Por Simón Antonio Ramón y Andina Ayala
La Fundación Myrna Mack presentó el informe “Comisiones Paralelas: mecanismos de cooptación del sistema de justicia”, con él, se develó un entramado de actores económicos, políticos, criminales, militares e incluso religiosos en función de un interés compartido: “regresar al statu quo de privilegios económicos, perpetuidad política e impunidad” para la cooptación del sistema de justicia a través de grupos de influencia.
Las comisiones de postulación son convocadas por el Congreso cuatro meses antes de que termine su mandato constitucional. La comisión de postulación, según lo determina la ley, debe de estar integrada dos meses antes de la toma de posesión de los funcionarios.
El informe presentado por la Fundación Myrna Mack explica como las comisiones de postulación reflejan un gran engranaje de corrupción. Recoge las modalidades legales e ilegales desde la conformación de las propias comisiones hasta las nóminas de aspirantes a magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2019–2024. La designación de los magistrados está suspendida en dos ocasiones en septiembre de 2019 y febrero 2020.
Se resalta el vínculo de las y los comisionados con estructuras externas entre diputados, bufetes de abogados, grupos de presión en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), un sector de los empresarios o del poder económico, militares y políticos acusados en casos de corrupción e impunidad interesados en controlar el sistema de justicia.
Las personas que influyeron
El estudio establece una relación entre los procesos de elección de magistrados en 2014 y 2019 y los casos judiciales que reveló la interferencia de grupos paralelos en la selección y elección de magistrados, como en los casos Comisiones Paralelas I, en 2016, en el que se señaló a Sergio Roberto López Villatoro, llamado “el Rey del Tenis”, como principal responsable de negociar la conformación de las nóminas y los votos en el Congreso y Comisiones Paralelas II, en 2020 con Gustavo Alejos Cámbara.
Identificó que en el proceso de 2014 los actores que se movilizaron para la cooptación de la justicia también lo hicieron en 2019 y 2020.
En la actual legislatura aún hay 13 diputados que lograron escurrirse de las elecciones de 2015 y 2019 están repartidos entre los partidos políticos, Frente de Convergencia Nacional-Nacional (FNC), Prosperidad Ciudadana (PC), Unión del Cambio Nacionalista (UCN) de donde proviene la primera vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández; Unidad Nacional de la Esperanza (Santiago Nájera, expulsado del partido); Todos, que dirige Felipe Alejos primer Secretario del Congreso; Bienestar Nacional (BIEN); y Compromiso Renovación y Orden (CREO) que votarán por nuevas y nuevos magistrados.
De los diputados electores en el proceso de elección de magistrados de 2014, hay 26 exdiputados que tienen procesos penales, por ello están en prisión preventiva, con arresto domiciliar o prófugos de la justicia y otros han sido sentenciados por actos de corrupción e impunidad en el pasado y en su paso por el Congreso. Lo que es otro sector interesado en controlar el sistema de justicia.
Los poderes paralelos buscaron cooptar la justicia
La integración de las comisiones de postulación es un espacio de disputa porque es a través de corromper las instancias de justicia que se mantiene el statu quo de corrupción. Para mantener engrasados los engranajes de la máquina hay que mover influencias, en una primera etapa, enfocada en la compra de voluntades. “Se estableció en el proceso de integración de las comisiones de postulación” según el informe. Donde intervienen los rectores de las universidades en el país. La Comisión de Postulación para magistrados de CSJ fue presidida por Félix Serrano, rector de la Universidad Mesoamericana (UMES) y Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos (USAC), de las Cortes de Apelaciones.
Los magistrados de las Cortes de Apelaciones integran la comisión de postulación que nomina a magistrados de la CSJ y magistrados titulares de CSJ integran la comisión de postulación que postula a magistrados a Cortes de Apelaciones. Los decanos de las Facultades de derecho o Ciencias jurídicas y Sociales y los comisionados del CANG participan en las comisiones de postulación.
El estudio identificó a los grandes operadores que se movilizaron en la elección de los comisionados del CANG: Estuardo Gálvez, exrector de la USAC; López Villatoro, Gustavo Herrera, Juan Carlos Godínez -que aparece su nombre en el caso Comisiones Paralelas 2020 porque se reunió con Gustavo Alejos Cambará-, Héctor Hugo Pérez Aguilera, exmagistrado de la (CC) que anuló la sentencia de Efraín Ríos Montt por genocidio en 2013 y sector privado, entre otros.
En una segunda etapa, “las nominaciones se definen mediante votaciones a favor o en contra de las personas que se postularon. En la Comisiones de Postulación para Cortes de Apelaciones se eligieron 270 nominaciones de un total de 646 candidaturas aceptadas y en la Comisiones de Postulación de CSJ se eligieron 26 nominaciones de un total de 127 candidaturas aceptadas”.
En esta parte, el informe indica que la comisión de magistrados de Cortes de Apelaciones realizó dos rondas de votaciones, en la primera ronda votó por 200 candidatos. En este caso 13 comisionados reclamaron la revisión de las calificaciones de más de 50 candidatos.
“80 candidatos con mayor puntuación no lograron el mínimo de votos para entrar a la lista final durante la primera ronda de votaciones” resalta el estudio.
En los días posteriores se desarrollaron las votaciones por bloque, hasta integrar las 270 candidaturas para la Corte de Apelaciones. Además, el informe señala que el rector de la USAC y Gustavo Bonilla decano de Derecho de la misma universidad, Luis Fernando Ruiz Ramírez del CANG y Mario García de la Universidad Rural emitieron la mayor cantidad de votos favorables.
En el análisis matemático de las votaciones a magistrados a Cortes de Apelaciones que se realizó identificó cinco bloques de interés que influyeron en la conformación de la nómina de magistrados de 270 aspirantes para las Cortes de Apelaciones. En las votaciones para magistrados a CSJ de 26 aspirantes se identificaron en el análisis matemático a cuatro bloques.
La tercera etapa: se evidenciaron en las fases de integración y votación de las nóminas que posteriormente fueron enviadas al Congreso.
Al unir los votos de las dos comisiones de postulación se identifican seis bloques de comisionados, donde domina el grupo de comisionados con relaciones con el aspirante Juan Carlos Godínez, Adolfo Quiñonez Furlán, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Billy Herrera con fuertes conexiones en el CANG, en el caso de la comisionada Jennifer Dell´acqua es abogada defensora en el Caso Cooptación de Estado, a este suman las y los magistrados titulares de la CSJ. A este grupo fue denominado en el informe como pacto oficialista.
En el caso de los comisionados Murphy Olympo Paíz Recinos y Luis Fernando Ruiz Ramírez del CANG no fueron selectivos al momento de las votaciones y por una parte, Luis Fernando Ruiz Ramírez mantuvo influencia representantes del CANG que se asocia a las fuerzas del ‘pacto oficialista’ en las dos comisiones de postulación en el que están la comisionada María Eugenia Erazo Guerra y los comisionados Luis Gilberto Chigua Calderón y Carlos Aníbal Hernández Martínez. Por su lado, Murphy Paíz articula su influencia con los comisionados Bonilla de la USAC, García Morales de la URural y Néstor Vásquez Pimentel de la CSJ.
Vínculos e intereses
El pacto oficialista, que es la confluencia de tres bloques, donde se encuentran Romeo Monterrosa, Amado de Jesús Guerra Solís, Jenniffer Dell´acqua, Henry Dubón Ruano y Dennis Billy Herrera Arita, y otros. Coincide con el caso Comisiones Paralelas 2020 a los intereses de Gustavo Alejos, Gustavo Herrera, Juan Carlos Godínez, Sofía Hernández, un sector del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y otros grupos que favorecen a Felipe Alejos y el partido TODOS, en especialmente a los sindicados en casos de corrupción que están en prisión preventiva en el Cuartel Militar “Mariscal Zavala”, el partido Unión del Cambio Nacionalista (UCN) su presidenciable en las elecciones generales de 2019 es detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico como su vehículo para llegar al poder y otras redes ilícitas de carácter regional que se han perpetuado en Guatemala.
Según lo dio a conocer el informe sobre impunidad de 2019 de la Fundación Myrna Mack y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) “las redes que se tejen alrededor del sistema de justicia guatemalteco, se definen a través de capas y capas de personas, pero hace énfasis en la red “oficialista” ya que logró confluir los intereses de diferentes personas con capacidad de influencia política: Gustavo Alejos, Roberto López Villatoro, Felipe Alejos, Fredy Cabrera y Estuardo Castellanos, entre otros”. En este proceso se visualizan, además del ‘pacto oficialista’ y de Gustavo Herrera, a otros operadores: Juan Carlos Godínez, Luis Fernando Ruiz Ramírez, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, así como Ovidio Orellana y Erick Castillo, entre otros”.
Para el caso Comisiones Paralelas 2020 se analizó que existen canales alternos de influencia en las decisiones de las comisiones de postulación. Estas formas de influencia son casi invisibles pero rastreables a través de la integración de las comisiones y el comportamiento de las votaciones. “Reflejan los acuerdos subyacentes y aportar elementos de interpretación sobre la intervención de grupos de interés en el proceso de postulación”.
