Por Miguel Vargas Delgado
A pesar de la alta presencia de población indígena, las instancias estatales de Bolivia no han desarrollado políticas específicas que garanticen su supervivencia frente al coronavirus. Ante la ausencia de información oficial, las organizaciones de derechos humanos advierten que 52 de los 59 Territorios Indígenas Originarios Campesinos se encuentran amenazadas por su cercanía a municipios con contagios. La situación de desamparo y abandono hacen temer un etnocidio.
Han transcurrido 111 días desde la llegada del Covid-19 a Bolivia. Las cifras oficiales han registrado 30.676 contagios y 970 fallecidos. Sin embargo, el registro no refleja la verdadera magnitud y los efectos de la pandemia. El colapso en el sistema de salud y la inexistencia de medios clínicos (pruebas virales) dejan al país en el subregistro y la incertidumbre.
Para los pueblos indígenas la situación es aún más dramática. Si bien a partir de la promulgación del texto constitucional en 2009, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional Comunitario, desarrolla un amplio catálogo de derechos humanos y crea una legislación que incrementa los mecanismos de protección para estas colectividades como la Ley N° 450 de “Protección a las Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabiliad”, la pandemia deja al descubierto el desamparo en el que viven las comunidades. Este abandono cruza a las instancias estatales en todos sus niveles y evidencia la profunda brecha existente entre el reconocimiento y la implementación de los derechos colectivos, siendo el acceso al sistema de salud universal y gratuito el ejemplo más evidente en estos días.
“En el contexto del Covid-19 los pueblos indígenas no son prioridad para el Estado, por lo que se encuentran en situación de abandono y en riesgo de etnocidio.”
En consecuencia, estas líneas parten de una afirmación inequívoca: en el contexto del Covid-19 los pueblos indígenas no son prioridad para el Estado, por lo que se encuentran en situación de abandono y en riesgo de etnocidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), para el año 2012 el 48,9% de la población nacional se auto-identificaba con alguno de los 34 pueblos indígenas que habitan en las tierras bajas y 16 en las tierras altas. Un porcentaje tan importante de mujeres y hombres de pertenencia étnica a nivel nacional debería ser condición suficiente para que las instancias estatales consideren el relevamiento de información sobre la situación de estas colectividades frente a la pandemia. Sin embargo, esto no ocurre. La ficha epidemiológica y de solicitud de estudios de laboratorio Covid-19 no contempla la variable de auto-identificación étnica. Situación que hace imposible contar con información sobre el estado de salud de indígenas que habitan en las comunidades o que se encuentran en capitales de municipio o departamento con la enfermedad.
Ante la falta de información oficial sobre la situación de las comunidades, la sociedad civil y las organizaciones indígenas a nivel territorial optaron por construir y consolidar redes de comunicación para visibilizar la dramática situación de los territorios indígenas. Así, el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) dependientes del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), han desarrollado una sistematización de los casos que reflejan el estado de situación de los pueblos indígenas.
De acuerdo a esta información, hasta el 18 de junio, se reporta que de los 58 Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC)1 reconocidos en propiedad de comunidades luego del proceso de saneamiento y titulación de tierras, 52 se encuentran amenazadas por la pandemia al estar muy cerca o dentro de municipios con un nivel de contagio alto o moderado. Esta situación se refleja en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Cochabamba, los que concentran la mayor presencia de pueblos indígenas.
Por otro lado, los territorios de Lomerío, Guarayo, el Gobierno Indígena Guaraní de Charagua Iyambae (Santa Cruz); Yuqui, Yuracaré (Cochabamba) y Cayubaba (Beni) han reportado la presencia de casos positivos al interior de sus comunidades.
De acuerdo al CEJIS, hasta el 19 de junio se registraron un total de 78 casos positivos de coronavirus en los siguientes territorios: 27 en la nación Monkoxi de Lomerío, 14 en Guarayos, cinco en el Gobierno Indígena Guaraní de Charagua Iyambae, 20 en Yuqui2, siete en Yuracaré y cinco en Cayubaba. Una atención especial requiere la situación de los pueblos Yuqui y Cayubaba que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y, en consecuencia, en peligro de extinción por la presencia de la pandemia entre sus habitantes.
De igual forma, es importante considerar la situación de exclusión e invisibilización que sufren las y los indígenas en situación de migración, que se encuentran en el área urbana de los departamentos de Santa Cruz y Beni. En un informe reciente, CEJIS y Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) describieron la frágil situación del pueblo Ayoreode en Santa Cruz. En el caso del Beni, la información sobre el pueblo Sirionó que en gran medida habita en el municipio de Trinidad, la capital del departamento, es inexistente. De manera general, la situación de personas indígenas infectadas con el virus en las ciudades se limita a casos aislados que son presentados por los medios de comunicación.
Si bien queda claro que ninguna instancia estatal se encontraba en condiciones de enfrentar una situación como la que representa la pandemia, no es posible perder de vista que la Ley Nº 450 establece mecanismos que podrían coadyuvar a gestionar la enfermedad garantizando la salud y la vida de mujeres y hombres indígenas y, especialmente, de aquellos en condición de alta vulnerabilidad.
Estas medidas incluyen diferentes acciones: la ejecución de estrategias que consideren el contexto de los pueblos indígenas con un enfoque de salud integral, en el que se incluyan acciones con características sistemáticas y sostenidas para evitar el deterioro de la salud y la muerte; la delimitación de zonas de influencia sanitaria para el monitoreo constante de vectores endémicos que puedan generar infecciones; el fortalecimiento de la medicina tradicional y su articulación con la “medicina académica”; el control de la caza y pesca ilegal que pueda realizarse en los territorios, precautelando su soberanía alimentaria y sus sistemas de vida; el monitoreo y seguimiento periódico a posibles enfermedades en poblaciones colindantes a los territorios indígenas y la ejecución de un plan de contingencia ante situaciones excepcionales que conlleven amenazas inminentes de mortalidad en masa.
“La gestión de la pandemia ha priorizado la atención de los centros urbanos en desmedro de las poblaciones rurales e indígenas a partir de un enfoque monocultural que olvida la obligación que tienen los Estados.”
Durante los tres meses de crisis sanitaria ninguna de estas medidas ha sido considerada por el gobierno transitorio de Jeanine Añez. A pesar de una serie de anuncios desde las instancias estatales3, el país aún no cuenta con un plan de atención específico para las poblaciones indígenas frente al Covid-19.
La gestión de la pandemia ha priorizado la atención de los centros urbanos en desmedro de las poblaciones rurales e indígenas a partir de un enfoque monocultural, olvidando la obligación que tienen los Estados de proteger la salud de su población frente a enfermedades epidémicas, en especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Esta omisión pone de relieve la dificultad de asumir responsabilidades por no contar con programas de respuesta frente a una crisis sanitaria que pone en riesgo la supervivencia de colectividades que se encuentran protegidas por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de Derechos Indígenas.
1. El Artículo 394, parágrafo III, de la Constitución Política del Estado, reconoce a los Territorios Indígenas Originarios Campesinos, como categoría de propiedad comunitaria colectiva de la tierra. Volver
2. En 2009 el Informe del entonces Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, recomendó reforzar la acción intersectorial de atención al pueblo yuqui y otros pueblos en situación de alta vulnerabilidad. Volver
3. El 06 de mayo de la presente gestión el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad dependiente del Ministerio de Salud, hacían pública la elaboración de un protocolo de atención para los pueblos indígenas frente al Covid-19. El documento no fue consultado con las organizaciones indígenas y no fue puesto en ejecución. Volver
Miguel Vargas Delgado es el Director Ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), institución que trabaja desde hace más de 40 años en la promoción y la defensa de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
Nota publicada en: https://debatesindigenas.org/notas/55-abandono-etnocidio.html
