Sector privado organizado impone las reglas para manejar la crisis económica derivada del COVID-19

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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Andina Ayala

La mañana del 23 de marzo de 2020, representantes de la Cámara de Comercio, presidida por Jorge Briz, anunciaron las medidas económicas que el Gobierno y un parte del sector privado deberán tomar en medio de la pandemia COVID-19.

Según la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), alrededor del 60% de la población vive del comercio informal y las remesas, “ustedes saben que nuestra economía se mueve por las remesas. Estados Unidos va a subvencionar empleos formales no a los informales, y las remesas vienen de las personas que no tienen papeles, significará que en corto tiempo el envío de remesas decrecerá”, explicó Jorge Briz.

Ante este escenario, el Gobierno le ha dado luz verde a las medidas económicas solicitadas por esta fracción del sector privado, que parecen no responder a la población guatemalteca que subsiste fuera de dicho sector y que son mayoría.

Propuesta de Cámara de Comercio de Guatemala

Lo que este sector empresarial propone es entrar a reglar el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que trata del empleo a tiempo parcial y que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) suspenda a los trabajadores adultos mayores, esto implica que sea la seguridad social quién se encargue de pagarles su salario.

En opinión de Jonathan Menkos Zeissig, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), “intentar reglar el convenio no es un tema que abone a mitigar la emergencia económica que viven las personas que buscan empleo en este momento”, además no es un asunto automático sino que “toca estudiar un reglamento que respete el Código de Trabajo”.

Otras medidas financieras propuestas por la CCG buscan prorrogar los pagos del Impuesto de Solidaridad (ISO) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en cuotas proporcionales, la exoneración del impuesto de turismo por el resto del año y el pago del Bono 14, diluido en tres cuotas y la exoneración total de los pagos del Intituto Técnico en Capacitación y Productividad (Intecap), Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) y el IGSS, en los próximos tres meses.

Según los empresarios el IGSS tiene reservas multimillonarias para el plan de pensiones, y “hoy es mucho más importante mantener liquidez en las empresas para que podamos pagar salarios”.

En relación al impacto para el Estado la suspensión de dichos pagos Menkos opina que “una prórroga es posible, ahora bien otorgar amnistías tributarias, reducir tasas impositivas o eliminar impuestos sería un gravísimo error, pues se reduce la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas y cumplir con sus funciones”.

En el campo laboral se mencionó que las empresas deberían llegar a acuerdos temporales con sus trabajadores en cuanto al goce de vacaciones. “Hemos hecho una encuesta el 90% de los negocios no está funcionando. Cada día que el país no opere se pierden de 60 a 70 millones de quetzales, siendo muy conservadores”, expuso Briz.

Según la cámara de comercio, Guatemala podría necesitar una ampliación presupuestaria de Q7 mil millones. En el corto plazo consideran que el Congreso haga una “contribución” a la industria de combustibles, “la contribución a las gasolinas y al diésel, aprobada por el Congreso que sería para ayudar a las personas que están en la economía informal”, acotó Briz.

Respuesta del Gobierno

Una hora después el Gobierno realizó una conferencia de prensa, que reunió al vicepresidente Guillermo Castillo, al presidente Alejandro Giammattei, a Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del Irtra, Rafael Lobos, directivo de INTECAP; y Carlos Contreras Director de IGSS.

En su intervención Giammattei dijo “nuestros principales socios comerciales están en crisis y tenemos que fortalecer el mercado interno”. Al mismo tiempo hizo énfasis en defender la estabilidad macroeconómica del país. Trasladar fondos del Gobierno a los bancos y fortalecer la producción interna para generar la capacidad de pago de las empresas.

Los presentes expresaron estar de acuerdo con las peticiones que la Cámara de Comercio había publicado minutos antes en una conferencia de prensa.

Papel del IGSS en crisis de salud nacional

“El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es uno de los dos grandes pilares de protección social de la nación”, expresó Carlos Contreras director del IGSS. Declaró que es el presidente quién tiene el mandato del país y que ellos reconocen el liderazgo que él tiene.

A través del acuerdo 1472–2020 resolvieron postergar el pago del sector privado sobre las cuotas de los meses de marzo, abril y mayo de los pagos de IGSS para las empresas. Sin mora, ni intereses ni gastos administrativos.

Directivos de IGSS ofrecieron tres formas de pago a los empresarios, que se siga pagando ordinariamente, la segunda es que se empiece a pagar en el mes de julio, agosto y septiembre se paguen la cuota de ese mes y la cuota pendiente y la tercera opción que queda a disposición de los empresarios, que a partir de julio se difiera de forma automática y prorrateada la cuota en 18 meses.

Un estudio de 2018 del ICEFI reveló que “en Guatemala, la protección social contributiva o la seguridad social combina aseguramiento público y privado. En general su cobertura es muy marginal — apenas cubre al 31.0% de los asalariados, según ENEI-III 2017 — por lo que una gran proporción de la población está desprotegida”.

“Las medidas que el presidente ha otorgado, apoyan a los empresarios más grandes del país y en alguna medida, a los empresarios en la formalidad. Urge saber las medidas adoptará para ayudar a los empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas y a los 7.1 millones de población ocupada que tiene temor a perder su fuente de ingresos. En el país 5.8 millones de personas laboran en la informalidad y en condiciones de precariedad. Un día sin trabajo es un día sin comida en la mesa. El Gobierno debe buscar soluciones también para la mayoría”, resumió Jonathan Menkos.

Autoría y edición

Antropóloga y corresponsal de Prensa Comunitaria, forma parte del equipo de investigación del proyecto Green Blood.

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