Por David Toro
Armando Vargas lleva más de 45 días en un hospital en Filadelfia, porque sufrió una lesión cerebral en un accidente de tráfico, el Hospital Thomas Jefferson intentó enviarlo contra la voluntad de su familia a Guatemala el 24 de junio, pero gracias a la pronta acción de un familiar y el respaldo legal y de estudiantes universitarios lograron frenar el viaje que hubiera puesto en riesgo su vida.
El 23 de junio contamos la situación de Armando Vargas (bajo el nombre de “Pedro” en ese momento), un guatemalteco de 46 años, que se enfrenta a un intento de deportación poco común, no fueron las autoridades de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes intentaron retornarlo a Guatemala, sino las autoridades del Hospital Universitario Thomas Jefferson, donde fue internado la noche del 10 de mayo, después de ser atropellado en el norte de Filadelfia. Armando sigue en estado delicado y según el reporte médico entregado a su familia, no posibilidad de volver a caminar es lejana.
El Hospital Jefferson preparó la “repatriación médica” de Armando cuando se enteraron que no tenía papeles ni seguro médico para pagar los gastos médicos, la deportación estaba lista para el 24 de junio, pero su sobrina Claudia decidió alzar la voz y encontró el apoyo necesario para detener el envío a Guatemala sin el consentimiento de su familia.
Claudia intentó recibir apoyo en el consulado de Guatemala en esa ciudad, pero la cónsul Cristy Andrino Matta no pudo hacer mucho. Llamó al hospital pero eso no frenó las intenciones de la repatriación, la sobrina de Vargas optó por no volver a contar con el consulado porque ellos no lograron resolver nada.
Antes del día de la repatriación, Claudia intentó visibilizar el caso y el Hospital le dijo que si insistía en evitar el traslado a Guatemala enviarían a su tío en estado grave a su casa y que ella debería pagar los $80 mil a la empresa de traslados aéreos Medescort.
La madrugada del miércoles 24, Claudia recibió la llamada de Tania Omana, una abogada de migración del bufete Wilkes Legal, con sede en Washington D.C., desde la distancia, la abogada se contactó a las oficinas de los senadores de Filadelfia para activar un mecanismo que permitiera dejar constancia del caso de Armando Vargas.
Claudia llegó al hospital el 24 de junio a las 8:00 a.m. con el temor de que su tío ya se encontrara en una ambulancia aérea camino a Guatemala y lo que encontró fue un grupo de estudiantes de medicina del Hospital Jefferson, quienes realizaron un plantón para protestar en contra de las autoridades del centro asistencial por la actitud que tomaron en el caso de Armando.
“Llegué junto a una traductora de servicios sociales y nos recibieron las autoridades del Hospital, luego de una reunión de dos horas, logramos que mi tío se quede por 30 días más. La presión de los periodistas en redes sociales, la ayuda de la abogada Umaña y la de los estudiantes dieron frutos”, dijo con emoción Claudia, quien temía que su tío fuera enviado a un hospital público de Guatemala, porque actualmente se encuentran colapsados por la pandemia de la COVID-19.
El 26 de junio Claudia consiguió por medio de una abogada local de Pensilvania un seguro médico para su tío que ayudará a pagar paulatinamente el costo de estar hospitalizado, pero según ella esta fue la salida que han encontrado de momento para impedir que su tío sea enviado a Guatemala.
La abogada Tania Omana de Wilkes Legal, quien apoyó a Claudia vía telefónica, abriendo los canales de comunicación necesarios con las autoridades estadounidenses para que el caso fuera visibilizado ante la amenaza de deportación, comentó que “es importante que la comunidad latinoamericana no tenga temor de hablar por estar sin papeles y que conozcan que existen mecanismos para hacer valer sus derechos (…) en el caso de Claudia fue muy importante que ella denunciara que algo malo estaba pasando”.
“Quiero agradecer a la prensa, a los abogados y a los estudiantes que se involucraron en el caso, gracias a Dios y a ellos ahora es posible que mi tío tendrá un seguro médico es un verdadero milagro, esto que está pasando es sorprendente”, dijo Claudia el viernes 26 de junio.
El mal uso de las repatriaciones médicas
Las repatriaciones médicas en Estados Unidos son un servicio que prestan algunas empresas para trasladar a personas extranjeras enfermas a su país de origen. Pero desde 2014 se han visibilizado casos anómalos como el de Armando, donde personas de México y Centroamérica son enviadas vía aérea, incluso en estado de coma, y son repatriados sin su consentimiento.
Enfermarse de gravedad o sufrir un accidente en territorio estadounidense puede ser un peligro para aquellos que no tienen seguro social ni documentos que los amparen, un caso polémico similar al de Armando Vargas fue el del mexicano Alejandro Martínez, quien en 2014 sufrió un derrame cerebral y el Hospital Universitario Cooper de Nueva Jersey intentó enviarlo a México por medio de una transportadora privada, he indicado que el centro pagaría los $124 mil del viaje, pero días antes habían amenazado con desconectar a Martínez del respirador artificial que lo mantenía vivo, esta historia fue contada por Univisión en agosto de 2017.
Un informe técnico de la Universidad Seton Hall, de Nueva Jersey, publicado en 2012, señaló que los hospitales privados están obligados por la ley a dar atención médica a las personas sin importar su estatus migratorio, pero que las deportaciones médicas son mecanismos que utilizan para egresar de sus instalaciones a los pacientes indocumentados y que muchas veces esto se realiza sin el consentimiento de las personas y sin previo aviso a sus familias.
