Por David Toro
El presidente Alejandro Giammattei tiene 48 horas para enviar un informe circunstanciado a la Corte de Constitucionalidad (CC) para exponer los hechos concretos que justificaron el establecimiento de un estado de sitio en 5 municipios de Izabal y Alta Verapaz.
Luego de que el 20 de julio, el Comité de Unidad Campesina (CUC) accionara un amparo contra el decreto 13-2020, que dio vida al estado de sitio en los municipios de Panzós, Santa Catarina La Tinta, Alta Verapaz; y Morales, Livingston y El Estor, Izabal, la CC decidió solicitar al presidente Alejandro Giammattei que envíe en un plazo de 48 horas un informe para que justifique y detalle las circunstancias del estado de excepción durante 30 días.
El estado de sitio no tiene justificación
El abogado Sergio Beltetón, del CUC, explicó que la decisión de la CC de pedir al presidente Giammattei que explique porque decidió decretar un estado de sitio en este territorio les parece acertada, aunque en su criterio, los magistrados tenían elementos suficientes para otorgar el amparo provisional y suspender el estado de sitio de manera inmediata.
“Nos hemos basado en el derecho internacional en materia de derechos humanos y pueblos indígenas para oponernos al estado de sitio y en ningún momento han podido exponer que motivó haberlo decretado. Según la ley de orden público tendría que existir eventos previos de desorden de alto impacto o hechos de anarquía como asesinatos de autoridades o funcionarios públicos, pero el narcotráfico y el crimen organizado no es justificación para vulnerar derechos de las personas”, detalló Beltetón.
El segundo argumento del CUC fue el desplazamiento militar y policial en condiciones de pandemia, porque para esta organización, podría significar un riesgo de contagio de COVID-19 para comunidades indígenas que hasta el momento no presentan contagios.
Además, el 21 de julio, el diputado Aldo Dávila de la bancada Winaq y el abogado Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), presentaron un amparo bajo los mismos argumentos contra el estado de sitio y resaltaron que el presidente Giammattei está creando crisis ficticias para justificar la limitación de derechos.
“Un estado de sitio no va a solucionar nada”
Adicionalmente a las dos acciones de amparo, la Asamblea Social y Popular y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio Castañeda de León”, acompañados por la asesoría legal del Bufete para Pueblos Indígenas y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, se sumaron con una acción de inconstitucionalidad ante la CC con la misma finalidad: lograr la suspensión del estado de sitio.
“Un estado de sitio no va a solucionar los problemas con el narcotráfico, no creemos que el presidente pueda justificar ante la CC el estado de sitio, porque Izabal y Alta Verapaz ni siquiera están entre los departamentos con más alto índice de criminalidad a nivel nacional”, señaló Laura Aguiar, secretaria general de la AEU.
Aguiar también añadió que durante el Gobierno de Alejandro Giammattei, los estados de sitio han sido implementados en regiones del país donde existen comunidades en resistencia contra megaproyectos, como en El Estor contra la extracción de minerales que realiza la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-PRONICO), y en Alta Verapaz contra las empresas de palma africana.
Por su parte, la abogada Jovita Tzul, de CALDH, informó que aún la CC no ha dado trámite a la acción de inconstitucionalidad, pero esperan que la respuesta llegue pronto. “Es importante que se detenga este estado de sitio porque hasta el momento el Ejecutivo ha sido incapaz de explicar y mostrar cuál fue el hecho concreto que le daría legitimidad a su decisión”.
Hasta el momento, el estado de sitio lleva cuatro días vigente y el Congreso tiene programado conocer su aprobación en una sesión extraordinaria este 23 de julio por la tarde.
