Este lunes el Ejecutivo aprobó el Decreto Gubernativo 14-2020 con el cual se declara estado de prevención en los municipios de El Estor, Morales y Livingston, del departamento de Izabal, así como en los municipios de Panzós y Santa Catalina La Tinta de Alta Verapaz.
Estas medidas al contrario de beneficiar a la población, como lo pregona el gobierno y sus aliados en el Congreso de la República, restringe derechos fundamentales de los ciudadanos de estas áreas, en su mayoría pueblos originarios, e imponen una mordaza a la libertad de expresión.
Dicho decreto en su artículo 4 y numeral 6 establece “exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Si la prevención no fuera acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables”.
Esta disposición representa una afrenta directa a la libertad de expresión y podría emplearse como pretexto por depredadores de la libertad de expresión que, amparados por una cargo público, pretendan arremeter en contra de comunicadores sociales, periodistas y medios de comunicación, especialmente en contra de emisoras comunitarias.
Cabe recordar que esta orden para restringir la libertad de expresión se aprueba después que numerosas organizaciones locales e internacionales criticaran firmemente la intención del gobierno por establecer un estado de sitio en estos mismos departamentos, pero que el Organismo Legislativo no aprobó.
La APG alerta además que las actitudes despóticas del presidente Alejandro Giammattei hacia las críticas y el papel de los medios de comunicación continúan replicándose en otras autoridades. La noche del domingo 26, después de que vecinos quemaran la Municipalidad de San Lucas Tolimán, el alcalde Jonatán López acusó irresponsablemente y sin fundamentos a un medio local de incitar a la población a realizar actos vandálicos.
ANTE ESTO, LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA:
Demanda al gobierno de Alejandro Giammattei que evite promulgar o aprobar cualquier disposición que atente contra la libertad de expresión de los medios de comunicación y periodistas, y pueda causar un efecto inhibitorio en la prensa y pobladores para que no emitan comentarios o críticas hacia las decisiones del gobierno central, los gobiernos locales y particularmente, las acciones del ejército.
Solicita a la Procuraduría de los Derechos Humanos a vigilar cualquier violación a los derechos fundamentales de la población y medios de comunicación, que ocurra bajo el pretexto de la seguridad ciudadanía y lucha contra el crimen organizado.
Insta a las organizaciones internacionales de derechos humanos y organizaciones de prensa a prestar atención a las numerosas violaciones ocurridas en los últimos meses, que en su mayoría tienen relación con la cobertura de la pandemia, y cualquier acción del gobierno central por aplacar las críticas en su contra.
Guatemala, 27 de julio de 2020.
Junta Directiva
Asociación de Periodistas de Guatemala
CC. organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y prensa.
