Por Carlos Ernesto Choc
Autoridades comunitarias y la Gremial de Pescadores Artesanales Maya Q’eqchi’, solicitaron el 13 de mayo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por medio de un documento llamado asistencia para la debida ejecutoria del amparo provisional, que se realice una supervisión en el área de la Compañía de Níquel CGN Pronico de Solway Investment Group, debido a que no ha querido suspender sus operaciones y que ordene al Ministerio de Energía y Minas que se cumpla lo resuelto por la misma Corte en el mes de julio 2019.
Al consultar al abogado Rafael Maldonado, representante legal de los líderes comunitarios y los pescadores, respondió “la solicitud está basada en un documento firmado por la directora general de minería, en el que establece que no han desarrollado ningún tipo de inspección o de monitoreo en la zona, esto a pesar que la licencia se encuentra suspendida por la CC, por lo que se evidencia el incumplimiento del Ministerio de Energía y Minas para verificar que el amparo provisional fuese cumplido”.
La actividad minera en El Estor ha creado conflictos de tierra, asesinatos, como el caso de Adolfo Ich Chamán, en 2009; la contaminación del Lago de Izabal en 2017, violaciones a mujeres de la comunidad Lote 8, en el 2007; encarcelamiento a defensores de derechos humanos, y el caso de los periodistas Jerson Antonio Xitumul y la persecución penal que vive Carlos Ernesto Choc.
Según Maldonado, ahora la CC deberá emitir una resolución en la que se espera que ordene al Ministro de Energía y Mina (MEM), Alberto Pimentel Mata, que suspenda las operaciones de la planta minera de la Compañía de Níquel CGN-Pronico de Solway Investment Group.
En la entrevista vía telefónica, Maldonado resaltó que se deberá esperar esta nueva petición de la población ante la CC. “Es aventurado dar un tiempo por la pandemia, la corte está saturada, muchos están trabajando desde su casa y se espera que en término de un mes pudiera haber una respuesta de la Corte de Constitucionalidad a favor de la población maya Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz”.
Los acontecimientos ocurridos el ocho de mayo en la planta minera de CGN-Pronico de Solway Investment Group, en el que un grupo de trabajadores denunció explotación laboral y mejores condiciones labores, se suma a la serie de conflictos creados por la explotación minera en Izabal. Al respecto, Maldonado considera que el aumento de producción de la compañía de níquel es una flagrante violación y podría ser un delito penal por la ilegalidad de la explotación de los recursos naturales y por lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en 2019.
