Por David Toro
“No hay necesidad de una ley cuando hay voluntad”, dijo el presidente Giammattei en la cadena nacional del 3 de mayo, al anunciar que hay un “compromiso público” con las empresas que prestan servicios básicos para no cortar servicios básicos; pero la supuesta voluntad llegó 52 días después del inicio de la crisis y con muchas personas que sufren del corte de electricidad, agua durante la emergencia.
El presidente Alejandro Giammattei evidenció su molestia hacia los diputados que decidieron rechazar el veto presidencial al decreto 15–2020, con el que se pretende garantizar que los servicios de electricidad, agua, cable, teléfono e internet, no sean cortados durante la pandemia de la COVID-19 y que los pagos de estos meses se puedan diferir durante el resto del año.
El Congreso colocó una vez más sobre la mesa presidencial el decreto 15–2020, el mandatario tiene ocho días hábiles para sancionar la ley y publicarla en el diario oficial, de lo contrario volverá al legislativo donde los diputados tendrán un plazo de tres días para publicarlo ellos mismos como dicta el procedimiento establecido en el artículo 179 de la Constitución.
Desde el momento en que el Congreso rechazó el veto presidencial en la sesión del 30 de abril hasta el domingo tres mayo, se han presentado 12 recursos en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del decreto 15–20; la gran mayoría de estos recursos para detenerlo fueron presentado por empresas privadas con capital extranjero que se dedican a la producción y distribución de energía eléctrica; también accionó la Empresa Eléctrica de Guatemala por medio de su mandatario legal Hugo Villalobos; y también accionó la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), que aglutina a las empresas e industrias globalizadas que operan en el país.
“Hay un riesgo inminente de que uno de los 12 amparos que se presentaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) deje en estado de indefensión a la población es decir que los servicios públicos puedan ser cortados o que la población no tenga la posibilidad de postergar sus pagos”, dijo el presidente antes de anunciar un “compromiso público” con Claro, Tigo, Energuate, Empresa Eléctrica de Guatemala, Municipalidad de Guatemala y la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
El pacto del que habla el presidente tiene como procedimiento ir a cualquiera de las empresas que prestan servicios básicos para “no hacer cortes de servicios básicos (…) vaya a Energuate diga que tiene problemas y pida diferir los pagos de mayo, junio y julio”, aunque ya existen personas de escasos recursos que han denunciado que la electricidad les fue cortada por no pagar el mes de abril, ya que la crisis inició desde marzo y muchos no han logrado laborar normalmente desde la fecha, pero en su discurso Giammattei solo incluyó tres meses, mientras que el decreto 15–20 pretende garantizar la no suspensión de los servicios durante la duración de la crisis y no solo tres meses.
¿Qué contenía la contrapropuesta del presidente?
El mandatario en su mensaje hizo alusión al rechazo de un grupo mayoritario de legisladores al veto al decreto 15–20, sin revisar la propuesta que el envío al Congreso tras mantener 24 días engavetado el decreto original.
La propuesta del presidente era distinta. En la original se garantiza que no se suspenderá el servicio de cable y teléfono sin excepción alguna, pero Giammattei colocó una excepción que consistía en reducir estos dos servicios durante la emergencia a un “plan de comunicación básica”.
Además la propuesta presidencial pretendía asignar Q45 millones a la Municipalidad de Guatemala para la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), sin tomar en cuenta a ninguna de las otras municipalidad y empresas municipales de agua del país.
Hasta el momento los doce recursos de amparo que fueron accionados en contra del decreto 15–20 que aún no a tomado vigencia, seguirán su trámite normal, según informó la vocería de la CC, que informó que hasta el momento se desconoce en qué momento serán agendados los amparos para que sean conocidos por los magistrados.
