Por Simón Antonio Ramón
Desde que se confirmó el primer caso de la covid-19, el 13 de marzo, las agresiones y la restricción para el trabajo periodístico han ido en aumento.
Durante el primer mes de la pandemia, Prensa Comunitaria monitoreó 19 agresiones, según la nota periodística publicada el 14 de abril. A pesar las múltiples denuncias públicas de periodistas, organizaciones sociales y organismos internacionales y acciones de amparo presentadas ante instancias de justicia, las autoridades siguen actuando con negligencia, e irresponsabilidad, permitiendo que el contexto de hostilidad permanezca.
Del 14 de abril hasta el 31 de mayo, hubo 27 agresiones y restricciones contra periodistas denunciadas en redes sociales, medios de comunicación y registradas por la Defensoría de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).
Los hechos denunciados
La madrugada del sábado 18 de abril fue allanada la casa del periodista maya Q´eqchi´, Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, en el municipio de El Estor, Izabal. Durante esta agresión le fue robado el equipo de trabajo, entre ellos una cámara fotográfica y dos teléfonos celulares. La PDH abrió expediente por este caso. El periodista sufre persecución penal y politica por denunciar el asesinato del pescador Carlos Maaz en una manifestación contra la minera el 27 de mayo de 2017, por un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), la muerte sucedió en el contexto de las protestas en contra de la contaminación del lago atribuida a la minera CGN Pronico filial de Solway Investment Group.
En otro caso, el 15 de mayo fue agredido el periodista maya Q´anjob´al de Prensa Comunitaria Yobany Francisco, en Santa Cruz Barillas, cuando realizaba una cobertura en el mercado municipal La Placita. Francisco estaba documentando las medidas de higiene del mercado del lugar y las formas que estaban implementando para prevenir la expansión de la covid-19, cuando dos sujetos desconocidos le restringieron el paso prohibiéndole tomar fotografías, lo obligaron a borrar las que había tomado, lo agredieron y lo amenazaron para que no volviera al lugar.
En otro hecho registrado, la casa de la periodista, activista y escritora Tania Palencia Prado fue allanada por hombres desconocidos, agrediéndola físicamente, robando su equipo de cómputo. Palencia Prado tiene una larga trayectoria de defensa de derechos humanos en el país y fue directora del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), organización que acompaña casos judiciales contra alto mandos militares por delitos de lesa humanidad durante la guerra interna.
“Hemos recibido con consternación, rabia y miedo la noticia que nuestra colega, compañera y amiga Tania Palencia Prado fue agredida por sujetos desconocidos, quienes además, entraron en su casa la mañana del 21 de mayo, y le robaron su computadora y su teléfono celular”, es uno de los fragmentos del editorial de este medio publicado el martes 26 de mayo.
El sábado 30 de mayo se denunció en redes sociales que la empresa encuestadora Predictvia, cuyo dueño es Ernesto Oliva, de nacionalidad venezolana, que previo al paquete de servicios telefónicos, requería responder una encuesta en el que se usaron fotografías de periodistas y de defensores de derechos humanos y varios medios de comunicación sin su consentimiento.
Una de las preguntas de la encuesta indagaba sobre la reputación de empresas como Cementos Progresos y organizaciones como el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)[1].
Las y los usuarios que denunciaron el hecho, publicaron que la encuesta fue lanzada en la página oficial de Predictvia, al consultar el sitio en días posteriores solo mostró el mensaje: «Este typeform no acepta nuevas respuestas».
En las denuncias registradas en contra de periodistas se señalan como agresores a gobernadores departamentales, trabajadores de las municipalidades, los Consejos Municipales, miembros del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), al presidente Alejandro Giammattei, la oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las y los periodistas denunciaron que los hechos fueron registrados en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Chimaltenango, Quiché, Sololá, Izabal, San Marcos, Jalapa, Quetzaltenango y Alta Verapaz.
Los registros de la PDH
En noviembre de 2019, se creó la Defensoría de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la PDH. En informes, la Defensoría establece que entre el 1 enero al 24 de abril las restricciones y agresiones aumentaron; en los meses de marzo y abril fechas que coincide con la detección de los casos por la covid-19 recibieron 32 denuncias, de este número se abrieron 11 expedientes.
Clima de relación de funcionarios con periodistas
En el último mes han ocurrido tres hechos que marcan la relación de periodistas y las instituciones gubernamentales que se describen acontinuación:
El 6 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó el amparo provisional promovido por Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), contra la junta directiva del Congreso por las restricciones que impuso a periodistas, bajo la excusa de la pandemia del coronavirus en las sesiones del jueves 2, sábado 4 y domingo 5 de abril.
El 25 de mayo, el presidente Alejandro Giammattei se reunión con directivos de algunos medios de comunicación para discutir la relación del Gobierno y periodistas. Se acordó una próxima reunión a mediados de junio, de la que hasta hoy no se ha conocido la fecha. A la reunión con Giammattei solo fueron invitados los directores de algunos medios y otros quedaron fuera. En esta misma reunión se acordó que Hugo Monroy, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), dará una conferencia diaria sobre los casos de la covid-19 registrados en el país.
El 27 de mayo, el ministro Monroy anunció el nombramiento de Julia Barrera como la nueva vocera y directora del departamento de Comunicación Social de ese ministerio. Barrera sustituye a Ana Lucía Gudiel, quien había vetado a periodistas en el grupo de Whatsapp del MSPAS y que había amenazado con denunciar a dos periodistas tras una publicación en la que se evidenció que el nombramiento había sido producto de prácticas de nepotismo.
Las acciones de funcionarios públicos es interés público
“Abrimos expedientes para identificar los primeros pasos que hay que realizar y cuando se trasladen al Ministerio Público por la posible comisión de un delito, entonces ya nos quedamos únicamente dando seguimiento”, dijo Ruth del Valle, Defensora de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la PDH al referirse a los expedientes abiertos en casos de agresiones contra periodistas.
Sobre la exclusión de algunos medios de comunicación en reunión que sostuvo Giammattei con directivos de los medios afines a la agenda gubernamental, la defensora manifestó que también suceden en otras instituciones. “En estos casos el PDH ha presentado recomendaciones a las autoridades para el respeto a la libertad de expresión y recordándoles que la gestión pública por principio es pública y por eso debe ser totalmente abierta”, indicó.
“Hay un principio de transparencia de máxima publicidad de los actos de los funcionarios públicos y por lo tanto cualquier restricción a la prensa en este tipo de reunión debe ser considerado una violación al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al acceso a la información pública, y esta violación a la información pública no solo viola los derechos de las y los periodistas sino de toda la ciudadanía”, concluyó. Además, del Valle, mencionó que la CC en el reciente amparo interpuesto contra el Congreso establece que la gestión pública es de interés públicó.
Para Jorge Santos, director general de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos para Guatemala (Udefegua), hay tres patrones de agresiones hacia periodistas por parte del gobierno de Alejandro Giammattei, estas, agregó, habían sido advertidas desde enero y las que han ocurrido en últimos dos meses se enmarcan en estos patrones.
Entre los tres patrones que menciona Jorge Santos se encuentran los procesos de estigmatización, difamación y discurso de odio, “este patrón se concreta cuando el presidente Alejandro Giammattei considera y demerita investigaciones periodísticas como rumores de cantina”, subrayó Santos.
El segundo patrón identificado por Udefegua, es la restricción y el cierre de fuentes de información por la exvocera del MSPAS y el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, y el Comité de Emergencia del Ixcán. “Este patrón de no permitir el acceso a las fuentes de información viola el artículo 35 de la Constitución, desde el cierre y restricción de periodistas en el grupo de Whatsapp que afecta la labor de las y los periodistas”, indicó.
El tercer patrón, es la intimidación, amenazas y robo de equipo y agresiones físicas contra periodistas. “Este patrón se concreta con casos como el sufrido por el periodista de Prensa Comunitaria, Yobany Francisco en Barillas, Huehuetenango, el robo de equipos de trabajo al Carlos Choc, en El Estor, Izabal, que no son fenómenos de delincuencia común sino por su actividad periodística”, analizó .
“Este mismo patrón, vemos las denuncias vigilancia y seguimiento a Marvin del Cid, Sony Figueroa y Jessica Gramajo, son síntomas de ejercicio de poder de corte autoritario”, indicó el director de Udefegua.
El Gobierno de Guatemala se comprometió a implementar un Programa de Protección a Periodistas en el Examen de Periódico Universal (EPU) de noviembre de 2012 que sería organizado por el Ministerio de Gobernación (Mingob), pero han pasado tres gestiones gubernamentales y no se ha concretado, en mayo pasado el vocero presidencial indicó que la documentación del programa está siendo revisado por las cámaras empresariales de medios de comunicación. Y mientras las autoridades no le dan prioridad a este programa y continuan negando y violando derechos, los y las periodistas realizan su trabajo en medio de amenazas y con dificultad para informar a la población sobre los abusos de poder.
[1] https://twitter.com/pereradaniel/status/1266828458828738560.
