Por Andina Ayala
El juez Lesther Castellanos Rodas, del juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, absolvió a Gilmar Alfonso Gramajo, señalado del asesinato de Lindaura Aceituno, y sospechoso en la muerte de su padre, el periodista Alfredo Aceituno.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) expresó en un comunicado, con fecha 3 de febrero de este año, que la acción del juez Castellanos “pareciera más encaminada a favorecer al presunto responsable del crimen que a resolver el caso con base a derecho (…) además obstaculiza cualquier futura investigación en contra de sus cómplices y del autor intelectual”.
El juez Castellanos resolvió el 20 de enero de 2020 el sobreseguimiento del caso de Lindaura Aceituno, argumentando que, el testimonio de su hija, una menor de edad, que presenció el crimen, no tenía suficiente valor probatorio.
Además, justificó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) no había presentado a tiempo los análisis balísticos, no obstante, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas recordó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permite presentarlos hasta la fase de ofrecimiento de pruebas.
En 2018, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), solicitó un antejuicio en contra del juez Castellanos Rodas, por “aparentemente haber brindado información que se encontraba bajo reserva”. Ese mismo año, se postuló para ocupar una magistratura en las Cortes de Apelaciones.
Familia Aceituno en impunidad
El 25 de junio de 2016 fue asesinado Alfredo Aceituno, de 65 años, a causa de varios disparos, en la zona 1 del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. El periodista, fue director de la radio local Ilusión, también jefe del noticiero Acontecer Coatepecano, y locutor del segmento de críticas: si usted no lo dice ¿quién lo dirá?
Según el medio El Quetzalteco, los testigos indicaron que “hombres a bordo de un vehículo alcanzaron a Aceituno y le acertaron un balazo en el cráneo”.
El 2 de agosto de 2016, en Coatepeque, Lindaura Aceituno de 36 años, mientras conducía su automóvil, en compañía de sus hijos de 7 y 12 años, fue alcanzada por varios impactos de bala. Según el Periódico, hubo una sobreviviente, una niña que fue trasladada a un centro asistencial.
“Después del asesinato de padre e hija, el resto de familia salió del país exiliada hacia Estados Unidos”, informó la APG en su comunicado.
Tres años después en octubre de 2019, la hija de Lindaura, de 15 años, declaró a través de una videoconferencia que reconoció a Gilmar Alfonso Gramajo como el perpetrador del asesinato de su madre. En la misma oportunidad, la familia Aceituno responsabilizó a Alfonso García Junco, alcalde de Coatepeque, como autor intelectual de ambos crímenes.
García Junco, reelecto por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para el periodo 2020-2024, fue criticado por pobladores durante varias protestas, por intentar aumentar los arbitrios municipales hasta un 300% en 2017. En 2018 volvió a causar polemica por inaugurar una diminuta rampa para la movilización de personas con discapacidad en la entrada del Registro Nacional de Personas (RENAP) de Coatepeque.
Asedio a los investigadores del caso
Durante la investigación de los asesinatos de Lindaura y Álvaro Aceituno, y posteriormente a inicios de enero, el fiscal del caso y su seguridad fueron perseguidos en el vehículo en el que se trasladaban.
Además el 20 de enero, mismo día que se absolvío a Gramajo, uno de los investigadores del División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) que acompañó el proceso recibió una advirtiencia, lo asesinarían a él y a su compañero por particpar en la investigación.
Según una publicación de 2016, de la agencia de noticias Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), el caso de Álvaro Aceituno fue el número cinco de periodistas asesinados en los primeros seis meses de ese año.
Puedes leer más aquí: https://cerigua.org/article/alerta-matan-a-periodista-en-coatepeque-quetzalten/
