Por Aj Ral Ch’och’
Luego de que el Congreso de la República no ratificó el Decreto 13-2020, para la implementación de un estado de sitio en los municipios de El Estor, Morales, Livingston en el departamento de Izabal; y en Panzós y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verpaz; el lunes 28 de julio el presidente Alejandro Giammattei y su Consejo de Ministros, publicaron un nuevo decreto para implementar un estado de prevención en esas comunidades.
El nuevo Decreto 14-2020, publicado en el Diario de Centroamérica, justifica la medida en esos municipios durante 15 días porque “se han realizado acciones que afectan el orden, la gobenabilidad y la seguridad de los habitantes”.
Para las organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos y que presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la primera medida del estado de sitio, es preocupante que de nuevo se recurra a un estado de prevención para buscar la gobernabilidad en esos municipios.
Jovita Tzul, abogada especialista en pueblos indígenas, comentó: “desde que se intentó aprobar el estado de sitio para estos cinco municipios todo fue ilegal”, y añadió que el nuevo estado de prevención que ahora se plantea: “es una decición que puede ser tomada sólo por el Gobierno y sus ministros porque no se nesecita la ratificación del Congreso”.
La abogada también expresó su preocupación porque constituye una limitación de garantías adicionales para esas comunidades, porque ya existe un estado de calamidad nacional por la emergencia de coronavirus.
Una autoridad comuntaria de el Estor, Izabal, que no quiso proporcionar su nombre por seguridad, dijo que el estado de prevención solo beneficia a unos pocos y que buscan limitar el derecho de toda la pobalción maya Q’eqchi’ en esa región. “Nosotros perdemos y otros ganan para hacer lo que ellos quieren. En el Estor hay más de diez comunidades que tienen amenazas de desalojos”, expresó.
En el Estor se encuentran las empresas de palma aceitera Naturaceites, finca bananera el Murciélago y las mineras Mayaniquel y CGN-PRONICO de Solway Investment Group. Actualmente la licencia minera del proyecto Fénix, de esa compañía, está suspendida por una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 17 de junio de este año donde se ordenó al ministerio de Energía y Minas, realizar una consulta en 18 meses a la población afectada maya Q’eqchi’
La empresa minera CGN-PRONICO también fue suspendida provisionalmente desde junio de 2019, por la misma CC, pero nunca dejó de operar y según denuncias de los trabajadores mineros incluso la producción aumentó, por lo que se registró explotación laboral, pero nunca se resolvieron sus demandas de aumento salarial.
Suspensión de garantías constitucionales
Las medidas del estado de prevención limitan los derechos ciudadanos de la población de esas comunidades como las manifestaciones públicas, reuniones y el ejercicio de libertad de expresión.
Héctor Colop, representante de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), comentó que ven con mucha preocupación que se limite la libertad de expresión, porque “en esos municipios funcionan varios medios de comunicación comunitarios, que tienen un papel muy importante en el traslado de información a las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes en sus propios idiomas”.
Denuncias sobre casos de coronavirus
A pesar de las medidas presidenciales tomadas por la pandemia a nivel nacional y la resolución de la CC, la compañía de níquel no suspendió sus actividades de explotación y se conoció que algunos trabajadores habrían dado positivo a covid-19, pero se exigió al resto que no divulgaran ningún tipo de información para no alertar a la población.
La empresa habría realizado las pruebas para detectar covid-19 en su clínica privada y hasta el momento se desconoce si las autoridades del ministerio de Salud fueron informadas sobre los casos.
Por las denuncias anónimas de los trabajadores se conoce que varios fueron enviados a cuarentena y solo se les indicó que la empresa estaría en contacto con ellos para reanudar labores.
