Chicoyou: la comunidad Q’eqchi amenazada por una orden de desalojo anómala y los intereses del Ejército

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Créditos: David Toro.
Tiempo de lectura: 2 minutos

Por David Toro

La comunidad de Chicoyou, de Cobán Alta Verapaz, accionó un amparo contra el juez Ricardo Caal por ordenar en febrero el desalojo de 60 familias q’eqchi de la comunidad a solicitud de la fábrica de municiones del Ejército que busca quedarse con la totalidad de la finca estatal donde habitan las familias.

Este 16 de marzo la comunidad de Chicoyou respaldada por la abogada Jovita Tzul, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), presentó un amparo en la sala de apelaciones de Cobán contra el juez de primera instancia penal Ricardo Caal porque el 4 de febrero dejó abierto un plazo de 60 días hábiles para desalojar a las familias de la comunidad sin asignar un juez de paz que supervise las diligencias de la Policía Nacional Civil (PNC) y dejó todo en manos del Ministerio Público (MP) violentado las normas de desalojo.

En febrero del 2020, la amenaza de desalojo regresó a Chicoyou, porque el Ejército busca retirarlos de este lugar para que el terreno quede a total disposición de la fábrica de municiones que es dirigida por el coronel Walter Véliz López.

“El amparo busca que se corrija las irregularidades en la orden de desalojo, porque la instrucción del MP establece que deben haber requisitos mínimos, como acreditar el motivo del desalojo, realizar un estudio antropológico que determine porque la comunidad está asentada en ese lugar y garantizar el derecho a la defensa y en este caso nada de esto se ha dado, la comunidad no ha sido tomada en cuenta y lo más grave es que el juez Caal no nombró un juez de paz para la ejecución del desalojo”, detalló la abogada Tzul durante una conferencia de prensa este 16 de marzo.

Desde el 4 de febrero la orden de desalojo emitida por el Juez Ricardo Caal está activa con vigencia de 60 días hábiles y el 23 de febrero la PNC tenía programado desalojar a las familias pero fue cancelada por razones que desconocen los abogados de los pobladores.

“El problema es que los órganos jurisdiccionales que ordenan desalojos no toman en cuenta que las regulaciones internacionales indican que el Estado debe garantizar a la gente que desalojan un terreno con condiciones ideales para su subsistencia, solo piensan en sacarlos darles albergue temporal una semana y luego desatienden los casos y priorizan el interés del demandante en este caso el Ejército”, opinó José Chic, miembro del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), que ha acompañado casos como el de Chicoyou.

Nuevo Chicoyou es una comunidad de unas 60 familias Q’eqchi que habitan seis hectáreas de terreno de una finca estatal registrada con el número 6611, ubicada a menos de 10 kilómetros de la ciudad de Cobán. Los habitantes de este lugar subsisten por medio de sus siembras de maíz y algunos árboles frutales.

La comunidad de Chicoyou ha buscado posicionarse y sobrevivir habitando en un espacio de 6 hectáreas dentro de esta finca estatal, fueron desalojados durante la reforma liberal por los intereses de cafetaleros europeos asentados en las verapaces, posteriormente en 1968 fueron desalojados por el Ejército para la imposición de la zona militar 21, hoy conocida como el Centro Regional de Entrenamiento de Operados de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

Dos representantes de la comunidad mencionaron en conferencia de prensa que esperan que la sala de apelaciones les otorgue el amparo y así evitar ser desalojados de manera anómala y sin garantías de ser trasladados a otro lugar donde puedan seguir con su vida.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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