De la fiscal Consuelo Porras depende detener golpe de estado técnico, coinciden abogados

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Créditos: Ministerio Publico

Por Lourdes Alvarez

Anoche a las 10:30 horas, la Corte de Constitucionalidad (CC) informó que solicitó al Ministerio Público (MP) iniciar las investigaciones correspondientes ante el incumplimiento de la Comisión Permanente del Congreso de la República de no enviar el expediente original del antejuicio 37-2020, contra los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana.

No obstante, hoy a las 11:00 horas del 30 de junio, según información del departamento de comunicación social del MP: “no se ha recibido la notificación oficial al respecto. Al recibirse, se realizarán las investigaciones correspondientes tal y como lo establece la ley”.

Al respecto, el abogado Carlos Bezares solicitó esta mañana adherirse como tercero interesado en el amparo que otorgó la CC en contra del antejuicio de sus magistrados, indicó que “la brasa caliente la tiene ahora el MP, que debe proceder inmediatamente para detener el golpe de Estado técnico que va en curso”.

Bezares añadió que la sociedad está ante una situación “sumamente peligrosa” que puede desencadenar en graves consecuencias para el Estado de derecho.

Por su parte, Ramón Cadena, abogado que también ha dado seguimiento al caso, indicó: “felicitamos el actuar de los magistrados de la CC que actuaron como corresponde ante la gravedad de la situación”.

Pero agregó que, “si el MP no actúa como la CC le está ordenando al certificar lo conducente, no está cumpliendo una orden directa de la máxima corte del país y eso es grave”.

En ese sentido, Edie Cux, abogado y presidente de Acción Ciudadana, coincidió y además señaló que Consuelo Porras, fiscal general del MP, se enfrenta a dos escenarios: “ella puede decidir plantear un antejuicio contra los diputados, que sería un camino largo y una decisión poco acertada; y solicitar el trámite como un delito fragante para promover la orden de captura contra los diputados”.

Los tres abogados coinciden en señalar que la situación actual de emergencia, que se vive por el coronavirus, sumado a la crisis hospitalaria, los actos de corrupción y la incertidumbre generalizada, constituyen una especie de “coctel explosivo” que podría desencadenar una crisis social sin precedentes.

“No seria raro que ante esta extraña situación necesitemos nuevamente convocar y pedir la intervención internacional. Se debe notificar a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que invocando el punto 20 de la carta democrática exista una supervisión”, puntualizó Cadena.

Autoría y edición

Socióloga y periodista, con experiencia en comunicación para organizaciones sociales, de Pueblos Indígenas y organismos internacionales, además, trabajo de investigación social para peritajes judiciales.

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