Una autoridad comunitaria está en la cárcel por su lucha por un territorio libre de alcohol

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Créditos: Cortesía Comunidad Pueblo Nuevo, Ixcán.

Por Joel Pérez y Nelton Rivera

Prudencio Ramírez Pablo, es el alcalde comunitario de Pueblo Nuevo, Ixcán. Fue detenido el 24 de febrero por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), especificamente por la División del Programa Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), acusado por un grupo de personas a las que se les reguló el horario de la venta de bebidas alcohólicas en la comunidad.

Los agentes no lo trasladaron al juzgado de Ixcán, si no a la ciudad de Cobán, en Alta Verapaz. Al llegar fue recluido en la penitenciaria de esa ciudad, a pesar que ningún juez había ordenado la prisión preventiva. Ramírez Pablo cumplió 216 horas sin derecho a la audiencia de primera declaración.

La detención se dio, el 21 de febrero del año en curso, 72 horas después de la visita del ministro Josué Edmundo Lemus Cifuentes, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), al municipio, durante un acto organizado frente a la Sexta Brigada de Infantería.

El ministro Lemus Cifuentes recibió un memorial de manos de uno de los representantes del grupo de personas que fueron expulsados de la comunidad Pueblo Nuevo, otros estuvieron portando mantas de bienvenida para el ministro durante este evento, algunos de los presentes se les ha identificado como responsables de la acusación penal contra la autoridad comunitaria. 

La audiencia de primera declaración se realizó el jueves 5 de marzo a las 9:00 a.m., en el juzgado de primera instancia penal de Cobán. Al final de la audiencia, la jueza Úrsula Magnolia Teyul Yat, lo ligó a proceso penal por el delito de detenciones ilegales y allanamiento.

La jueza Teyul Yat, pidió que en los siguientes días completaran parte del expediente en el juzgado de Ixcán.  Mientras eso ocurre, Prudencio Ramírez seguirá detenido a la espera de una próxima audiencia posiblemente el 20 de marzo.

¿Porque la detención de la autoridad comunal?

Desde 2018, la comunidad Pueblo Nuevo inició una lucha contra la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Su ingesta, según evidencias, han causado daños a las familias de la comunidad, ante esa realidad, las autoridades decidieron regular su venta. Algunas de las consecuencias más visibles se han identificado en los casos de violencia intrafamiliar, contra las mujeres. La decisión se tomó también como una medida de prevención en la juventud. La decisión molestó a un grupo de personas que tienen el control de la venta del alcohol.

Desde su fundación, en 1974, la comunidad ha enfrentado una serie de problemas relacionados con el licor y a pesar de contar con un reglamento comunitario para su regulación, las autoridades comunitarias anteriores no lo habían puesto en práctica. Fue hasta 2018 que se implementó la norma, cuando el señor Prudencio Ramírez Pablo fue electo como alcalde comunitario de Pueblo Nuevo.

El reglamento, aprobado en asamblea comunitaria, contiene una serie de artículos que buscan regular y prohibir ciertos actos. Dentro de ellos, prever problemas que afectaran el desarrollo y la convivencia comunitaria. 

Según testimonios de los pobladores, el alcoholismo había causado la muerte de al menos 16 personas hasta el 2018, por lo tanto la asamblea ordenó que se aplicara con urgencia dicho reglamento.

De esta manera, Prudencio Ramírez inició con la aplicación del reglamento y el control nocturno en las calles de la comunidad ese mismo año, la comunidad quedó libre de la venta de alcohol, simultáneamente las autoridades comunitarias lograron bloquearon la venta de drogas también.

Con la prohibición llegaron las amenazas y las agresiones

Las acciones de las autoridades comunitarias tuvieron algunas repercusiones, ya que el grupo que expendía bebidas alcoholicas llegó al extremo de agredir físicamente a las autoridades y a los pobladores que buscaban introducir control a la venta.

La comunidad tiene el respaldo de un reglamento municipal aprobado por el Concejo Municipal en 2018, en el cual se acordó regular la venta de estas bebidas en el municipio de Ixcán. En la nueva normativa, los vendedores tendrían derecho de hacerlo con previa autorización de las autoridades comunitarias y municipales.

El 26 de enero de 2019 el grupo opositor arremetió contra un grupo de alguaciles de la comunidad en horas de la noche, cuando realizaban vigilancia en las calles de la comunidad. Dos de ellos resultaron gravemente heridos, uno terminó en la emergencia del hospital regional de Cobán. Afortunadamente ambos se recuperaron.

Entre el 23 y 24 de abril de ese mismo año el grupo destruyó una talanquera que los pobladores habían construido para contolar el ingreso de bebidas alcohólicas y drogas en la comunidad, la PNC de Ixcán pudo observar las acciones provocadas por este grupo. Fueron alertados por la comunidad de Pueblo Nuevo, llegaron el día 24 al lugar y confirmaron los destrozos.

Ante la aplicación del reglamento, quienes se beneficiaban de la venta de alcohol, buscaron las formas para ser escuchados, porque según ellos, en la comunidad les estaban violando el derecho de libre locomoción y mercadeo.

Para hacerse notar realizaron una manifestación el 26 de mayo de 2019, sobre la Franja Transversal del Norte, a inmediaciones del cruce de la aldea Veracruz. Obstaculizaron el paso vehícular por más de dos horas, en esa ocasión, el periodista Santiago Botón, corresponsal de la cadena de noticias Telesur, fue agredido por los manifestantes, argumentando que su trabajo periodístico no era a favor de ellos. Periodista es golpeado y amenazado de muerte en la franja transversal del norte

Finalmente, el 7 de octubre del año pasado, se organizaron para destruir la talanquera que ya había sido reconstruida por la comunidad, pero los comunitarios de forma organizada lograron impedirlo. La respuesta de los agresores fue generar una pelea, finalmente terminó con la quema de una vivienda del grupo y un microbús que se prestó para transportar a ese grupo al lugar de la agresión.

Tras una asamblea comunitaria celebrada ese mismo día, los pobladores decidieron expulsar a más de 10 personas, por los actos de vandalismo que este grupo había realizado. Pueblo Nuevo la comunidad indígena bajo presión de quienes distribuyen el alcohol y drogas en Ixcán

Los funcionarios públicos del lado de quienes venden alcohol

Cuando el grupo fue sancionado por la asamblea de Pueblo Nuevo y se tomó la decisión de expulsarlos, varias instituciones les facilitaron un espacio en el Centro Cultural Municipal, en donde actualmente funciona la oficina del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentación (MAGA), oficina del migrante, biblioteca virtual municipal y otras oficinas del estado.

El Ministerio Público (MP) no investigó las denuncias de las agresiones, pero las autoridades de justicia si dieron trámite a una denuncia interpuesta por dicho grupo en contra de las autoridades comunitarias. En la denuncia hacen referencia a los acontecimientos del 7 de octubre, producto de ello, el Dipanda hizo la detención del alcalde comunitario Prudencio Ramírez Pablo el día 24 de febrero de 2020, por orden de la jueza de primera instancia penal de Ixcán, Jessy Edith Figueroa Pereira por los delitos de allanamiento y detención ilegal.

En octubre de 2019, en una reunión a la que asistieron instituciones del Estado en el municipio, el jefe de la Sexta Brigada de Infantería del ejército, coronel Guillermo Estuardo Quiroa García afirmó que si las autoridades comunitarias de Pueblo Nuevo no daban marcha atrás con la medida de prohibir la venta de alcohol en la comunidad, ellos entrarían por la fuerza, incluso afirmó públicamente que pediría un estado de sitio para el municipio. En Ixcán el gobierno amenaza con estado de sitio, si una comunidad no se sienta a una mesa de diálogo

No fue el único funcionario público que externó su rechazo hacia la decisión de la comunidad de Pueblo Nuevo, en esa misma reunión Dina López Caal, auxiliar de la PDH, afirmó que en municipio de Ixcán no existían pueblos indígenas.

La falta de acceso a la justicia la vivió el periodista Santiago Botón, quien también presentó pruebas contundentes de los agresores y de la agresión contra la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico, pero los operadores de justicia siguen sin investigar lo ocurrido.

Para muchas personas del municipio y de la comunidad de Pueblo Nuevo, el delito Ramírez, fue haber aceptado el cargo de autoridad comunitaria y haber implementado un reglamento comunitario que ninguna autoridad había aplicado, ante la falta de regulaciones en la venta y distribución de de alcohol en las comunidades y el inexistente combate contra la distribución, trasiego o venta de drogas en el municipio.

Autoría y edición

Director de Investigación en | Web

Historiador y foto periodista, fundador de Prensa Comunitaria y miembro del equipo de investigación Green Blood y Colibrí Zurdo. Columnista en desInformémonos México #Periodismo #PrensaComunitaria #Investigación

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