario es solo un pequeño insumo, aquí hay presiones políticas y económicas, es una decisión que refleja una lucha de intereses de sectores que no priorizan la salud, la decisión final aquí ha sido del presidente”, señaló la diputada Hernández.

“¿Para qué continuar con el estado de calamidad?”

En medio de las nuevas disposiciones para reactivar la economía, el gobierno también decidió decretar una prórroga de 30 días para el estado de calamidad pública, que ha estado vigente desde el 11 de marzo, tiempo antes de que se detectara el primer caso de COVID-19 a nivel nacional.

Pero en esta ocasión el estado de calamidad no contará con el apoyo de todo los legisladores que lo respaldaron al inicio de la emergencia, “no entiendo para que quieren seguir con el estado de calamidad si no han podido ejecutar los préstamos y bonos que se aprobaron para los hospitales, tampoco les han pagado a los médicos, la gran duda es ¿por qué no han ejecutado los recursos en cinco meses, para qué quieren más tiempo de calamidad si ya están abriendo todo?, el ejecutivo debe resolver esa cuestionante”, señaló la diputada Evelyn Morataya, de la bancada Bienestar Nacional (Bien).

“El Ejecutivo no responde a todos los sectores, aunque hay una crisis sanitaria, este gobierno es el que más dinero ha tenido a su disponibilidad”, agregó Morataya. El gobierno de Guatemala obtuvo $ 800 millones en préstamos para la emergencia y según la última fiscalización de la diputada, cinco de los siete préstamos que equivalen a más de Q 6 mil millones no han sido ejecutados a más de cuatro meses de haber sido aprobados.

No hubo respuesta del Gobierno para los médicos del Hospital Roosevelt que pidieron una reunión para solucionar el colapso el 22 de julio, pero las nuevas medidas parecieran que son una respuesta para el sector económico globalizado que ha pedido en reiteradas ocasiones flexibilizar medidas, aún en medio el riesgo que significa y que podría tener un impacto negativo, Guatemala  comienza a pisar el acelerador en los próximos 14 días con el semáforo en rojo.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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