Por Aj Ral Ch’och’
El Gobierno de Alejandro Giammattei, junto a su Consejo de Ministros publicaron el 19 de julio en el Diario de Centro América el Decreto 13-2020, que declaró estado de sitio en los municipios de El Estor, Morales y Livingston, del departamento de Izabal; y en Panzós y Santa Catalina la Tinta, en Alta Verapaz.
Diversas organizaciones sociales y campesinas se pronunciaron inmediatamente, rechazaron la medida y presentaron una acción de inconstitucionalidad.
Según la abogada Jovita Tzul, se presentó la acción en la Corte de Constitucionaldad (CC) porque el estado de sitio vulnera el artículo 138 de la Constitución de la República, debido a que “las limitaciones de garantias constitucionales solo se pueden solicitar por circunstancias extraodinarias o situaciones que no estan acreditas para ese estado de sitio”.
Añadió que ya existe un estado de calamidad publica decretado nivel nacional y con el estado de sitio, en esos cinco municipios del país, “se estaria sumando una segunda limitación de garantias y eso no es proporcional”, señaló.
Desde el 20 de julio, otras organizaciones sociales se sumaron al rechazo del estado de sitio. El abogado Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), junto al diputado Aldo Dávila, de la bancada Winaq, también presentaron un recursos de amparo ante la CC, contra el Decreto 13-2020
“Un estado de sitio sirve para restringir derechos, pero para que este sea legal, debe existir una estricta necesidad, debe ser proporcional y legítimo según el artículo cuarto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos’’, señaló Cadena.
El 21 de julio, 125 organizaciones nacionales e internacionales rechazaron y condenaron el estado de sitio en los territorios maya Q’eqchi’ y Garífunas en Guatemala y pidieron al Estado guatemalteco “detener inmediatamente a las políticas y acciones sistemáticamente racistas que ponen en peligro la vida de los pueblos indígenas mayas”.
