Por incumplir con la ley, el MARN suspende la licencia al proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá

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Créditos: Archivo

Por Prensa Comunitaria

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) acató una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la licencia ambiental al proyecto de la hidroeléctrica Central Rocjá Pontilá, en Alta Verapaz, quedó suspendida, según información publicada este miércoles 26 de febrero por el medio Prensa Libre.

Según la versión publicada por el medio escrito, el MARN realizó un análisis de la resolución 05508-2019/DIGARN, hecha por la CC, y con base a los elementos que ofreció decidieron dejar sin efecto la aprobación hecha en el último día de Gobierno del expresidente Jimmy Morales y que benefició a Aurelio Asturias el empresario primo del exministro de gobernación, Enrique Degenhart. 

Aurelio Asturias, primo de Degenhart y director técnico del proyecto hidroeléctrico, indicó en la misma publicación de Prensa Libre que recibieron dos notificaciones la segunda semana de febrero y presentaron un recurso de revocatoria que aún no tiene respuesta.

En contraste con la versión ofrecida por el medio escrito, el abogado Juan Castro, director del Bufete para pueblos Indígenas, añadió que la suspensión había sido ordenada en 2017, por el juzgado séptimo de instancia civil, de la ciudad capital. 

En esa ocación, agregó Castro, “se suspendió totalmente la licencia porque el juez consideró que violaba normas internacionales de protección a áreas protegidas”. 

Lo resuelto por la CC, recoge las peticiones de las comunidades del área de la Laguna de Lachuá y los informes presentados entre 2015 y 2016  por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab), que advertían sobre el impacto negativo al ecosistema del lugar y por ello la recomendación era no aprobar el proyecto hidroeléctrico. 

Los pobladores junto al Comité Campesino el Altiplano (CCDA) y la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (REDSAG), a través del acompañamiento jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, presentaron dos oposiciones: la primera,  en la que se señalaba que el proyecto violaba el derecho al territorio de los pueblos indígenas; y la segunda, que la Laguna Lachuá está reconocida como área protegida y como patrimonio cultural.

El proyecto autorizado por el MEM, tendría una capacidad de 40 megavatios para usar los bienes públicos por 50 años, específicamente el caudal de río Icbolay en Cobán, Alta Verapaz.

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