Guatemala enfrenta el COVID-19 con un Estado cooptado

COMPARTE

Créditos: 2303-3
En imagen expresidentes y dirigentes de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), entre ellos Pedro Muadi Menéndez expresidente del Congreso condenado a 30 años de prisión por crear plazas fantasmas; Felipe Bosh, uno de los mega empresarios acusado de financiar ilícitamente la campaña de Jimmy Morales en 2015; y Carlos Vielamann, ministro de gobernación de Óscar Berger, acusado de ejecuciones extrajudiciales junto al presidente Alejandro Giammattei, todos acusados por la CICIG. Fotografía Simone Dalmasso/Plaza Pública.

Por David Toro

Una crisis sanitaria del tamaño de la provocada por el COVID-19, en los primeros meses de este 2020, ha complicado, incluso, a países con Estados con mayores recursos de Europa como Italia y Alemania. Tal es su magnitud, que ha hecho tambalear a la sociedad completa en Estados Unidos.

A su llegada a Guatemala, un país con una democracia débil, el escenario es poco alentador porque el Estado históricamente ha evidenciado limitaciones para asegurar derechos básicos a las mayorías y cuenta con pocos recursos políticos y económicos para subsanar la situación y además el país está capturado por una mezcla de intereses del crimen organizado y de las élites empresariales.

La institucionalidad pública está conformada por estructuras afines a las cúpulas económicas. La profundidad de sus impactos, los daños para el Estado de Guatemala y los responsables fueron desnudados por las investigaciones que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) realizaron durante más de 14 años, pero especialmente desde las investigaciones que derivaron en la caída del gobierno del Partido Patriota (PP), en 2015, hasta la controvertida expulsión de la comisión contra la impunidad encabezada por el expresidente Jimmy Morales entre 2018 y 2019.

La manera en la que algunos empresarios guatemaltecos han financiado ilegalmente campañas electorales, como la del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en 2015, o la forma en cómo se han beneficiado de los bienes públicos a través de redes de corrupción, explican que en la actualidad tengamos un Estado que a duras penas pueda responder ante la amenaza de una especie de coronavirus conocida como COVID-19

El panorama político, la forma en la que ha reaccionado el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei ante la crisis y los posibles escenarios, los analizamos en un conversación junto al antropólogo, polítologo y profesor universitario, Ricardo Saénz de Tejada.

Ricardo Saénz de Tejada antropólogo, polítologo y profesor universitario.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la sociedad guatemalteca ante la propagación de este virus?

El primer punto del que hay que partir, es que se trata de una crisis global. Siempre que se hacen un análisis hay que contemplar la posibilidad de que surja un cisne negro, la posibilidad de que se dé un evento posible, pero poco probable, y que trastorne la economía, la política y la sociedad. Puede ser una guerra o una epidemia, etc. Ahora estamos definitivamente ante ese cisne negro que produjo una crisis global que tiene efectos sobre nuestras vidas, el presente y el futuro.

La crisis ha hecho evidentes las diferencias entre países y dentro de los países, los países con más recursos están teniendo dificultades para atender la crisis, ahora ¡imagínese países como Guatemala!, ahí es donde podemos comenzar planteando que el marco en el que enfrentamos esta pandemia tiene tres elementos:

Un Estado capturado:

En la respuesta que ha tratado de hacer el Ejecutivo ha enfrentado los límites que le impone la influencia de los grupos empresariales, que en primer lugar, tienen representación en muchas entidades estatales, la junta monetaria, la junta directiva del IGSS, el Intecap etc. Son decenas de entidades estatales donde los empresarios tienen más influencia que los ciudadanos o cualquier otra organización. Esto les da ventajas para defender sus intereses. En este asunto hay que hacer una distinción, el CACIF y las cámaras empresariales no representan a la totalidad de los empresarios, sino a las grandes corporaciones. Hoy, decenas de medianos y pequeños empresarios han tenido que terminar sus actividades, en algunos casos sin indemnizar a sus trabajadores sin que las élites empresariales los hayan apoyado.

A eso agregamos los intereses económicos y políticos a los que responden, que son priorizados sobre el interés colectivo. Esto ya tuvo su efecto, por ejemplo, la destrucción del sistema de salud, las carencias que se tienen en el tema de medicinas, carencias con relación a la infraestructura de salud, tienen que ver directamente con las estructuras de corrupción que han vivido de la salud y del Estado durante décadas.

Un Estado débil

Es un Estado que a diferencia de Italia, Alemania y España, que son los más afectados, cuenta con pocos recursos económicos y políticos, osea tienen muchos límites las autoridades estatales y pocos recursos administrativos. Hasta el momento, lo que mejor a funcionando en el toque de queda son las centenares de capturas que diariamente realiza la la policía, — que además resultan en un riesgo para la salud al llevar a los detenidos a los tribunales — pero no hay capacidad para atender lo social. En los acuerdos de paz se planteó llegar al 12 % de carga tributaria, el año pasado no llegamos ni al 10 %, los expertos dicen que esto no es un Estado porque no tiene los recursos mínimos para funcionar como tal.

A eso hay que sumarle la gran desigualdad que existe en nuestro país, cómo la actual crisis afecta de manera diferenciada a personas que tienen menos recursos, esto es crítico en el tema de la informalidad, el tema de inseguridad social y algo que ha emergido claramente en los últimos días: la vulnerabilidad de las clases medias. Personas que hace un mes tenían más o menos claro su futuro, pequeños y medianos empresarios, profesionales liberales o personas que trabajaban en ONG hoy ya no tienen certeza sobre lo que ocurrirá cuando termine la crisis sanitaria, existe mucha incertidumbre, frente a esto la duda que me surge es si las élites económicas y sociales estarán a la altura de la crisis y cuáles son las medidas por las que optarán, si proteger a las élites empresariales o responder a las necesidades de las mayorías.

Regresemos al primer nivel, cuando habló del Estado capturado, vemos que muchas de estas empresas que estuvieron o están involucrados en casos investigados por la Cicig, ahora están donando dinero para los hospitales que se arman a nivel nacional ante la emergencia, ¿qué papel juegan las investigaciones, el Ministerio Público (MP) para fiscalizar la actuación de estos empresarios en esta crisis?

Como sabemos, las investigaciones de la CICIG y la FECI han sido sistemáticamente bloqueadas desde el caso “Corrupción y Construcción” y el caso de financiamiento ilícito de FCN-NACIÓN, entonces, lo que nos mostraron con nombre y apellido es un mapa de la captura del Estado, que infortunadamente no ha tenido consecuencias penales para estos grupos empresariales globalizados. A través de estas donaciones están tratando de limpiarse la cara y no asumir la responsabilidad histórica que tienen en la captura del Estado y su debilidad.

Pero en este momento esto no es visto como un asunto prioritario, ahora lo que importa serán las medidas a corto y mediano plazo, y cómo el Gobierno asumirá el liderazgo también ante estos grupos empresariales.

Resulta preocupante, por ejemplo, cómo el debate tributario en los últimos cinco años cambió, de la aspiración a lograr que paguen más los que más ganan, aumentando el Impuesto sobre la Renta y su control, a discutir los problemas de recaudación, que son reales pero insuficientes. Lo que tenemos es un Estado que, por falta de recursos está amarrado de pies y manos y no puede responder a esta crisis.

Desafortunadamente en las medidas que se están planteando, se propone la baja de la carga tributaria, lo que tendrá un efecto aún más desastroso para el Estado a mediano y largo plazo. Tenemos que hacer la diferencia entre las grandes empresas globalizadas, que si tienen capacidad para afrontar la crisis y mantener el pago de sus impuestos, versus las pequeñas y medianas empresas a las que efectivamente hay que ofrecer medidas que permitan su sobrevivencia y mantener los puestos de trabajo.

Es crítico en el sector turismo para poner un ejemplo, como la crisis ha afectado a los hoteles, transportistas, proveedores de alimentos, de diversas escales y esto se verá traducido en desempleo y empobrecimiento. Frente a eso: ¿cuál será la respuesta? ahí resulta positivo que en las últimas dos semanas se ha puesto en el debate público propuestas interesantes y creativas que han puesto el énfasis en atender las necesidades de las personas y las familias, y que se entiende tienen dos momentos: la atención de la emergencia sanitaria y posteriormente la reconstrucción de la economía, esperamos sobre nuevas bases.

Hemos observado que el Gobierno se guía por medio de la ley de orden público ¿esa es la forma de abordar la crisis?

El problema no es nuevo, esta ley de los años 60, que se estableció durante y para la contrainsurgencia ha sido señalada por los grupos defensores de derechos humanos y otras organizaciones civiles desde hace décadas. Sin embargo, no se reformó la ley de orden público, y cómo no se hizo, es el recurso legal que utiliza el gobierno para enfrentar situaciones catrastróficas como las que estamos enfrentando. En este sentido, no hay suficientes alternativas legales para que el Estado puede imponer su autoridad.

La falta de autoridad estatal ha dado como resultado que comunidades y municipios tomen medidas para protegerse, como el cierre completo de territorios.

Sobre la recaudación de impuestos, que no será de 15 días sino de todo el año, ¿que opina de la prioridad de lo público?

Lo público es central. En todos los países que están enfrentando lo duro de la crisis, hemos encontrado que los servicios privados no tienen capacidad para responder. En Guatemala más del 50 % de los servicios de salud son privados y no tienen capacidad humana, material ni tecnológica para enfrentar todo esto, se confirma la necesidad de construir bienes públicos y esto no se ha hecho por el bloqueo de las élites empresariales para que esto se efectue.

Ante este panorama existe cierto consenso de recurrir al Banco de Guatemala (Banguat) para que financie al Estado, lo que ha planteado el Gobierno es acudir a los bonos que tiene el Estado, que son comprados por los bancos, y lo que permiten es que los bancos se sigan enriqueciendo y los recursos públicos los presten para inversión y que seamos los guatemaltecos los que mantenangamos el sistema bancario, eso han planteado especialistas en el tema, es momento de recurrir al Banguat para que financie el programa de emergencia.

Ya tiene un consenso público, debe tener dos fases: atender la emergencia sanitaria y luego la reconstrucción de la economía desde un nuevo modelo.

El negocio de los decretos de emergencia, ¿cuál es el riesgo para el Estado de Guatemala que las acciones gubernamentales se rijan bajo esa modalidad?

En todos los países del mundo, incluyendo obviamente a Guatemala, se está viviendo una situación crítica y los Estados están respondiendo con los recursos disponibles a la emergencia. El problema en el caso guatemalteco, es que estamos ante un Estado capturado por Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI) que en situaciones de emergencia anteriores han aprovechado para lucrar con el sufrimiento y las necesidades de las personas.

Por otro lado, el énfasis de la respuesta gubernamental ha sido la protección de los grandes empresarios y de los bancos, que incluso ya han empezado a especular con el dólar y con el precio de los alimentos. Las economías familiares están encarando la cuarentena con muchas dificultades, y si no se toman decisiones y acciones dirigidas a atender a las personas — no solo a las empresas — las condiciones de vida se deteriorarán.

¿Cómo evalúa el papel de los partidos políticos y los diputados en el Congreso?

Como lo han señalado distintos estudios sobre el sistema político guatemalteco, es que — con pocas excepciones- no existen partidos políticos que sean portadores de un proyecto político — es decir un programa, una ideología, una visión y propuesta del tipo de sociedad que se pretende construir — sino que son vehículos electorales. Instrumentos que permiten a las personas que cuentan con financiamiento y otros recursos postularse y ser electos para cargos públicos. Por eso, la mayoría de diputados responde a los intereses de sus financistas antes que a los de la sociedad, y las mayorías que se forman en algunos casos son el resultado del intercambio de prebendas.

A esto se suma la desfachatez de algunos diputados que han aprovechado la situación para recetarse beneficios personales. Esto nos confirma el agotamiento del régimen político actual y la necesidad, como lo han planteado organizaciones como el CPO, CODECA, el MLP y otros, de plantearnos una Asamblea Nacional Constituyente.

Ante los mensajes con rasgos autoritarios del presidente, especialmente contra el trabajo de prensa, en este escenario ¿juegan algún rol los sectores progresistas del país?

Antes de la crisis la prensa tradicional estaba afectada por una profunda crisis económica. Con los efectos del coronavirus esto se ha agudizado y cada vez existe menos cobertura crítica en los medios tradicionales. Esto hace estratégico el trabajo de los medios independientes que tienen el desafío de ir a contracorriente, cuestionar, desconfiar e interpelar las decisiones gubernamentales que sean opacas, aún en medio de la crisis.

En cuanto al campo progresista, en el Congreso los partidos de esta corriente han intentado jugar algún papel, sin embargo, son minoría y sus propuestas han tenido poco eco.

¿Alguna reflexión final que quiera agregar?

Se trata de una crisis que afecta a la humanidad en su conjunto, pero que tiene efectos diferenciados entre y dentro de los países. En países caracterizados por la alta desigualdad social como Guatemala, las consecuencias negativas afectarán a los más pobres, por lo tanto, es indispensable financiar una agenda social de mediano plazo, que privilegia a las personas.

Si, como se prevee, las remesas disminuyen de manera significativa, se perderán los recursos que habían amortiguado el empobrecimiento, y miles de familias se verán afectadas. Desde el campo progresista debemos construir un plan de emergencia de corto, mediano y largo plazo que ponga en primer plano a las familias y las personas. Los empresarios, los funcionarios y las élites políticas están actuando en función de sus intereses mezquinos, a nosotros nos corresponde construir otras propuestas y una mayoría política y electoral que las haga efectiva.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

COMPARTE