El Congreso responde a Giammattei para que garantice los servicios básicos y masifique las pruebas de COVID-19

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Por David Toro

126 diputados le dieron un revés político al presidente Alejandro Giammattei la noche del 30 de abril, en una larga sesión legislativa donde se rechazó el veto presidencial al decreto 15–2020 que deberá ser publicado en el diario oficial para que los servicios de electricidad, agua, cable, teléfono e internet no sean cortados de los hogares durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

El presidente Alejandro Giammattei congeló en su oficina durante 23 días el decreto 15–2020, para luego vetarlo el 29 de abril. Pese a ese retraso, más de dos terceras partes del Congreso, entre partidos de oposición y bancadas que usualmente apoyan la postura del oficialismo, le dieron un golpe al mandatario, rechazando el veto. El decreto fue enviado de vuelta a la presidencia, donde tendrá un plazo de ocho días para publicarlo, de lo contrario este será publicado por el propio legislativo, este proceso es respaldado por el artículo 179 de la Constitución que habla sobre la primacía legislativa.

El rechazo a la decisión del presidente fue encabezado por bancadas de oposición como la de los partidos Semilla, Winaq y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), algunos diputados que han sido parte de la alianza del oficialismo en otras ocasiones también fueron parte del golpe al presidente.

Por ejemplo, el diputado Lecsan Mérida, de la bancada humanista y quien fuera parte del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de 1994 al 2000, argumentó porque rechazaba la postura del presidente, mientras en el pleno, los diputados de la bancada de gobierno le gritaban “traidor”.

Para la diputada Andrea Villagran, de la bancada BIEN, el motivo por el cual diputados, que usualmente apoyan al oficialismo y que no apoyaron el decreto 15–2020 el 3 de abril, se hayan retractado en esta ocasión se debe a que “muchos diputados distritales tienen la presión de sus votantes y sintieron el rechazo de las personas, la presión de la ciudadanía demuestra que hay una vigilancia, el oficialismo hizo un mea culpa y se hizo para atrás”.

Durante la votación los diputados de la bancada de gobierno decidieron desmarcarse de su curul para no votar y el presidente del congreso Allan Rodríguez de esta bancada fue el único voto en contra.

“Es urgente garantizar los servicios básicos”

La diputada Liga Hernández, de la bancada Semilla, opinó que fue un paso importante rechazar de forma categórica el veto presidencial al decreto, “creo que el presidente no se atreverá a interponer ningún tipo de recurso, el proceso está establecido en la Constitución y en todo caso será el sector afectado que se sentirá afectado entre comillas quienes tendrán que accionar ante la corte de constitucionalidad (CC)”.

Tan solo dos horas después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, el abogado Oscar Scheel Morales accionó un amparo en la CC en contra del Legislativo por haber rechazado el veto presidencial al acuerdo que busca prevenir que los guatemaltecos se les suspenda los servicios básicos durante la emergencia. Scheel Morales ha sido defensor de la Corporación MultiInversiones y el proyecto hidroeléctrico Renace y la Compañía Guatemalteca de Níquel, según información del Centro de Medios Independientes (CMI).

El Gobierno está obligado a masificar las pruebas de COVID-19

“El sistema de salud tiene graves deficiencias históricas”, puntualizó la diputada Villagrán y explicó que las pruebas masivas están garantizadas en el decreto 12–2020, que fue aprobado a inicios de abril, en este, se le asignó Q100 millones al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). “Están obligados a realizar pruebas no solo a los sintomáticos, sino a todos los que fueron enviados a cuarentena con síntomas o no y todas las personas que hayan estado en situaciones de riesgo de contagio”, la diputada explicó que la realización masiva de pruebas fue la condición para ampliar por treinta días más el estado de calamidad pública.

Hasta el momento en Guatemala se realizan entre 200 a 400 pruebas de la COVID-19 al día, según los datos que el presidente Giammattei entrega en cada cadena nacional por las noches. Además, la Unión Europea oficializó, a través de sus cuentas oficiales, sobre una donación de 70 mil pruebas para que sean practicadas por el MSPAS.

“Ahora debemos vigilar que se dote con insumos a los hospitales”

El diputado Edgar Batres, de la bancada Winaq, calificó de importante el rechazo al veto presidencial y resaltó que la actuación del Congreso fue posible gracias a la presión popular que exige que se le dé prioridad a la prestación de los servicios públicos.

Batres resaltó la importancia de garantizar que los hospitales nacionales cuenten con los insumos, “se acerca el pico más alto de casos en las primeras dos semanas de mayo (…) hemos constatado que los hospitales y centros de salud no tienen el equipo de protección ni los implementos necesarios para atender la emergencia”.

Finalmente, esta mañana la bancada Winaq presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el que esperan que los magistrados ordenen al ministro de salud Hugo Monroy abastecer la red nacional de hospitales. Durante la crisis el MSPAS no ha ejecutado el 10% de los fondos que tiene a su disposición.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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