Las organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación por el aumento en los niveles de violencia contra las y los defensores de los derechos humanos en Guatemala. En los primeros cinco meses de 2020, han habido 405 ataques contra personas defensoras de derechos humanos. Defensores y defensoras que trabajan por el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, los derechos de las personas migrantes y el derecho a la justicia y una vida digna. en las regiones de Santa Cruz, Chiquimula, Izabal, Huehuetenango, Petén y Alta Verapaz, han sido blanco en las semanas recientes de asesinatos, amenazas, vigilancia, redadas, campañas de difamación y hostigamiento judicial, incluida la criminalización.
El reciente aumento de asesinatos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte que se produce dentro de un contexto político complejo y ante el desarrollo de la pandemia COVID-19, representan un revés importante para el progreso democrático en el país. La Unidad para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), integrante de la Red SOS-Torture de la OMCT, que protege y promueve la gestión de riesgos para los defensores de los derechos humanos en Guatemala, documentó 405 ataques contra defensores de los derechos humanos de enero a mayo de 2020. El número de ataques durante los primeros cinco meses del año 2020 es equivalente al 80% de los 494 casos documentados en el año 2019.
Las personas defensoras de derechos humanos que han sido blanco de violaciones a sus derechos en semanas recientes, pertenecen a las organizaciones de la sociedad civil AEPDI-Defensoría Q’eqchi’, Gremial de Pescadores artesanales del Estor, Fundación Guillermo Toriero, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Prensa Comunitaria y Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día, operando en los departamentos de Santa Cruz Chiquimula, Izabal, Huehuetenango, Petén y Alta Verapaz.
Desde el 2017, periodistas del medio independiente Prensa Comunitaria han sido objeto de amenazas directas (incluso con armas de fuego), intimidación contra ellas y ellos y sus familias y vigilancia en sus hogares y lugares de trabajo. La frecuencia de estos ataques ha aumentado notablemente en los últimos meses.
El 20 de febrero 2020, el periodista Francisco Lucas Pedro (Palas Luin) de Prensa Comunitaria, fundador y periodista comunitario activo de la Agencia de Noticias Prensa Comunitaria Km 169 y coordinador del Movimiento de la Sociedad Civil de Barillas, sufrió un allanamiento y saqueo de su oficina ubicada en el departamento de Santa Cruz. El mobiliario y papelería del periodista fueron destruidos y algunos objetos robados.
El 5 de marzo de 2020, el periodista Manuel Toro, quien investiga y denuncia casos sobre migración infantil, violencia sexual contra mujeres Achi, justicia y reparación por masacres para Prensa Comunitaria se encontraba saliendo de la embajada de Estados Unidos, cuando se percató de que un hombre lo vigilaba. El hombre sin identificar lo vigiló por varias horas y amenazó haciéndole señas de que guardara silencio. El hecho ocurrió en la ciudad de Guatemala
El 9 de marzo de 2020, un grupo de mujeres periodistas de Prensa Comunitaria fueron objeto de una campaña de difamación y descrédito en medios de comunicación conservadores y a través de redes sociales por la cobertura de la marcha realizada el 8 de marzo de 2020 en la ciudad de Guatemala.
El 15 de mayo de 2020, el periodista Yobany Francisco Lucas, integrante de Prensa Comunitaria y del equipo de la Agencia de Noticias Prensa Comunitaria Km 169, fue interceptado por dos hombres mientras documentaba una aglomeración que sucedió en un lugar conocido como La Placita en el municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango. Los dos hombres vestidos de civil lo intimidaron, lo agredieron en la cabeza, la espalda y las manos, le arrebataron y rompieron el celular, lo insultaron y amenazaron verbalmente, lo obligaron a borrar los videos que había tomado y posteriormente lo echaron de la Placita con las manos en la espalda simulando esposarlo.
El 6 de junio de 2020, Domingo Choc, sanador maya, integrante de Releb’aal Saq’e’, una asociación espiritual que practica medicina tradicional e investigador colaborador en la Universidad Del Valle de Guatemala, la Universidad de Zúrich, el University College London y National Geographic, fue asesinado quemado vivo, tras ser acusado de brujería en el municipio de San Luis, en el departamento de Petén.
El 8 de junio de 2020, Alberto Cucul Choc defensor de derechos ambientales y guarda recursos del Parque Nacional Laguna Lachuá, quien luchó por más de 13 años en contra la tala ilegal de maderas finas y la cacería de especies protegidas en el departamento de Alta Verapaz, fue asesinado con arma de fuego. El 11 de junio en el mismo departamento, el hermano del defensor Cofrade Jesus Caal, a quien acusan de brujería, fue retenido por más de una hora por personas de la Comunidad Gancho Ceiba II, quienes luego se concentraron frente a su casa bajo la amenaza de quemar la moto propiedad de la familia. El hijo del defensor es comunicador social del medio independiente Prensa Comunitaria y lleva a cabo junto a su padre acciones de defensa de los derechos humanos en diferentes ámbitos.
El 11 de junio de 2020, Elías Caal Oxom sanador Maya Q’eqchi y periodista de Prensa Comunitaria y su padre fueron objeto de vigilancia y amenazas por parte de integrantes la comunidad Gancho Caoba 2 del municipio de Cobán, Alta Verapaz, quienes retuvieron por más de una hora a su tío, por relacionar a la familia Caal de practicar brujeria. Elias Caal Oxom y su familia son sanadores y practican la espiritualidad Maya.
El 15 de junio de 2020, el defensor e indígena maya chorti’ Medardo Alonzo Lucero, integrante del Consejo Indígena Maya Chorti de Olopa, y líder opositor de las actividades mineras de la empresa Cantera Los Manantiales, fue encontrado sin vida y con signos de tortura, en la Cumbre, Olopa, Chiquimula. La empresa Cantera Los Manantiales ubicada en el municipio ch’ orti’ de Olopa en el departamento Chiquimula ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos guatemaltecas de causar graves violaciones de derechos humanos en contra pueblos indígenas. En noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la licencia de la minera Cantera Los Manantiales y el Tribunal de Amparos otorgó al Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa, Chiquimula, actualmente objeto de amenazas, un amparo provisional luego de que la empresa violara los acuerdos firmados con la asamblea comunitaria.
El 19 de junio de 2020, Jovanna Mariám García periodista para los medios Prensa Comunitaria y RUDA mujeres+territorio, fue denunciada por el cargo fabricado de difamación, tras denunciar la divulgación de un video de una estudiante con contenido sexual, presuntamente por parte del catedrático Hugo Cabreras Navas, quien también ostenta el cargo de Viceministro del MAGA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
El 12 de junio de 2020, en el marco de las protestas desarrolladas en el municipio El Estor por trabajadores recién destituidos de la empresa CGN-PRONICO, integrantes de la AEPDI-Defensoría Q’eqchi’, de la Radio Comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a y del medio independiente Prensa Comunitaria, fueron objeto de amenazas, intentos de ataque con fuego, vigilancia y campañas difamatorias fundadas en un discurso discriminatorio y racista en contra de personas defensoras de derechos humanos indígenas.
AEPDI-Defensoría Q’eqchi, Radio Comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a y el medio independiente Prensa Comunitaria realizan acompañamiento social, legal y acciones de comunicación e incidencia en favor de comunidades indígenas del municipio del Estor, particularmente en el caso penal contra el proyecto minero de la empresa CGN-Pronico ubicada en municipio el Estor del departamento Izabal. Durante el desarrollo de la manifestación de los mineros el 12 de junio, las viviendas de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se oponen a la extracción de la mina, fueron objeto de vigilancia e intimidaciones por parte de personas desconocidas.
Los periodistas Carlos Ernesto Choc y Baudilio Choc Mac, integrantes medio independiente Prensa Comunitaria, cuyo trabajo y activismo ha tenido un alto alcance, facilitando el acceso de recursos vitales para las comunidades del municipio del El Estor, así como, integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales del Estor, fueron objetos de vigilancia por parte de personas desconocidas en el marco de la manifestación. Carlos Ernesto Choc, quien desde el 2017 enfrenta ataques digitales, hostigamiento judicial -incluyendo criminalización por cargos fabricados impuestos por la empresa CGN-PRONICO – y amenazas que se han materializado en atentados contra su vida , se vio forzado re-ubicarse para salvaguardar su seguridad.
Las comunidades de Izabal, en particular del municipio del Estor, llevan a cabo una serie de protestas y bloqueos de carreteras desde el 19 de mayo de 2020, en inconformidad con el desacato de la orden de suspensión, aún en el contexto que suscita la pandemia COVID-19, emitida a la empresa CGN-Pronico por la Corte de Constitucionalidad en el 2019. A estas se suman protestas de los empleados de la mina que fueron despedidos y de integrantes de las comunidades que piden asistencia humanitaria en el contexto de la crisis sanitaria. Todo esto ha generado un clima de tensión que pone en riesgo a las y los defensores de derechos humanos de la región, sobre todo frente a discursos incitados por la empresa minera que buscan culparlos de los despidos y las afectaciones económicas. Las operaciones de la empresa CGN-Pronico carecen constitucionalmente de legalidad desde el 18 de julio 2018, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera sus operaciones por incumplimiento de la consulta previa.
Front Line Defenders está profundamente preocupada por los constantes ataques, los asesinatos, vigilancia, amenazas, campañas de difamación y hostigamiento judicial contra defensores y defensoras ambientales y de derechos de los pueblos indígenas, así como periodistas de medios independientes que exponen graves violaciones de derechos humanos por parte de empresas del sector minero. En esta medida, Front Line Defenders insta al gobierno de Guatemala a llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales en relación con las agresiones incitadas ordenadas o llevadas a cabo por empresas del sector minero, autoridades de distintos niveles del gobierno u otros actores, con miras a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de acuerdo con los estándares internacionales.
Particularmente, Front Line Defenders insta al gobierno de Guatemala a vigilar las operaciones ilegales de las empresas del sector minero en el marco de la pandemia COVID-19 y tomar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado con respecto a la implementación de proyectos que puedan afectarlos, tal como se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así como a garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo de defensa de derechos humanos sin que esté en riesgo su integridad.
