Por Nelton Rivera
El juez Albero Calmo Ramírez, luego de 4 horas de audiencia, resolvió el 3 de febrero de 2020 iniciar un proceso penal en contra de Julio Gómez Lucas, autoridad Maya Chuj de San Mateo Ixtatán. La Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) lo acusa de haber cometido los delitos de instigación a delinquir, asociación de personas armadas, reuniones y manifestaciones ilícitas, esto por la denuncia iniciada por la empresa Energía y Renovación, S.A. en 2017.
El juez Calmo Ramírez le prohibió salir del país, le fijó una fianza por Q5 mil y la obligación de firmar el libro de actas en el juzgado del Centro de Administración de Justicia (CAJ) en el municipio de Santa Eulalia. Bajo estas condiciones, la autoridad comunitaria tendrá que permanecer bajo arresto domiciliario durante los próximos 6 meses. Pese a la oposición del MP y la empresa, el juzgador ordenó su inmediata libertad, luego de permanecer 8 días encarcelado en la penitenciaria de Huehuetenango.
La orden de detención contra Gómez Lucas provino del juzgado de primera instancia penal de Santa Eulalia, que preside el juez Calmo Ramírez. Este juzgado se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del CAJ. Además, en el complejo judicial hay oficinas del Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP), y la Policía Nacional Civil (PNC).
El juzgador programó la audiencia de primera declaración de Gómez Lucas 192 horas después de su detención, una acción que podría considerarse violatoria de las garantías constitucionales de cualquier ciudadano –los artículos 7 y 11 de la Constitución establecen que toda persona detenida debe de ser informada inmediatamente de forma verbal y por escrito del motivo de la detención, además en un plazo de 48 debe de ser presentado ante el juez que emitió la orden de detención-, durante la detención esto no ocurrió.
La audiencia se realizó en la sala séptima de la corte de apelaciones del ramo penal de la ciudad de Huehuetenango y no en el CAJ, a solicitud del juez para evitar realizar la audiencia en Santa Eulalia.
El abogado Sergio Vives Scheel, defensor de Julio Gómez señaló que el juez argumentó que existían “rumores por actos de violencia o un intento de rescatar a Julio Gómez. También dijo que existía el rumor de que el MP pidiera la competencia ampliada y llevarse el caso a un juzgado de mayor riesgo en la ciudad capital”. Vives Scheel matizó esta decisión diciendo, que por lo menos, se evitó el traslado por cordillera de Julio Gómez a Santa Eulalia en las formas inhumanas como lo hace la PNC. Vives ejerce junto a la Asociación de Abogados Mayas y el Bufete de Abogados Maya Q’anjob’al la defensa de Gómez Lucas.
Durante el proceso, al abogado Vives Scheel le llamó la atención la presencia de un grupo de personas –todos hombres- que pidieron ser reconocidos como agraviados. Esto ocurrió a pesar de que el juez no había resuelto si se abría proceso penal o no contra la autoridad Chuj. Este hecho esta fuera de lugar y la petición de estos nuevos agraviados están totalmente fuera del expediente, aun así el juez aceptó y continúo con la audiencia.
En ese grupo se reconoció a Amilcar Emilio Pedro Felipe, de la comunidad Yichkaqchin; Andrés Francisco Mateo, de la comunidad Yalanwitz; y Santiago Eliseo Mauricio González de la comunidad Chequenal, todos integrantes de Diálogo (una articulación de empresas y la Municipalidad de San Mateo Ixtatán que promueven la construcción de tres hidroeléctricas[1]), de este grupo surgió el Acuerdo de Paz y Desarrollo de la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación S.A.
El MP y el abogado de la empresa viajaron desde la capital
El fiscal Daniel Iván Hernández Son y Byron Ramiro Malin Leonardo, son parte de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del MP ubicados en las oficinas del MP en la ciudad capital. Ambos conocen el caso contra Julio Gómez. Para el abogado Vives resulta irónico que una fiscalía como esta, haya conocido el caso y no el MP del CAJ. Incluso el MP en Huehuetenango pudo llevar la acusación penal.
En la audiencia del 3 de febrero, José Estuardo Luna Santos se presentó como mandatario judicial de PDHSA. Luna Santos fue presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) durante el Gobierno de Héctor Maldonado Aguirre en 2016, el mismo año que tomo posesión el expresidente Jimmy Morales.
Públicamente PDHSA también se presenta como Energía y Renovación S.A. tiene sus oficinas en el Edificio Zona Pradera, en el Boulevard Los Próceres en la zona 10 de la capital.
La contradicción de la acusación y la propia versión de la empresa
En varias publicaciones medios de comunicación corporativos, la empresa Energía y Renovación resñçponsabilizaron en 2017 a Rigoberto Juárez Mateo, Maya Q’anjob’al y coordinador del Gobierno Ancestral Plutrinacional de ser el responsable de la oposición al desarrollo.
El 13 de noviembre de 2017 el medio Prensa Libre publicó una nota realizada por el “ataque” de pobladores de Yich’Kisis’ a las fuerzas especiales antimotines de la PNC, pero en ningún momento señalaron a Julio Gómez Lucas como el responsable del hecho.[1]
En Publinews el vocero de la empresa Energía y Renovación, Pablo Castillo, tampoco señaló a ninguna persona como responsable del supuesto ataque a la policía.[2] Sobre el mismo tema, la radio Emisoras Unidas traslado la información en la misma línea que los anteriores, la empresa no señaló a Julio Gómez Lucas, lo contradictorio es que ahora diga que él sí estuvo presente el día 13 de noviembre en la microrregión de Yich’Kisis’.
En un publicación del medio Soy 502, del 13 de noviembre 2017, colocaron el audio de las declaraciones de Álvaro Ramazzini Imeri, obispo de Huehuetenango, a quien entrevistaron un día antes del supuesto incidente, en esa ocasión el obispo afirmó tener información de la realización de la manifestación 24 horas antes de que se realizara, fue el único en señalar de forma directa a Rigoberto Juárez Mateo como uno de los dirigentes que desde Santa Eulalia promueve este tipo de manifestaciones.[3] Ni los policías destacados dentro de las instalaciones de la empresa Energía y Renovación SA, ni la misma empresa hicieron señalamientos en 2017 en contra de Julio Gómez Lucas.
En las fotografías que la empresa Energía y Renovación proporcionaron a los medios corporativos el mismo día, tan solo unas pocas horas después del incidente, se ve a un grupo de personas en distintos puntos cercanos a las instalaciones de la empresa hidroeléctrica, todos van con los rostros descubiertos y en ninguna foto aparece Julio Gómez.
Durante la lectura de la acusación del día 3 de febrero 2020, los fiscales del MP contradijeron la propia versión de la empresa Energía y Renovación sobre lo ocurrido en las instalaciones de la hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán, en la audiencia se afirmó que el grupo de personas sé manifestaban usando gorros pasamontañas y que Julio Gómez Lucas participó en el ataque a los agentes antimotines en 2017 en las instalaciones de la empresa.
Julio Gómez deberá esperar seis meses con un arresto domiciliario, para poder plantear en la próxima audiencia el cierre del proceso penal en su contra. Públicamente no es el único señalado por la empresa Energía y Renovación por la oposición comunitaria, también han sido señalados constantemente en redes sociales Jorge Lucas presidente de la Microrregión de Yich’Kisis’, Francisco Simón Francisco investigador y corresponsal de Prensa Comunitaria y Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral y coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional, señalados de ser los responsables de la oposición de las comunidades a la instalación de las hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés.
Un día antes de la detención de la autoridad Chuj (25 de enero 2020), el presidente Alejandro Giammattei llegó al salón municipal de San Mateo Ixtatán acompañado por varios ministros. En el encuentro estuvieron presentes representantes de Energía y Renovación SA, en esa actividad Giammattei afirmó el respaldo de la presidencia al Acuerdo de paz y desarrollo para ese municipio, un acuerdo firmado de manera unilateral entre empresa y Gobierno.
[1] Prensa Libre. PNC señala a grupo de manifestantes con armas largas de causar zozobra en Ixquisís. 13 de noviembre de 2017. https://www.prensalibre.com/ciudades/huehuetenango/pnc-seala-a-grupo-de-manifestantes-con-armas-largas-de-causar-zozobra-en-ixquisis/
[2] Alvaro Alay. Grupo armado ataca subestación de PNC en Huehuetenango. 13 de noviembre 2017. Publinews. https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/11/13/grupo-armado-ataca-subestacion-pnc-ixquisis-san-mateo-ixtatan-huehuetenango.html
[3] Soy502. Tensión en Huehuetenango: “manifestantes” atacan sede de la PNC. https://www.soy502.com/articulo/tension-huehuetenango-manifestantes-atacan-sede-pnc-32419
