Por Iskra Soto Orantes
Amanecemos, entre otras noticias, con el aumento del número de casos confirmados de contagio y muertes por el covid-19, con hospitales colapsados y atención sanitaria precaria, sin medios suficientes entre personal, equipos, camas, oxígeno médico, respiradores, etc. El personal sanitario convocado para hacer frente a la pandemia continúa trabajando sin contrato y sin cobrar su salario durante más de 75 días. La Corte de Constitucionalidad exige al gobierno que garantice los equipos de protección individual al personal sanitario. Las autoridades gubernamentales, concretamente el Presidente Giammattei y el Ministro de Salud, mantienen el hermetismo y falseo sobre los datos epidemiológicos que trasladan a la población información contradictoria sobre lo que acontece en el país.
Y es que en el caso de Guatemala, la pandemia aterriza en una sociedad quebrada por las injusticias sociales históricas y tanto la enfermedad como las consecuencias del modelo económico preexistente no hacen más que avivar los problemas. Quienes aquí impusieron el adelgazamiento del Estado y los servicios públicos son los responsables de que la mayoría de la población guatemalteca se encuentre en alto riesgo de vulnerabilidad y el sistema al borde del colapso. Su insensatez ideológica neoliberal es la causa de que tengamos hoy un sistema de salud injusto e insuficiente, incapaz de garantizar nuestro derecho humano a la salud. Como bien señalaba el Dr. Edwin Asturias, el problema de fondo es no haber invertido en el sector salud en las últimas décadas. Esta situación nos invita a reflexionar para entender mejor lo que pasa en el país en este sentido.
Empecemos por lo básico, primero: La salud es un derecho humano. Todas las personas somos titulares de derechos, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Los derechos humanos se rigen dentro los principios de universalidad, no discriminación, son interdependientes e indivisibles. No se pueden respetar unos sí y otros no, porque unos influyen en el disfrute de otros. Por ejemplo, si no se goza del derecho al agua o a la alimentación, difícilmente se podrá gozar del derecho a la salud y a la vida. Segundo: los Estados tienen tres niveles de obligaciones: respetar, proteger y realizar los derechos humanos de todas las personas. Ante esta obligatoriedad, el Estado debe integrar los derechos humanos en cada una de sus políticas y acciones, incluso recogerla dentro de su Constitución Política y el presupuesto nacional y, por tanto, actuar para que estos derechos sean una realidad universal.
Pero quienes gobiernan y han gobernado el país durante décadas se encuentran en las antípodas del cumplimiento de los derechos humanos de la población guatemalteca. En concreto del derecho a la salud. El sistema de salud guatemalteco es considerado uno de los más deficientes de América Latina por su falta de protección financiera, un deficiente acceso a los servicios y la inequidad en la atención. Esto tiene un problema de fondo, político y estructural, y se evidencia cuando los determinantes de salud más frecuentes en el país son: pobreza, desigualdad, discriminación, violencia, corrupción y la evasión fiscal de las grandes empresas.
Sí vemos algunos datos aportados por el mismo Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- y varios informes elaborados por organismos internacionales encontramos, por ejemplo, que la red hospitalaria del MSPAS cuenta solo con 44 hospitales para 17 millones de habitantes y con 0,6 camas por cada 1000 habitantes. El porcentaje del PIB de gasto en salud se reduce al 2.08% (el más bajo de Centroamérica), 46.5% de la población infantil sufre de desnutrición crónica y 14 mil 845 niños y niñas padecen desnutrición aguda. Estos indicadores nacionales de salud indignan, duelen y demuestran el riesgo permanente al que está sometida la población guatemalteca de enfermar y morir, en la mayoría de los casos por causas evitables.
En Guatemala el 52.2% del gasto nacional en salud proviene de los hogares guatemaltecos (el segundo más alto de America Latina). Un dato alarmante en un contexto en el que la mayor cantidad de población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema y en el que la raquítica clase media se encuentra en alto riesgo de vulnerabilidad.
Un elemento importante es el difícil acceso a los servicios de salud pública. No perdamos de vista que las brechas geográficas también lo son de clase y en muchas ocasiones las familias no pueden cubrir los gastos de transporte. Al llegar a los centros de atención, muchas veces no hay médicos, ni medicinas, ni exámenes clínicos o radiológicos, obligando a los pacientes a acudir al sector privado con sus precios elevados. Cuando en Guatemala afirmamos que “enfermarse es un lujo” nos referimos a esto precisamente, al hecho de que estamos a merced de un sistema público de salud incapaz de brindar respuestas efectivas, arrojándonos al sistema de salud privado y, en la mayoría de los casos, a prescindir de la atención sanitaria.
“Ante la calamidad, la oportunidad”. Bajo el pretexto del coronavirus, el Gobierno de Guatemala endeudó al país y a la población guatemalteca con préstamos que ascienden a 25 mil 749 millones de Quetzales. Sin embargo durante estos meses ha sido incapaz de diseñar e implementar un plan estratégico de preparación y de respuesta para la pandemia. ¿Dónde está ese dinero? Sí ni siquiera han terminado el hospital temporal del Parque de la Industria que el Sr. Giammattei anunciaba el 20 de marzo, con bombos y platillos “como el más grande y moderno de Centroamérica”.
Urge reformar el sistema de salud pública. Esto implica entre otras cosas, una reforma fiscal para crear un sistema tributario progresivo que favorezca a la inversión pública y permita la puesta en marcha de políticas públicas que contribuyan a mejorar los servicios y la calidad de vida de la gente. No hablamos de una visiónn mesiánica que otorgue al “papá Estado” la obligación de resolver la vida de su ciudadanía, hablamos de un Estado responsable, humano y solidario que respete y garantice los derechos humanos. Debemos comprender que, detrás de las incapacidades y la torpeza, existe un proyecto político consciente, de los más ricos y de su clase política y que está en nuestras manos cambiar esa realidad, porque la salud señores, no es un lujo, es un derecho humano.
Las durísimas experiencias que la población guatemalteca vive día a día quedarán grabadas en nuestra memoria colectiva. La deshumanizaciónn de la vida y la muerte, el hambre, el trato irrespetuoso a las personas con necesidades no cubiertas y un largo etcétera, que es de dominio público, se las podemos y debemos atribuir a ese Estado y a la ristra de gobiernos violadores de los derechos humanos que las élites, los empresarios, los corruptos, defienden a capa y espada.
Un país no prospera si deja de lado a gran parte de su población. La salud de hoy representa el bienestar y el desarrollo del futuro. Reestructurar el sistema nacional de salud no puede ser una acción aislada pero, sin duda, debe ser una prioridad política para garantizar el derecho humano a la salud. Los Derechos Humanos no pueden gestionarse con oportunismo de acuerdo a los intereses políticos de cada gobierno. Guatemala suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriormente ratificó diferentes convenciones que le obligan a cumplir con su responsabilidad de garantizarlos a toda su población.
