Dos jueces absuelven a defensores del territorio y señalan a fiscal del MP de criminalizar a opositores del proyecto TRECSA

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Créditos: Cortesía

Por Andina Ayala

Dos jueces han cerrado casos contra defensores del territorio en Chimaltenango y Mixco, respectivamente. Ambos han señalado a Pedro Pablo Siliezar Peralta, de la Fiscalía del distrito metropolitano del Ministerio Público (MP), de promover casos de criminalización.

La jueza Soria Toledo Castañeda, del juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Mixco, conoció el caso contra los hermanos, Aníbal y Ernesto Araujo García, opositores de la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (Trecsa), constructora de torres para la transmisión eléctrica en el municipio de San Raymundo, del departamento de Guatemala.

En la audiencia del 20 de enero de 2020, el fiscal Siliezar Peralta, acusó a los hermanos Araujo García de los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios de utilidad pública, instigación a delinquir y atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos. 

Durante la audiencia, el fiscal Siliezar argumentó por escrito y verbalmente que los hermanos García habían intentado derribar un helicóptero en vuelo como forma de evitar la construcción de la subestación eléctrica en San Raymundo, el 4 de enero de 2018. Sobre la acusación, se comprobó que en esa fecha “Aníbal Araujo se encontraba en Estados Unidos por motivos de trabajo”, explicó Rafael Maldonado, abogado defensor en el caso.

Resolución en Mixco

De está manera y luego de 6 horas de audiencia, la jueza Toledo Castañeda declaró falta de mérito a favor de los hermanos, y además, y señaló al fiscal Pedro Pablo Siliezar y su jefe el fiscal Mario Rodolfo Brajam, de haber hecho un mal uso del derecho penal al criminalizar el derecho de protesta y envío un mensaje a la Fiscal General, Consuelo Porras, sobre posibles delitos de corrupción en la fiscalía.

“Tres días después el MP, se dirigió a un juzgado de apelaciones y ahora un juez de sala de apelaciones tendrá que resolver si se abre un caso, por la falta que señaló la jueza”, comentó el abogado Maldonado.

La Fiscalía de Distrito Metropolitano fue creada durante la administración del fiscal general José Amílcar Velásquez Zarate (2008-2010), pero ha procedido en casos en los que no se ha citado a las personas señaladas. Según lo explicó esta mañana vía telefónica el abogado Rafael Maldonado, “primero, desarrollan los cargos contra opositores o defensores de la naturaleza y después van directamente a los juzgados a solicitar la primera declaración”.

Otra irregularidad que se vio en este caso, según el abogado Maldonado, es que la licencia que suponía tener Trecsa había vencido desde 2011, según lo había registrado la municipalidad de San Raymundo.

La población se oponía al proyecto porque afectaba directamente una zona de recarga hídrica. Por su parte el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) hizo algunos estudios y corroboraron que la ciénaga abastece de agua al municipio y que no se puede construir nada allí. La empresa había decidido retirarse, pese a ello, el MP siguió con el proceso de judicialización.

Resolución en Chimaltenango

Arturo Choy y Carlos Sajmoló son dirigentes de la organización “Vecinos contra la Corrupción”, en Patzicía, Chimaltenango. Su papel ha consistido en fiscalizar a la municipalidad en la aprobación de licencias para megaproyectos y temas fiscales.

Caso Recsa, Patzicía.

Tras impedir la instalación de la sub estación eléctrica.Dirigentes contra la corrupción de Patzicía denuncian persecusiónLuego que la agrupación Contra la Corrupción en Patzicía apoyados por el pueblo, lograran que el alcalde Silvestre Per, y el consejo municipal diera marcha atrás con el permiso otorgado a la empresa Recsa para la instalación de una sub estación eléctrica en este lugar, denuncian que las autoridades ediles, emprendieron contra ellos, una persecusión penal para desarticular el movimiento.Vea la entrevista completa.

Posted by Telenoticias Chimaltenango on Thursday, October 4, 2018

“El 21 de julio de 2017 el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de Patzicía, manifestó de forma unánime su rechazo total al proyecto de la empresa Redes Eléctricas de Centro América (Recsa). El 17 de septiembre de 2018, como población detuvimos la entrada de maquinaria de la empresa, fundamentados en el acta que el COMUDE había firmado. A partir de que exigí el respeto a ese rechazó, me criminalizaron”, explicó Carlos Sajmoló.

“De forma sospechosa, Recsa obtuvo un permiso para la construcción de una subestación en Patzicía, y la reacción de la gente fue manifestarse inmediatamente, esto sucedió en 2018”, comentó también el abogado Maldonado,  defensor de Arturo Choy, en la primera audiencia de declaración, en el juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en la cabecera de Chimaltenango.

Con el mismo patrón y con el mismo fiscal, Pablo Siliezar, la fiscalía omitió la declaración de Choy y Sajmoló. A finales de 2019, el fiscal pide al Juzgado de Primera Instancia Penal que se cite a los dirigentes comunitarios a su primera declaración el 28 de enero de este año. La audiencia de cinco horas se resolvió a favor de Choy y Sajmoló.

Aunque el juez Víctor Manuel García Córdova, no certificó lo penal en contra del fiscal Siliezar, llamó la atención sobre su actuar, calificandolo de criminalizar y abusar del derecho penal y acotó que una empresa no puede presionar a una municipalidad para que actúe ilegalmente.

Acerca de Trecsa

La mañana del martes 5 de febrero, la Coordinadora de Comunidades afectadas por Trecsa ofreció una conferencia de prensa en la que denunciaron la construcción de la subestación como ilegal, a pesar de los acuerdos municipales que suspendieron sus licencias en Sacatepéquez. Manifestaron violaciones a sus derechos colectivos e individuales, como violación a la propiedad colectiva y privada sin contar el permiso de paso y recordaron el daño que Trecsa le ha ocasionado al ecosistema, una de ellos la tala de bosques cordillera Nimachay  en San Bartolomé Milpas Altas.

Conferencia de prensa Coordinadora

Conferencia de Prensa. Violaciones de DDHH, daños al ambiente, criminalización y violación de derechos por Trecsa / Pet 1-2009

Posted by Coordinadora de Comunidades afectadas por Trecsa on Wednesday, February 5, 2020

Desde el punto de vista legal, Maldonado defensor de ambos casos opinó que: “la empresa colombiana Trecsa y sus empresas afines, han desarrollado una clara estrategia de criminalización de la protesta social, indiscriminadamente sobre hombres y mujeres en distintos departamentos. Para lograrlo ha usado a la fiscalía de hurto de energía eléctrica anexa a la Fiscalía de Distrito Metropolitano”.

Autoría y edición

Antropóloga y corresponsal de Prensa Comunitaria, forma parte del equipo de investigación del proyecto Green Blood.

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