Tres años después, la justicia el gran pendiente para 56 niñas

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Créditos: David Toro
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por David Toro

A más de mil días del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde fallecieron 41 niñas y 15 más sufrieron quemaduras graves, el proceso penal  navega entre atrasos y suspensiones. Además las nuevas autoridades de la Secretaria de Bienestar Social (SBS) han denunciado a una trabajadora del Hogar conocida como “mamá colocha” por trata de personas.

La historia de las 56 menores de edad que fueron encerradas en un diminuto salón gris de un hogar estatal a las afueras de la ciudad de Guatemala, es un eco constante que sigue dando de qué hablar a tres años del suceso, porque la muerte de aquellas niñas que en teoría fueron institucionalizadas para ser protegidas, abrió la puerta a un inframundo de violaciones y abusos constantes a los que las menores eran sometidas y muchos de ellos aún siguen en investigación.

Hasta el 6 de marzo de 2020, a dos días de que se cumplan tres años del 8 de marzo del 2017, el proceso penal contra los responsables del incendio del Hogar Seguro sigue siendo un laberinto, la audiencia de discusión de pruebas del segundo grupo de acusados fue suspendida por cuarta ocasión consecutiva en tres meses debido a que el abogado defensor de la psicóloga del Hogar, Brenda Chamán, se ausentó por una supuesta emergencia que tendrá que justificar en 24 horas.

El proceso podría tener un giro si la próxima semana el juez Pedro Laynez, del juzgado cuarto de primera instancia, decide  incorporar como anticipo de prueba el testimonio de cinco sobrevivientes que declararían por medio de videoconferencia a petición del Ministerio Público (MP) y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH).

En esta parte del proceso el juez Laynez decidió aceptar la renuncia a la defensa de los abogados hermanos Douglas y Dennis Herrera Arita, ambos mantuvieron detenido el avance de la fase intermedia faltando a las audiencias y presentando excusas para no asistir y cumplir con su papel de defensores de la madre de una de las sobrevivientes.

Mientras tanto, en el primer grupo de acusados, integrado por Carlos Rodas, exsecretario de la Secretaria de Bienestar Social (SBS); Anahy Keller, exsubsecretaria y Santos Torres el expolicía que fungia como director del Hogar Seguro el día del incendio, únicamente les queda esperar fecha para el inicio del juicio en su contra, ya que este seis de marzo una sala de apelaciones dejó sin lugar una recusación que Keller había accionado contra el juez Mario Solórzano, y ahora el tribunal séptimo de sentencia dirigido por el juez Arnulfo Carrera debe determinar cuándo abrirá el debate.

Audiencia del caso Hogar Seguro. Fotografía David Toro.

Una empleada del Hogar Seguro acusada de trata

En el tercer año de lo ocurrido en San José Pinula, entre el 8 y 9 de marzo de 2017, las nuevas autoridades de la SBS encabezadas por el secretario Francisco Molina, anunciaron ante medios de comunicación este viernes 6  que “mamá colocha”, el seudónimo de una extrabajadora del Hogar Seguro que laboraba como tutora de las niñas fue denunciada por posible trata de personas menores de edad.

“No hay pruebas de que haya trata en los hogares estatales, solo rumores (…) esta trabajadora acusada de trata seguía laborando en un hogar cuando nosotros tomamos posesión no fue posible despedirla porque está emplazada por el sindicato pero la trasladamos de inmediato a un puesto administrativo lejos de las niñas”, señaló Molina durante una rueda de prensa.

El complicado proceso penal y las nuevas acusaciones que podrían ser la ventana hacia el descubrimiento de más delitos cometidos contra las menores que han estado bajo custodia que podrían en evidencia que el Estado ha fallado en su papel de proteger a la niñez, la adolescencia y garantizar justicia para las familias y víctimas de lo ocurrido en aquel hogar estatal hace 3 años.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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