Una APP oficial para emergencias que genera desconfianza

COMPARTE

Créditos: Redes
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Redacción Prensa Comunitaria

El presidente Alejandro Gimmattei anunció este 24 de marzo que ponen a disponibilidad una aplicación informática por su abreviatura del inglés “application”, para dispositivos con sistemas operativos Android e IOS, que tiene la finalidad de “informar” sobre la situación de la actual pandemia que azota al mundo entero conocida como #COVID19. Para ello, el Gobierno encargó a una empresa israelí el desarrollo de la misma. Hasta acá el anuncio de la APP parece un inocente y denodado esfuerzo del Gobierno de Giammattei por mantener informada a la población, pero nada más alejado de la realidad. Personas expertas en seguridad digital y ciudadanía desconfían de la aplicación, ya que consideran que tiene “doble función de ser una herramienta de control social, de espionaje”, así lo expuso Vicente Chapero en sus redes sociales y cerró diciendo ¿están dispuestos a entregar al gobierno su ubicación exacta, acceso a su micrófono, a sus contactos y el contenido del teléfono?

Los intentos de desarrollar mecanismos para el monitoreo, control y espionaje de grandes grupos poblacionales ha sido una de las principales preocupaciones de los gobiernos del mundo, pero principalmente de aquellos por los que corre el autoritarismo, tal es el caso del gobierno israelí que ha desarrollado e implementado fuertes mecanismos de control social, con la finalidad de mantener bajo control a los grupos en pugna en territorio palestino. El control social en gobiernos autoritarios vía APP sirve para geoposicionar adversarios, acceder a información sensible almacenada en los dispositivos tales como mensajes de texto, correos electrónicos, fotografías, carpetas de almacenamiento de documentos, micrófono, cámara, agenda de contactos, etc. En resumen, detrás de la ingeniería de una APP, se pone en manos del Estado grandes bancos de información que les podrían permitir vulnerar a adversarios/as políticos/as o grupos poblacionales que pueden insubordinarse eventualmente en el marco de los impactos económicos que la pandemia tendrá en Guatemala.

El Estado guatemalteco tiene antecedentes históricos comprobados de haber realizado actividades de inteligencia en contra de población civil en el contexto de la guerra sucia de 36 años de duración, comprendida de 1960 a 1996. Durante ese período fueron asesinados, desaparecidos y torturados por agentes de Estado, a quiénes se consideró adversarios/as políticos/as. La actual coyuntura si bien no es de guerra interna, si es de mucha tensión social. El #COVID19 ha puesto sobre la mesa nuevamente las grandes desigualdades existentes en el país, fraccionando a la población que puede darse el lujo de cumplir con el llamado #AislamientoSocial y quienes, por la precariedad e informalidad de su condición económica, no podrán hacerlo. Basta con revisar las redes sociales, para medir el sentimiento de molestia y desamparo de la población ante las medidas del gobierno de Alejandro Giammattei para proteger exclusivamente al sector empresarial, olvidando a grandes grupos poblacionales que han quedado en absoluta vulnerabilidad por el cierre de actividades comerciales y productivas por la pandemia. Mientras asigna mas de 5 mil millones de quetzales como estímulo económico a un pequeño sector empresarial, ha destinado solo unos 1 mil 500 millones para el resto de la población.

El Gobierno, no necesita que la ciudadanía en su conjunto instale una aplicación para compartir información o alertas prioritarias en el marco de la actual emergencia. Para ello, existen otros mecanismos que están a disposición de las autoridades si requieren masificar mensajes en dispositivos móviles conocidos como Sistema Alerta de Emergencia -SAE-, que son utilizados en países como Japón o Estados Unidos. Desde el ingreso de la tecnología conocida como 3G, las compañías de servicios telefónicos tienen la posibilidad de enviar este tipo de mensajes masivos, para lo cual el usuario no requiere del uso de datos móviles en tanto el mismo llega en texto plano, con datos de relevancia para la población.

Por otra parte, si la intención del Ejecutivo es compartir datos relacionados al COVID-19, existen diferentes medios de comunicación y redes sociales que permiten masificar información. Más bien se ha dedicado a cerrar la posibilidad de acceso a información a la prensa, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud la vocería cerró el chat en el que podría haber fluido información.

No existe de momento, un objetivo legítimo para que se promueva la instalación de una aplicación que recopila información del usuario aún sin estar en uso. Por otra parte, la aplicación no ha pasado por filtros independientes para su análisis o revisión del código por expertos independientes, que puedan garantizar que la aplicación con todos los accesos y permisos que requiere para instalarse en un dispositivo móvil. Además de que, esto vulnera derechos como la protección de datos y privacidad, como lo plantea la Carta de internet Guatemala: “todo ser humano tiene derecho a estar libre de vigilancia de masas y de medidas de interceptación no justificadas por los Estados, empresas y otras entidades. Esto incluye el derecho a la información comprensible, clara y precisa sobre todas las leyes pertinentes y aplicables, las políticas y las medidas que influyan en este derecho y el derecho a ser notificado de cualquier decisión que permita su vigilancia específica.”

De momento, es recomendable abstenerse de instalar la aplicación y continuar accediendo a los medios de comunicación oficial para actualizaciones referentes al #COVID19.

Autoría y edición

COMPARTE