La ley de ONG y el alineamiento de fuerzas para elección de magistrados

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Créditos: Prensa Libre
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por David Toro

Sin titubear y al primer intento, una fuerza de 83 diputados logró aprobar  las reformas a la ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Aunque Álvaro Arzú Escobar, ya no es de la de la junta directiva, su incidencia e interés, junto a Felipe Alejos, habría sido clave para su aprobación de la ley y la fuerza legislativa que se divisa, podría incidir en la próxima elección de magistrados.

De manera sorpresiva 108 nuevos diputados y una junta directiva parlamentaria a la medida del presidente Alejandro Giammattei pasó la propuesta de ley con 83 votos a favor, el pasado martes 11 de febrero. La misma fuerza legislativa de 14 bancadas que llevó a Allan Rodríguez, de Vamos, a la presidencia el 14 de enero, anotó un golpe mostrando su capacidad operativa, y aprobando una de las leyes de la agenda regresiva que no había sido aprobada en la legislatura de 2016-2020.

La iniciativa no estaba en la agenda, el diputado Aldo Dávila, de la bancada de Winaq, declaró que durante la sesión del martes 11 de febrero fue Manuel Conde del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Felipe Alejos, de Todos, quienes presentaron una moción privilegiada y alteraron el orden del día para votar por la reforma a la ley de ONG, “muchos diputados pensaron que se estaba discutiendo el punto sobre el coronavirus y votaron por la ley sin tener idea, fue una jugada sucia”, resaltó Dávila.

En opinión del exdiputado Enrique Álvarez, del extinto partido Convergencia, las condiciones durante el período de 2016 a 2020 eran distintas, “el problema es que muchos diputados son nuevos y no tienen experiencia legislativa, con nosotros no pudieron porque conocíamos bien su agenda y teníamos una buena articulación con grupos sociales que respaldaban en momentos clave, teníamos mecanismos para responder, creo que los partidos de oposición van a necesitar trabajar en conjunto y mejorar sus estrategias para evitar seguir cayendo en las herramientas que usan los diputados conservadores para aprobar leyes de su interés”.

Un pacto de corruptos con habilidad legislativa

“No hay duda que la aprobación de esta ley el pasado martes, fue un pedido de Felipe Alejos, él encabezó todo el movimiento para que se pusiera esta ley en la agenda a última hora, tenía mucho interés y también el diputado Álvaro Arzú. Ellos dos fueron clave, porque si bien está ley al parecer no beneficia a nadie, le da al Estado facultades más allá de su competencia, su ambición siempre ha sido generar instrumentos legales que permitan realizar intromisiones estatales abusivas en las organizaciones que no les agradan”, declaró una fuente legislativa que prefirió no ser citada.

Si las reformas a la ley de ONG entran en vigor le permitiría al Ministerio de Gobernación (Mingob), hoy comandado por militares, decidir cancelar cualquier ONG, que a su criterio, utilice fondos para romper el orden público, además, la Contraloría General de Cuentas (CGC) sería utilizada para vigilar a las organizaciones y sus dirigentes.

Anteriormente el pacto de corruptos mostró su capacidad para utilizar la CGC para bloquear la candidatura presidencial de Thelma Aldana, exfiscal General del Ministerio Público (MP), por el partido Movimiento Semilla; y también trataron de impedir que Lucrecia Hernández Mack tomara posesión como diputada para la actual legislatura.

Antes de aprobar la ley de ONG, los diputados sabían que probablemente la Corte de Constitucionalidad (CC) la detendría, pero lo vivido esta semana en el Congreso fue únicamente un ensayo del alineamiento de fuerzas, que podría emplearse para la próxima votación de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones.

La ley estaba en el espacio legislativo desde 2017 cuando fue presentada por Christian Gabriel González, ex diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN), pero a pesar de reiterados intentos durante el 2018 y 2019, la iniciativa nunca logró llegar a tercera lectura.

La iniciativa vulnera varios derechos

Desde el 12 de febrero se iniciaron las acciones en la CC para detener la ley de ONG. “Esta ley violenta la libertad de asociación, libertad de manifestación, libertad de expresión y libertad de resistencia pacífica”, declaró a medios de comunicación la tarde del 12 de febrero, Edie Cux presidente de Acción Ciudadana (AC), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y otras organizaciones que acuerparon esta acción de amparo.

Además, la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó una acción de inconstitucionalidad el 13 de febrero pasado, debido a que la ley pretende otorgarle atribuciones a instituciones como la CGC y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Aunque la UNE aportó 11 votos a la aprobación de la ley, el diputado de este bloque mayoritario, Carlos Barreda, publicó en su cuenta de Twitter que los “traidores”, como el les llamó a quienes votaron por la ley de ONG, tienen relación con la excandidata presidencial Sandra Torres y anunció que se iniciaría el proceso para que sean expulsados.

El último bloque legislativo en accionar contra la ley fue la bancada Winaq, presentaron un amparo este 14 de febrero de 2020 contra las reformas. Así mismo, en la madrugada de éste día en su cuenta de Twitter, advirtieron que se está fraguando una elección de magistrados opaca.

Al final de la tarde, de este 14 de febrero, la CC aceptó para su trámite el amparo que presentó el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) en contra del presidente Alejandro Giammattei para que se abstenga de sancionar y promulgar la ley de ONG que actualmente está en sus manos.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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