Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales firmantes, expresamos nuestra preocupación por las amenazas, intimidaciones y provocaciones que están sufriendo personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales en El Estor, Izabal.
La segunda semana de junio, trabajadores de la mina Solway-CGN participaron en acciones intimidatorias contra quienes en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos y la justicia, han acudido a diversos tribunales, incluida la Corte de Constitucionalidad (CC) para denunciar los daños y violaciones de derechos humanos que han sufrido y exigir el cese de operaciones de dicha mina. A pesar de que la CC ordenó la suspensión de actividades de la misma en julio de 2019, ésta continuó operando incluso en el contexto de la pandemia de COVID-19, lo que ha constituido no sólo desacato sino un riesgo para la salud de la población local.
El 19 de junio la CC hizo pública la sentencia en la que confirma el otorgamiento del amparo a favor de las comunidades al considerar que se violaron los derechos de los pueblos indígenas, que no observó el Convenio 169 de la OIT y que la licencia fue otorgada sin que la minera cumpliera con el requisito de aportar un estudio de impacto ambiental del área total que pretendía explotar ni atendió la cosmovisión de los pueblos indígenas asentados en el área de influencia del proyecto minero; por lo que ordenó mantener en suspensión la explotación minera del área “concedida” en tanto no concluya el proceso de consulta que debe realizarse dentro del plazo de 18 meses.
Hemos constatado que, durante estas semanas, se ha venido desarrollando una campaña de difamación, desinformación, discursos racistas y de odio contra personas defensoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos en redes sociales, incitando a la violencia contra todas ellas, lo que las coloca en grave riesgo y genera un clima de confrontación y terror que afecta a toda la población, hombres, mujeres, niños y niñas del municipio. La situación puede agravarse en represalia contra quienes acudieron a la CC.
Defender los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la libre expresión, a un medio ambiente sano, al agua y los derechos de los pueblos indígenas no es un delito. El Estado guatemalteco tiene el deber de respetar estos derechos, protegerlos frente a los intereses de las empresas privadas y garantizar que existan las condiciones para su ejercicio libre y sin coacciones.
Instamos al Estado guatemalteco a que, en cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos:
1. Realice una pronta y exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público de los hechos aquí señalados, a fin de que los responsables sean llevados ante la justicia.
2. Tome todas las medidas necesarias por parte del Ministerio de Gobernación para garantizar la seguridad y protección de comunicadores, periodistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
3. Exija a las empresas operando en El Estor y en todo el territorio nacional a cumplir con su responsabilidad de debida diligencia en materia de derechos humanos, incluyendo el abstenerse de propiciar confrontación y conflictos sociales.
4. Se abstenga de hacer frente a esta situación mediante estados de excepción que pueden ser fuente de terror y otras violaciones de los derechos humanos.
24 de junio de 2020
