Por Simón Antonio Ramón
El proceso de selección y elección de magistradas y magistrados a Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones llegó a su fase final, un proceso que fue reencausado en dos ocasiones por la Corte de Constitucionalidad y ahora la FECI ha señalado indicios de la participación de Gustavo Alejos, el exsecretario privado de la presidencia del gobierno de Álvaro Colom, poniendo en duda la legitimidad del proceso.
La nómina final de 270 candidatos a magistrados de Corte de Apelaciones fue entregada al Congreso el 14 de febrero pasado por la Comisión de Postulación, presidida por el rector Murphy Paiz Recinos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Quedó conformada por un 45 por ciento de magistrados en función, 21 por ciento de jueces, 34 por ciento de abogados, entre ellos un 46 por ciento son mujeres, según una publicación de la organización Impunity Watch. La lista final de 26 candidatos de la Comisión de Postulación para CSJ, presidido por el rector Félix Serrano, de la Universidad Mesoamericana (UMES), fue entregada al Congreso la noche del miércoles 19 de febrero.
En horas de la tarde del miércoles 26 de febrero, la CC otorgó al MP amparo provisional que ordena la suspensión de manera provisional la elección de magistrados en el Congreso de la República. Por los días que han transcurrido luego de esa resolución, se prevee que elección se realizará hasta que la CC resuelva definitivamente o hasta que el legislativo intente elegir a los nuevos magistrados.
Las ilegalidades que marcaron el proceso
El proceso tuvo que reiniciarse en dos ocasiones, retrasándolo por cuatro meses. La primera vez, sucedió el 5 de junio de 2019, cuando el Congreso convocó por segunda ocasión para que se conformaran las Comisiones de Postulación, porque la convocatoria, realizada en febrero del mismo año, había sido anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), por un amparo promovido por la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), en el que se argumentó el peligro de la seguridad jurídica, especialmente por los ocho meses de antelación con que se había convocado la elección, que estaba fuera del plazo que la ley establece.
La segunda ocasión ocurrió el lunes 16 de septiembre del año pasado. Cuando el magistrado Noé Ventura Loyo, miembro de la Sala de Apelaciones de Femicidio, promovió un amparo en la CSJ, que conoció el juzgado Quinto del Ramo Civil, al no otorgarse el amparo presentó una apelación ante la CC. En esta ocasión argumentó que la elección de comisionados de la asamblea de magistrados de Corte de Apelaciones no había cumplido con lo establecido por la Ley de Comisiones de Postulación.
En ese mismo sentido Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack accionó el 28 de agosto de 2019, en el juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Civil, del departamento de Guatemala. El argumento consideraba que el Consejo de la Carrera Judicial no había emitido un reglamento de evaluación de jueces y magistrados, tal y como lo manda la Ley de Comisiones de Postulación y Ley de la Carrera Judicial. Con ese instrumento se permite que jueces de primera instancia pudieran acceder por carrera al sistema de justicia.
Reelecciones y calificación a jueces y magistrados
Este proceso de calificación de jueces y magistrados parece no reflejar parámetros de la carrera judicial, particularmente porque no permitió la participación de muchos jueces de primera instancia. Esto se evidencia al verificar el listado en el que solo se contabiliza un 21 por ciento a diferencia de magistrados y abogados independientes.
En esas circunstancias, José Gonzalez, coordinador del programa de justicia de Impunity Watch Guatemala, sostiene que es importante ver la calificación de los candidatos a magistrados y si respeta la carrera judicial. “Implica dos cuestiones: uno, la estabilidad en el cargo de los jueces, que pueden ser renovados por sus méritos y que no sean desplazados en el sistema a menos que tuvieran un mal desempeño o que hayan cometido algún delito; por otro lado, que garantice el ascenso de los jueces que tuvieran un buen trabajo”.
“El problema con esta circunstancia es que la reelección de un 45 por ciento de magistrados fueron electos en 2014 en un proceso altamente cuestionado; y segundo, dentro de la estadística muestra que hay más abogados externos que jueces que se postularon en el proceso. Eso quiere decir que el sistema no está privilegiando a los buenos jueces de primera instancia para ascender en el procedimiento y hacer una carrera judicial”, anotó González. Ejemplo de ello fue la exclusión de los jueces Erika Aifan, del juzgado de mayor riesgo D; Pablo Xitimul, del juzgado de mayor riesgo C; y Miguel Ángel Gálvez, del juzgado de mayor riesgo B.
Para el abogado constitucionalista Oswaldo Samayoa, el trabajo del Consejo de la Carrera Judicial dejó mucho que desear al no haber aprovechado los dos años que tuvo para elaborar un mecanismo de evaluación a jueces y magistrados. “La premura con la que se hizo el proceso fue muy deficiente y ahí viene ya un vicio en la elección aunque estemos tomando parámetros de evaluación ya representa deficiencias de fondo”.
Gustavo Alejos y otros grupos con injerencia en la elección de Cortes
Tal como ocurrió hace cinco años, cuando la Fiscalia Contra la Impunidad (FECI) del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron de amañar el proceso al abogado Roberto López Villatoro conocido como el “Rey del tenis”, y al exmagistrado Eddy Orellana, ahora ocurre con la captura de Gustavo Alejos, exsecretario privado de la presidencia durante el Gobierno del presidente Álvaro Colom. Según las acusaciones de la FECI, Alejos, evadió la prisión preventiva cuando estaba en un sanatorio de la zona 2 de esta capital, por razones de salud.
La fiscalía, que dirige Juan Francisco Sandoval, mostró que Gustavo Alejos presuntamente se reunió con cuatro diputados, seis candidatos para magistrados de la CSJ, dos de las Cortes de Apelaciones y con dos comisionados de selección de la CSJ para presuntamente negociar votos en las comisiones de postulación, con ello se evidenció, una vez más, el interes de estructuras vinculadas con redes criminales interesadas en controlar el sistema de justicia.
Según los datos ofrecidos en la conferencia de prensa, la FECI, expuso que los cuatro diputados que se reunieron con Alejos fueron, la primera vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández Herrera, del partido Unión del Cambio Nacionalista (UCN); la diputada Helen Alexandra Ajcip Canel, del partido Visión con Valores (VIVA); y los congresistas Jorge Estuardo Vargas Morales y Carlos López Maldonado, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Además, en la investigación de la FECI, se vinculó a los comisionados Romeo Monterrosa y Dennis Herrera Arita, de haber asistido a una reunión en el sanatorio en donde se encontraba Alejos. El abogado Monterrosa afirmó que en esa reunión se le pidió apoyo para algunos candidatos a magistrados pero no se comprometió a ningún acuerdo por lo que no cree haber cometido algún acto ilegal. “El delito se da cuando uno acepta las cosas cuando no, no. Y ni siquiera sé si alguien aceptó o no aceptó”.
En el caso del abogado Herrera Arita, afirmó haber ido al sanatorio para visitar a su cliente el expresidenciable Luis Fernando Pérez Martínez, vinculado al caso denominado Asalto al Ministerio de Salud en julio de 2019.
En 2016, se reveló el Caso Comisiones Paralelas por la FECI y la CICIG, donde se señaló a López Villatoro junto a Orellana de haber orquestado todo un entramado para incidir en la elección de magistrados para cortes del sistema de justicia, por ese caso guardan prisión desde 2017.
El caso que detonó los vicios y la injerencia de grupos externos para intereses particulares en el proceso de selección y elección de cortes en 2014, fue el caso del exdiputado Gudy Rivera, del desaparecido Partido Patriota (PP). Sentenciado a 13 años de prisión por haber intentado presionar a la magistrada Claudia Escobar para favorecer a su organización política.
Para Helen Mack, el actual proceso tiene los mismos vicios que se denunciaron en el proceso de 2014, cuando las magistraturas fueron negociadas por el exministro de comunicaciones y profugo de la justicia Alejandro Sinibaldi; y Manuel Baldizón, exdiputado y excandidato a la presidencia del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder).
