Créditos: Cortesía.
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Por Stef Arreaga

Fotografía: Incamin S.A

09 de noviembre de 2018

Autoridades ancestrales, el Consejo Indígena Ch’ortí, la Central de organizaciones Indígenas Ch’ortí y la municipalidad de Olopa, Chiquimula, solicitaron la cancelación de la licencia de una minera que contamina sus territorios.

La empresa y las denuncias

INCAMIN, SA, es una empresa creada en el 2013, que explota sulfato de bario en Rabinal, sulfato de bario en Baja Verapaz, piedra caliza en Palencia y antimonio en Olopa y Esquipulas, en el departamento de Chiquimula.  La minera ostenta un terreno privado de aproximadamente de 2 kilómetros cuadrados, denominado  “Cantera los Manantiales”, en donde se encuentran reservas de antimonio de hasta 300 mil TM (toneladas métricas).  Esta empresa se presenta como un proyecto multidisciplinario, con expertos en exploración y explotación minera, comprometidos a la preservación del medio ambiente.  Sin embargo, hay datos de poblaciones enteras con problemas de salud a consecuencia de este proyecto minero, dada la contaminación de ríos y bosques.

Las actividades de esta empresa afectan específicamente a las comunidades La Prensa, Amatillo, Carrizal, Laguna de Cayur, El Cerrón, Paternito, La Cumbre, Piedra de Amolar, Tuticopote y Tituque. Los pobladores de estas comunidades aseguran que esta empresa no cumple con los requisitos estipulados por la legislación guatemalteca y los convenios internacionales, desarrollando así una sistemática violación a los derechos de los pueblos originarios.

Las comunidades aseguran que desde que esta empresa se encuentra en Olopa, ha habido un clima de violencia que rompe la armonía y la unidad de los comunitarios.  La no aceptación del proyecto minero en las comunidades es general y ha sido rechazada en asambleas comunitarias con un rotundo NO.

Antimonio y los efectos en la salud

El antimonio (Sb), es elemento químico número 51.  Elemento semimetálico que actualmente se utiliza como retardante de llamas; aumenta la dureza del plomo, se usa en la fabricación de micro chips para tecnología digital y dispositivos electrónicos. La extracción del mismo puede ser tan contaminante como la extracción de oro y plata.

El consejo comunitario de la Aldea Carboneras en Chiquimula, solicitó en el mes de octubre a la jefatura del área de salud de Chiquimula, que realice un estudio in situ de las condiciones de la población en relación a los contaminantes que deja a su paso esta empresa extractiva.  Muestran gran preocupación, pues se han percatado que el agua de Río Jupilingo que abastece a la comunidad, está severamente contaminada. Esta agua, durante su trayecto natural, llega hasta el Río Grande Zacapa.  Es decir que contamina un gran número de comunidades,  plantaciones, animales y a miles de personas.

 

Documento de petición del Consejo Comunitario Aldea Carboneras, Esquipulas. Fotografía : Central  Campesina Ch’orti’ Nuevo Día

 

Algunos de los líderes comunitarios con quienes pudimos conversar, nos comentaron que los árboles frutales están sin hojas y los más pequeños se han secado: “las gallinitas, cerdos y vacas para comercio y sustento comunitario, están enfermos y con problemas para reproducirse. Ya no es como antes, pero el principal problema es la piel de todos, sobre todo de los niños. El agua que usamos para bañarnos o para tomar, está tan contaminada, por más que se ponga al fuego, provoca ronchas y úlceras”.

 

Bebé de 3 meses de la comunidad con problemas de piel. Fotografía: Comunitario Aldea Carboneras Chiquimula

 

El antimonio en su fase gaseosa, se dispersa en el aire, provoca irritación e infecciones en los ojos, mucosas y piel.  Al ser ingerido puede provocar daños irreversibles en el estómago, intestinos e hígado, pero lo peor que su presencia en el cuerpo puede causar, es un descenso del sistema inmunológico. Lo último coincide con el aparecimiento de  nuevas enfermedades en la población, como el Púrpura Trombocitopénica y el síndrome de Guillián Barré, ambas enfermedades causadas por un descenso radical de glóbulos rojos, plaquetas y células T.

 

Niño de 11 años con Púrpura Trombocitopenica. Fotografía: Stef Arreaga

 

Las peticiones para el cese de operaciones

El pasado 30 de octubre, las autoridades ancestrales, el Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa y la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’orti’ “Nuevo Día”, solicitaron en una reunión en el Congreso de la República, la suspensión y cancelación de operaciones de la empresa minera.  La comisión encargada, de la bancada UNE, citó a su vez a representantes de Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), así como al alcalde municipal de Olopa, Fredy Urrutia.

En esta citación el viceministro de Ambiente,  Julio Recinos,  declaró que el 1 de marzo del 2017, la fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público, solicitó a la Dirección de Control Ambiental, que se realizara una inspección y monitoreo en esas instalaciones. Días más tarde, la delegación responsable en Chiquimula, realizó una inspección en la Cantera los Manantiales, que en teoría estaba abandonada; sin embargo, se hallaron indicios de que seguía habiendo algún tipo de extracción. La inspección determinó que la cantera no estaba cumpliendo con ninguno de los compromisos ambientales que había asumido cuando solicitaron el estudio de impacto ambiental. “Lo que corresponde es presentar una denuncia por incumplimiento y posteriormente el cese de operaciones por la misma razón”, dijo el viceministro.

En esta misma reunión, el ministro de Energía y Minas, ignoraba detalles de esta mina, argumentando que “le dieron mal el nombre”. Había algunas letras cambiadas, por lo que no tenía ninguna información. Posteriormente, al pedirle información por teléfono, informó generalidades y detalles superficiales de la misma.  Quizá la más alarmante es que la licencia fue otorgada en el año 2007 pero vence en 2032.

El alcalde municipal Fredy Urrutia, interesado en la cancelación de dicha empresa, mostró documentos en donde ya había puesto una denuncia ante la Fiscalía de delitos contra el ambiente. Aseguró a los citados, que esta empresa continúa en labores de extracción y que la municipalidad en ningún momento ha recibido regalías por parte de INCAMIN SA, ni tampoco se ha hecho algún trabajo de infraestructura en el municipio.

A pesar de la notable falta de voluntad del ministro de Energía y Minas, el viceministro de Ambiente propuso que todas las partes realicen una inspección in situ de las condiciones actuales de la “Cantera los Manantiales”, ríos y aldeas cercanas, el 8 de noviembre del presente, esto sumado a las denuncias previas y a los delitos a los que posiblemente la empresa está incurriendo. Con todo lo recabado, el ministro podría emitir la suspensión de la explotación minera por parte de la empresa.

 

Reunión en el Congreso de la República. Fotografía: Stef Arreaga

 

Causas de suspensión de operaciones mineras:

Previa comprobación, el Ministerio de Energía y Minas, con base en el dictamen del estudio, ordenará al titular, por medio de una resolución, la suspensión de las operaciones mineras, en los casos siguientes:

  1. a) Cuando existiere el riesgo o peligro inminente para la vida de las personas o sus bienes.
  2. b) Cuando no se cumplan las disposiciones de seguridad en el trabajo, de conformidad con las leyes de la materia.
  3. c) Cuando contravengan las leyes reguladoras del medio ambiente.
  4. d) Cuando no se pague el canon de superficie, de conformidad con esta ley y su reglamento.
  5. e) Cuando no se paguen las regalías correspondientes, de conformidad con esta ley y su reglamento.
  6. f) Por incumplimiento de la causal invocada en el artículo ochenta y cinco de esta ley.
  7. g) Por negarse a rendir los informes obligados de conformidad con esta ley.
  8. h) Cuando exista una manifiesta desproporción entre las reservas probadas de mineral y el volumen de explotación, y esta desproporción no pueda ser justificada debidamente.

Una vez establecida la causal de suspensión del derecho minero, la Dirección de Control Ambiental concederá audiencia al interesado por quince días, para que se pronuncie al respecto y aporte las pruebas que estime pertinentes. Concluido el plazo, con su contestación o sin ella, se resolverá lo procedente.

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