Por: Lourdes Alvarez
El ejercicio de investigación periodística representa un peligro potencial para quien lo realiza. La fiscalización de presupuestos, las solicitudes para conocer la información que no se divulga por las fuentes oficiales o una pregunta que incomoda, resultan motivos suficientes para cancelar, censurar y hasta perseguir a las y los periodistas.
Para los periodistas que se encuentran en los departamentos el trabajo se complica porque deben realizar su labor bajo riesgos a su integridad y en otros casos bajo las amenazas de grupos vinculados a actores o empresas que han sido denunciados por pobladores. A ello se suma, las denuncias de censura, falta de información y exclusión por parte de funcionarios.
Síntomas de autoritarismo
En Guatemala, desde hace algunos años, “estamos viviendo una regresión autoritaria sobre el derecho de acceso a la información y libertad de expresión, que inició en el Gobierno de Jimmy Morales y que se ha profundizado en este Gobierno”, según la periodista Marielos Monzón.
Monzón señaló que, a ese autoritarismo que no le gusta que lo indaguen, se le presentó una excusa perfecta durante la crisis de pandemia de coronavirus para recortar las libertades ciudadanas. “Por eso atacan a las y los periodistas en su labor de investigación y fiscalización”, añadió.
La periodista resaltó que el peligro de la censura no es exclusivo para el ejercicio periodístico, “es un mensaje para toda la ciudadanía, porque se recorta el derecho a la información y movilización, quien diga algo o cuestione, va a terminar asesinado o desaparecido como en los capítulos más oscuros de las dictaduras”.
Otro de los aspectos que Monzón destacó refieren a la implementación de “la muerte civil” para las y los comunicadores que buscan evidenciar la corrupción, la impunidad o la violación de los derechos humanos. “Con las campañas de desprestigio quieren quitarle el activo más grande que tienen, su credibilidad”, indicó.
Para Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), ese tipo de prácticas de censura a la libertad de expresión y derecho de información “no es poca cosa, porque en el marco de la pandemia la inexistencia de la información redunda en muertes”.
Asimismo, mencionó que han recibido varios casos de denuncias sobre corporaciones municipales en los departamentos del país que no brindan información sobre la ejecución de presupuestos para atender la pandemia y eso implica graves riesgos para la población.
Persecución selectiva
Otro de los casos a los que Udefegua ha brindado acompañamiento es la serie de hostigamientos e intento de “muerte civil” a los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa, que luego de publicar trabajos de investigación sobre los asesores presidenciales Poll Anria y Kif Nava, fueron blanco de ataques directos e indirectos por el presidente Alejandro Giammattei.
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“Nos acusan, nos persiguen y nos bloquean, pero seguimos insistiendo porque creemos que para sacar adelante a este país no existe una receta mágica, se debe trabajar, investigar y señalar las desigualdades y la corrupción”, comentó Del Cid.
El trabajo de las y los periodistas independientes o de medios comunitarios, además, implica un doble riesgo, según Del Cid, porque “se crean estigmas, prejuicios, se criminaliza y hasta se cierran fuentes de trabajo para amedrentarnos”.
Sobre esas amenazas y ataques a raíz de las publicaciones vinculadas al asesor Anria, la
Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) atendió las denuncia de Del Cid, Figueroa y Vicente Carrera.
Otro de los casos emblemáticos de criminalización al ejercicio periodístico es el de Carlos Choc, un periodista maya Q´eqchi´ que investigó y documentó la contaminación en el lago de Izabal, desde El Estor, Izabal, producto de la explotación minera.
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Para los periodistas que se encuentran en los departamentos, algunos de medios comunitarios, el trabajo se duplica por las condiciones en que deben realizarlo. Incluso han recibido amenazas. Recientemente, los periodistas Adán Pérez, Francisco Pérez López, Joel Pérez, Luis Oliva, Ottoniel Poou, Pablo Santay Galicia y Santiago Botón Simaj, denunciaron censura, falta de información y exclusión por parte de funcionarios.
“Nosotros los periodistas y medios de comunicación, no queremos sumar sobre nuestras espaldas otra batalla por exigir el derecho a la información pública, por encima del riesgo y el peligro que representa el coronavirus para nuestro ejercicio comunicacional cotidiano”, indicaron en un comunicado el 7 de julio.
Sobre la problemática, Tania Palencia Prado, escritora, investigadora y analista política, indicó que históricamente el Estado de Guatemala mantiene a la población bajo una estructura de dominación criminal que ha restringido los espacios públicos y los derechos humanos.
“Guatemala históricamente se ha caracterizado por tener una política de censura y de control de información, han detenido a periodistas, han perseguido a los que han expresado inconformidad, porque siempre se ha considerado a la población como un enemigo interno”, precisó.
Las y los entrevistados coincidieron que, ante la censura, la falta de información y el inminente peligro para las libertades constitucionales, es importante que la ciudadanía se articule a favor de la denuncia y la defensa de sus derechos.
“La articulación es central para la defensa de la libertad de periodistas y de toda la población”, concluyó Palencia.
