Por Francisco Simón Francisco | Maya Q’anjob’al-Chuj
Históricamente las epidemias o pandemias han estado asociadas a las guerras de conquistadores, a las relaciones comerciales o al turismo del norte, que han sido detonantes en la transmisión o contagio de muchas enfermedades, se trata de experiencias donde los poderosos contagian a las poblaciones de los países sometidos.
Existen múltiples ejemplos que explican el origen de las pandemias: desde las epidemias traídas por los españoles a las tierras del Abya Yala cuyos habitantes desconocían de tales enfermedades y fueron diezmadas por siglos por la viruela, varicela, tifus entre 1520 y 1750; la gripe española que mató a más de cien mil guatemaltecos en 1920 (Soy502, 2020); el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida VIH que afecta a más de 46 mil personas guatemaltecas según datos registrados por UNICEF y hasta la más reciente pandemia del coronavirus denominado covid-19 que no solo ha paralizado la economía del país, sino que entre marzo y mayo se han contagiado 4,739 personas y ha provocado la muerte de 102 guatemaltecas/os (Gobierno de Guatemala).
Las reacciones gubernamentales en la mayoría de países a escala global para contener la propagación del covid-19 inmediatamente se centraron en cerrar fronteras, prohibir la llegada de turistas o viajeros procedentes de China, impedir la entrada de viajeros procedentes de Europa e implementar rígidos sistemas de cuarentena. Guatemala no fue la excepción. Las implicaciones del nuevo coronavirus entre personas migrantes empezaron a sentirse.
Estados Unidos se convirtió de pronto en foco de propagación y las medidas para contenerla impactaron severamente en las poblaciones migrantes. En Nueva York, la ciudad más afectada por el coronavirus, el 34% de las personas que murieron eran inmigrantes de origen hispano a pesar de que solo representan el 29% de la población neoyorquina (El país, 2020). Miles de inmigrantes se enfermaron y están recuperándose sin opciones de volver inmediatamente al trabajo.
Otro importante porcentaje de migrantes guatemaltecos se vieron impedidos a salir a trabajar y ganarse el sustento cotidiano en la jardinería, restaurantes, construcción y diversos servicios para generar ingresos para pagar sus gastos en el país de destino y enviar las remesas para sus familias en Guatemala, además tuvieron que soportar encierros prolongados alejados de sus familias y sin recibir ningún tipo de ayuda de los programas estadounidenses por carecer de documentos que respalden su estatus legal en aquel país.
El primer gran impacto de la pandemia, entonces, es económico y se evidencia en la caída vertiginosa en el envío de remesas al país de manera más dramática que la experimentada en el año 2009 por la crisis financiera en Estados Unidos. Para el año 2020 las remesas caerán en un 20% respecto a la cifra recibida en 2019 (República Inmobiliaria, 2020).
De continuar la política de confinamiento en los países de destino y de persistir el desempleo forzado esta provocaría una migración a la inversa, es decir, que miles de guatemaltecos decidan experimentar el éxodo de retorno de carácter forzado que conlleva a pasar la crisis con sus familias, o regresen definitivamente porque se les hace imposible radicar en Estados Unidos sin generar ingresos para pagar el alquiler de apartamentos, electricidad, agua e internet, entre otros gastos.
Para los transmigrantes, los impactos del COVID-19 son sumamente dramáticos porque las autoridades mexicanas y estadounidenses no han tenido ninguna consideración para detener a los migrantes en tránsito para luego enviarlos a hacinados centros de detención donde permanecen más tiempo privados de su libertad, sin acceso a cortes y sin ser devueltos a país de origen de manera efectiva.
Para los potenciales migrantes, aquellos miles de compatriotas que están esperando el momento para migrar, la situación se torna difícil, tanto por la inmovilidad decretada por el presidente Giammattei y la prohibición de circulación de transporte público extraurbano, el cierre del paso interdepartamental, así como a los controles policiacos que impiden la libre movilidad dentro del país para llegar a los puntos de cruce fronterizo.
Es muy probable también que el escenario postcovid, ante los enormes impactos de la política de confinamiento en el comercio, restaurantes, servicios y construcción, el cierre de negocios, el desempleo y la imposibilidad de echar andar emprendimientos o el mismo sector informal experimente dificultades, la crisis económica será mayor y como consecuencia se disparen los flujos migratorios indocumentados hacia Estados Unidos, pero seguramente se enfrentarán a fronteras militarizadas, selladas y ambientes hostiles en el marco de la campaña electoral en Estados Unidos donde la retórica del presidente y candidato republicano para la reelección, se centre en vincular la migración con el coronavirus para construir un nuevo discurso de miedo y odio en contra de los migrantes, que ahora entonces estarían siendo rechazados por las poblaciones del país de destino, señalados y vulnerados por las autoridades del país de tránsito y en el peor de los casos, estigmatizados por sus propios paisanos al considerarlos como potenciales portadores del coronavirus.
Es preciso aclarar y determinar que las poblaciones migrantes retornadas no son foco de contagio y propagación del covid-19, tal como lo han querido hacer ver autoridades de gobierno que no han tenido la delicadeza de abordar seriamente la situación de los retornados y que lejos de ayudarlos, contribuyeron a la creación de un imaginario intolerante y estigmatizador que ha provocado el cierre de comunidades para recibir a sus compatriotas y paisanos, situación nunca antes vista en la historia de las migraciones internacionales.
Bajo estas variables, está claro que los grandes afectados por el covid-19 siguen siendo las poblaciones migrantes y sus familias, por lo que el desafío ahora para el Estado es mayor, pero contundente, promover políticas de bienestar, incrementar inversiones estratégicas en salud, educación, vivienda y promover el desarrollo rural integral, así como empleo digno y salarios adecuados al costo de la canasta básica.
