EDITORIAL
Un sistema de justicia fortalecido e independiente es vital para un país que se rige por principios democráticos y no por intereses particulares y gremiales. La transparencia y la independencia de poderes deben regir el proceso de elección de Magistrados bajo la responsabilidad del actual Congreso de la República.
Vemos con suma preocupación como un grupo de diputados desde la Comisión Permanente presidida por Allan Rodríguez, colocan al país en una espiral de acciones ilegales que ponen en riesgo al Estado de derecho y la democracia, al declararse públicamente en desacato a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La Junta Directiva del Congreso junto a otras bancadas, que conforman el llamado “pacto de corruptos”, dieron continuidad a la estrategia pro impunidad implementada por la anterior legislatura y Gobierno. Estas acciones se ven reflejadas en un nuevo intento de golpe técnico contra la CC, promovido a través de un antejuicio contra cuatro de sus magistrados titulares desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lo mismo ocurre con la sesión legislativa del 23 de junio por la noche y en la madrugada del 24, con el intento de realizar la elección de magistrados de las Salas de Cortes de Apelaciones y CSJ, sin seguir lo resuelto por la CC, que establece los parámetros para esa elección.
Horas después emitieron un comunicado en el que públicamente se declararon en desacato a una nueva resolución de la Corte que dejó sin efecto el antejuicio resuelto por la CSJ. Esta acción fue respaldada públicamente por la Junta Directiva del Congreso, el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara del Agro, la Cámara de la Industria, e incluso la Cámara Guatemalteca de Periodismo, que se pronunciaron contra la CC.
Esos mismos actores fueron partícipes de la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), luego de investigar y hacer visibles las redes de corrupción e impunidad que cooptan al Estado, investigaciones que junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público señalaron y procesaron penalmente a varios de los responsables, incluyendo a los principales empresarios del país.
El golpe técnico a la CC lleva también la factura de todas las resoluciones previas que detuvieron los megaproyectos, especialmente los relacionados a actividades de minería e hidroeléctricas, dándole la razón a los reclamos jurídicos y políticos de los pueblos indígenas, xinka y mestizo de este país, sobre la ilegalidad con la que operan.
En medio de la pandemia del coronavirus, el estado de calamidad y la crisis hospitalaria a la que el Gobierno empujó a los hospitales, médicos y trabajadores de la salud, estos grupos pretenden consolidar la impunidad y la corrupción en las cortes y en los tres poderes del Estado. Guatemala no puede continuar siendo gobernada bajo la aplicación de la ley de orden público con estados de sitio, de prevención o de calamidad, y tampoco promoviendo el rompimiento del orden constitucional.
